El anuncio que plantea la creación de 102 nuevas Notarías, archiveros y Conservadores de Bienes Raíces ha generado una polémica política, con tintes de un “apitutamiento” a gran escala por parte de la Nueva Mayoría antes de que acabe el mandato de Bachelet
Martes 1ro de agosto de 2017
El anuncio que plantea la creación de 102 nuevas Notarías, archiveros y Conservadores de Bienes Raíces ha generado una polémica política, con tintes de un “apitutamiento” a gran escala por parte de la Nueva Mayoría antes de que acabe el mandato de Bachelet, acerca el acceso a los trámites en comunas que antes no contaban con esta posibilidad pero deja grandes dudas y no termina con muchos de los problemas al momento de necesitar la actuación de la Fe Pública.
Un lucrativo negocio
En Chile los Notarios, Conservadores de Bienes Raíces y Archiveros públicos
corresponden a la capa de mayores ingresos, no solo del poder judicial, sino de los profesionales en general, superados por los dueños de empresas o gerentes de la industria, A demás pueden de hecho establecer las tarifas que estimen convenientes, aun en contra de lo que señala la ley. El anuncio de creación de 120 nuevos cargos (entre notarios, archiveros y conservadores) a nivel nacional por parte del ministerio de justicia.
Es importante tener en cuenta que la labor de los notarios cesará al llegar a los 75 años de edad, que en las grandes ciudades un notario puede ganar en promedio 50 millones de pesos, por otra parte un conservador de bienes raíces en Santiago puede llegar a los 120 millones mensuales y a pesar de que los precios o tarifas por documento están señalados por decreto, cotidianamente estos varían precios, particularmente entre diferentes notarías y ciudades.
Con estos hechos en mente podemos analizar las diversas reacciones:
Para el Ministerio de Justicia es un gran logro, especialmente gracias al lobby del ministro Jaime Campos, el mismo se opuso al informe del Sename, que obedece a una real necesidad de quienes habitan en las comunas más alejadas de las capitales regionales, quienes gastan dinero en viajar a demás de los altos precios por realizar sus trámites.
La Corte Suprema a través de un carta al Ministerio de Justicia cuestiona la necesidad y factibilidad técnica de esta medida, principalmente por la falta de supervisión, debido a que, el aumento de notarios debería significar un aumento en la capacidad operativa de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.
Representantes de la derecha señalaron que muchos de estos cargos puede ser usados como trampolín para profesionales cercanos al gobierno, lo que es bastante posible, pero quienes tiran el dardo tienen tejado de vidrio por los diferentes casos de corrupción (Penta, SQM, etc.), a demás de saltar desde gerencias de grandes empresas a la política y viceversa, tienen “pitutos” asegurados gracias a sus apellidos, esto último se parece a lo que sucede en el poder judicial.
Obviamente los más indignados son quienes detentan el monopolio de la Fe Pública, quienes en algunos lugares logran heredar sus cargos o elegir a sus sucesores gracias a sus contactos políticos o amistades en el poder judicial, quienes van a tener que compartir sus clientes con otros nuevos notarios, conservadores y archiveros millonarios.
Ante esta problemática cabe señalar que si bien es necesario hacer más fácil el acceso a las diligencias en cuando al espacio, materialmente se hace igual de difícil si no se cuenta con los recursos para pagar las sumas que cada notaría elija como tarifa, trámites de deberían tener un valor mínimo o ser de plano gratuitos, y que este tipo de funciones aunque estén bajo la supervisión del poder judicial tienen más relación con cuestiones administrativas que podrían simplificarse bastante si no mediaran intereses de clase y favores políticos.
