SANTA FE. Organizaciones de DD. HH., políticas y sindicales critican la política represiva de Perotti

Desde la Izquierda Diario reproducimos el documento que emitieron ante las medidas tomadas por el gobernador Perotti y su Ministro de Seguridad Saín, con el apoyo del gobierno nacional:

Organismos de Derechos Humanos, familiares de víctimas de la violencia estatal, organizaciones sindicales, políticas y sociales expresamos nuestra preocupación por la nueva ola de violencia desatada en la ciudad y la provincia y rechazamos que el camino pase por darle más poder a las fuerzas de “seguridad”.

Como primera medida - tras la purga policial- el gobierno provincial nombró como Jefe de Policía a Víctor Sarnaglia, quien inmediatamente al asumir el cargo, modificó un protocolo de 1998 para permitir que la fuerza pueda llevar una bala cargada en la recámara del arma , justamente en la provincia donde fueron asesinados entre otros, Pocho Lepratti, Franco Casco, Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Michel Campero, David Campos y dónde María De Los Ángeles Paris fue hallada muerta, desnuda y esposada en una comisaría. Asimismo es importante destacar que esto se da en un contexto donde muchos/as jóvenes son hostigados/as por el solo hecho de estar en calles, plazas o bares en horas de la noche o de madrugada.

Quienes adherimos a esta carta no sólo hemos enfrentado la impunidad de estos casos, sino que también sostuvimos la crítica y el repudio enérgico contra la así llamada "Doctrina Chocobar", impulsada por la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Y por ello, hoy decidimos no hacer oídos sordos a esta legitimación del uso de la fuerza por parte de la policía provincial, que contarán con otra bala lista para reprimir y matar.

A su vez advertimos que el acuerdo realizado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Provincia, sobre el envío de 3000 miembros de las fuerzas federales, no constituye una solución real al problema del narcotráfico y la narcocriminalidad, ya que más bien tiene visos y características de militarización sobre los barrios populares de la ciudad, aunque se hable de “pacificación” en los territorios.

Como es de público conocimiento - tras la experiencia de 2014- la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) pudo registrar 42 denuncias contra la Gendarmería Nacional por detenciones ilegítimas en las garitas. En el 86% de los casos, las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. Además, de acuerdo a relatos recabados, se supo que en ese período los gendarmes torturaron e incomunicaron, por lo menos, a 53 personas. Y cerca de 100 jóvenes fueron asesinados en todo el país por el gatillo fácil de esta fuerza de ocupación barrial.

Sin embargo, en 2016 las autoridades nacionales y provinciales volvieron a realizar un operativo de estas características, que se tradujo en resultados ineficientes que no disminuyeron el crimen organizado ni el narcotráfico, sólo demostrando que las consecuencias fueron la criminalización de la juventud y de los sectores populares.

Asimismo, desde nuestras organizaciones consideramos que el problema del narcotráfico y de la narcocriminalidad no sólo afecta a nuestra región, sino que tiene una escala global que aporta al desarrollo de un amplio porcentaje del PBI de las economías del mundo en la actualidad (junto con otras ramas de la economía ilegal). Por ello, al hablar del narcotráfico en nuestra ciudad y zona de influencia, no podemos apuntar siempre al último eslabón de la cadena, sino que más bien debemos enfocarnos en aquellos grandes grupos de poder que financian todo el circuito del narcotráfico y que están ligados a los grandes negocios inmobiliarios, financieros y de juego, los cuales ciertamente no han sido desarmados, ni sus agentes procesados ni detenidos.

Quienes trabajamos en las escuelas, las APS y los territorios de nuestra ciudad, necesitamos políticas integrales de salud, educación y trabajo, y no una ocupación, donde la cuestión social ocupe un lugar central: para buscar a los narcos y a los lavadores de dinero no hace falta ocupar un barrio, sino asumir que es un negocio que se encuentra concentrado en pocas manos y en grupos específicos de poder.

Y de esta manera, afirmamos que no es con mayor control social y políticas punitivo-represivas que vamos a combatir este flagelo, sino que abogamos por políticas sociales intensificadas, integrales, que conviertan a nuestros/as pibes/as en sujetos de derechos a través de espacios públicos para la desarrollo pleno de nuestra juventud (plazas, parques, dispositivos integrales de recreación), trabajo, bibliotecas y políticas públicas que generen oportunidades a futuro para dicha juventud.

Por eso decimos: