SERNAC lleva adelante una nueva demanda contra empresas del retail, por el caso de colusión de pollos gestada, al menos, entre los años 2008 y 2011. ¿Será un nuevo perdonazo?
Sábado 14 de agosto de 2021
SERNAC decidió interponer una demanda colectiva contras las empresas Walmart y SMU, para que sea la justicia quien establezca las indemnizaciones para las/os consumidores que fueron afectados por la colusión de pollos, al menos entre el 2008 y 2011. Esto, porque las propuestas de indemnización de las empresas de Walmart y SMU no alcanzaron las exigencias mínimas emanadas del análisis de economistas externos, que establecieron un rango para cuantificar el monto del daño provocado a las/as consumidores.
Cabe recordar que en fallo unánime en abril del 2020, la Corte Suprema ratificó la sentencia dictada, en febrero del 2019, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que confirmaba que las cadenas de Cencosud, SMU y Walmart “ejecutaron un acuerdo o práctica concertada en el mercado de la carne de pollo fresca, para fijar precios mínimos de venta de este alimento a través de sus proveedores”, o sea los supermercados.
No es la primera vez que SERNAC interpone una demanda por este hecho, en diciembre del 2020 lo hizo luego de que Cencosud se negara a aceptar la multa y el arreglo al que llegaron las otras dos cadenas de supermercados, para compensar a los clientes.
¿Es suficiente una demanda de SERNAC?
Distintas experiencias evidencian que en el Chile neoliberal el sistema judicial tiene un carácter de clase. Mientras empresarios acuerdan a puertas cerradas la fijación de precios para poder aumentar sus ganancias, su conspiración no recibe mayor sanción de una justicia servil al empresariado. A lo más son enviados a clases de ética, como el dueño de Minera Dominga, mientras las cárceles se llenan de gente perteneciente a sectores populares y familias trabajadoras.
Ese es el ejemplo que dejaron los juicios a colusión farmacias, confort y perdonazo a la polar.
Para evitar este tipo de prácticas concertadas se vuelve relevante pensar en el sistema económico que reproduce estas actividades productivas, actividades que son sostenidas por una legislación que les permite operar y desarrollarse en distintos territorios sin medir las consecuencias que puede generar. La producción avícola es una de las más contaminantes: agotamiento del ozono, acidificación terrestre, la toxicidad humana, ocupación del terreno, residuos, consumo de agua, y si consideramos todo el ciclo de la producción desde el cultivo de vegetales para alimentar a las gallinas y los efectos sobre estos seres, se agudiza el impacto sobre el medio ambiente.
Además, en un escenario mundial de crisis climática es aún más importante pensar en qué actividades productivas debemos desarrollar pero sobre todo quienes las deben gestionar. Las y los trabajadores, junto a las comunidades y pobladores son quienes deben ponerse a la cabeza de este desafío, ya que la lógica de acumulación de capital que reproducen los dueños de estas industrias solo profundiza una crisis climática mundial que tiene a Chile como el mayor exponente de zonas de sacrificio. A su vez, es necesario acabar con la justicia elitista y autoritaria, permitiendo la elección popular de los jueces junto con procesos democráticos de justicia para impedir la impunidad de empresarios que lucran con el alimento para la población.
