Precarización Laboral. Outsourcing no se termina, empresas y gobierno deciden continuar con el esquema

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En diciembre de 2019, el senador por MORENA, Napoleón Gómez Urrutia, propuso una iniciativa de regulación del outsourcing. Al empresariado no le pareció que se tocara el esquema, para ellos, cualquier modificación es una prohibición, y no es para menos, ya que así han logrado expropiar fuertes sumas de dinero a las y los trabajadores. [1]

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Fue entonces que se lanzaron contra la iniciativa de ley. Ricardo Monreal, también senador por MORENA, fue uno de los que defendieron los intereses empresariales y se dedicaron a sabotear la propuesta.

En noviembre de 2020, López Obrador, mandó otra iniciativa. Nuevamente, la intención era regular la subcontratación ya que el esquema evade al fisco miles de millones de pesos [2] y dado que el gobierno de la 4T tiene graves problemas con las finanzas públicas, una regulación significa una forma de recaudar recursos. Esta situación se da principalmente por los pagos de la ilegítima deuda pública que el gobierno dijo expresamente que no se cancelarían, para este año, por ejemplo, se destinarán más de 700 mil millones de pesos para cubrir sus costos financieros, mientras que en contraste, para el programa social más grande de la 4T, la pensión de adultos mayores, se destinarán poco más de 100 mil millones de pesos.

Además del rédito económico que la regulación de la subcontratación tendría para el gobierno, también tiene un rendimiento político, pues estas reformas le permiten legitimarse ante una población que sigue padeciendo la precarización laboral y por la cual se ve presionado si quiere mantenerse en el aparato de Estado.

Sin embargo, a pesar de que el gobierno pretendía regular la subcontratación con reformas mínimas. A la clase empresarial seguía sin parecerle la iniciativa, ya que a sus ojos seguía apareciendo la palabra prohibición, así como otras inconformidades (como los montos del reparto de utilidades) que se apresuraron a modificar. ¿Cómo lograron su cometido?

Desde 2019, agentes del gobierno y la clase empresarial han tenido más de 80 reuniones, entre ellas tres foros "abiertos" en materia de subcontratación. En todo ese espacio de negociación (imposición de sus intereses) pudieron modificar hasta la última coma del documento de López Obrador, por su parte el gobierno también colocó, de manera menor, la recaudación de impuestos que finalmente irán a parar directa o indirectamente a manos del capital financiero nacional y extranjero (los pagos de deuda).

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Por su puesto, para lograr legitimar las modificaciones de esta iniciativa, que seguirán perjudicando a las y los trabajadores, a esta farsa la llamaron "acuerdo histórico". Para decir que fue un acuerdo tripartito, es decir, entre empresarios, gobierno y clase trabajadora, invitaron a lo más putrefacto del sindicalismo corporativo mexicano (CROM, CROC, CTM, etc.) e incluso al sindicalismo que se reclama democrático, como la UNT.

A las y los trabajadores, a sus organizaciones, sindicatos y colectivos, nunca se les consultó, no se les dio una sola reunión, un solo foro. Fueron monumentalmente excluidos.

El resultado es un dictamen de reforma acorde a los intereses de la clase empresarial, la cual posiblemente se apruebe mañana en la Cámara de Diputados. Uno de los puntos centrales que se modificaron era el referente al Artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, en la iniciativa de Obrador, decía, "Artículo 13.- Se prohíbe la subcontratación de personal…" aunque inmediatamente después se flexibiliza la interpretación, permitiendo que en los servicios especializados se mantenga el esquema, “Artículo 14.- No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados…".

En el "acuerdo histórico" (la farsa) que pudimos consultar, el empresariado dejó la redacción a modo, “Artículo 12.- Queda prohibida la subcontratación de personal…” e inmediatamente después dice:

"Artículo 13.- Se permite la subcontratación de servicios especializados…" [3]

Parece una contradicción, pero no es así. De esta manera, las empresas que subcontratan personal podrán ajustarse a la ley sin dejar de recurrir al outsourcing. Por ejemplo, objeto del DIF-CDMX no es dar servicios de limpieza, por lo que podrá seguir recurriendo a la subcontratación; o el caso de Greenpeace que recurre BHRS Value para subcontratar a su personal, esta última empresa no desaparece, pues ofrece servicios especializados de otra índole, como selección de personal y Greenpeace podrá violentar derechos laborales contratando por honorarios o bajando más el sueldo.

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Esta situación hace recordar los análisis políticos de Marx, de los cuales compartimos con el lector dos fragmentos:

"Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva -por la vía legal se entiende-, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente." [4]

"¿Es que la Montaña, a pesar de toda su experiencia de la Asamblea Constituyente, no había comprendido todavía que la interpretación de la Constitución no pertenecía a los que la habían hecho, sino solamente a los que la habían aceptado; que su texto debía interpretarse en su sentido viable y que su único sentido viable era el sentido burgués…" [5]

Las y los trabajadores, no nos quedamos de brazos cruzados, nuestra lucha es por la prohibición de la subcontratación y por plenos derechos laborales, los cuales tendremos que conquistar con nuestra organización, con independencia política del gobierno y las patronales.

Por la completa prohibición de la subcontratación del trabajo en México