La reciente muerte de un interno en el CIE de Zapadores reabre el debate sobre estos centros. Su cierre esta fuera de las negociaciones del nuevo gobierno. Repasamos el origen “socialista” de estas cárceles para inmigrantes.
Pablo Castilla Contracorrent Barcelona - estudiante de Filosofía, Economía y Política en la UPF
Miércoles 24 de julio de 2019
Hace unos días saltaba la noticia del suicidio de un joven marroquí de 26 años en el CIE de Zapadores (Valencia). Según informa el delegado del gobierno español en para la Comunidad Valenciana, el interno se habría visto implicado en una pelea entre dos grupos minutos antes y, a causa de las heridas recibidas y el posible peligro que corría, se procedió a aislarlo para su protección. Poco tiempo después, el joven se quitó la vida.
Una comisión judicial dictaminó el suicido como la causa del fallecimiento, a falta de la autopsia. Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación en aras de determinar las causas detrás de la muerte.
Sin embargo, la plataforma CIEs NO ha exigido la apertura de un proceso de investigación independiente y denuncia la prohibición de entrada a las diferentes organizaciones de la plataforma que intentaron acceder al centro para comprobar las condiciones del resto de las personas internas.
Un nuevo caso que hace aumentar las víctimas de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y sitúa en 9 el número de muertes. Frente a esta situación nos preguntamos ¿Qué son realmente estos centros?¿De dónde surgen?.
Los orígenes de la Europa fortaleza
Estas instituciones tienen su origen en el Acuerdo de Schengen firmado en 1985 en Luxemburgo, que suprimió los controles fronterizos entre varios países europeos y trasladó dichos controles a las fronteras exteriores. En la actualidad, el espacio Shengen lo conforman estados como Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia o Italia.
Una de las condiciones que se exige es la capacidad de “asumir la responsabilidad de controlar la frontera exterior del espacio en nombre de los otros Estados Schengen”, a la par que se fijan condiciones de entrada tales como la acreditación de recursos financieros suficientes para la subsistencia dentro del continente.
En el caso del Estado español, los requisitos para adquirir un visado de estancia (menos de 90 días) incluyen billete de ida y vuelta; un seguro médico de viaje individual o colectivo con una cobertura mínima de 30.000 euros y demostrar disponer de recursos económicos para su sostenimiento en el país, lo que supone “acreditar la cantidad diaria de 90 euros, multiplicado por el número de días que pretenda permanecer y por el número de personas que viajen a su cargo. Dicha cantidad ascenderá en todo caso a 810 euros por persona con independencia del número de días que viaje.”
De esta manera, Europa se constituía en una gran fortaleza que niega la entrada a los pobres y a los refugiados a través de una legalidad que impone un filtro de clase brutal. Los elevados costes económicos ya bloquean la entrada legal a la mayoría de personas que pretenden entrar en el Viejo Continente para escapar de la pobreza o la guerra, y que, en decenas de miles de casos son condenadas a morir ahogadas en el Mediterráneo.
El PSOE y el PP, los “padres” de las leyes de extranjería y los CIES en el Estado español
En lo referido a la legislación española, los CIEs aparecen por primera vez en el artículo 26 de la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, la primera de las leyes de extranjerías aprobada por los gobiernos “socialistas”. Esta ley contemplaba la posibilidad de que el juez de instrucción acordase el internamiento de extranjeros “en locales que no tengan carácter penitenciario” como medida cautelar. El funcionamiento de dichos centros quedaría recogido en el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 aprobado por el Real Decreto 155/1996.
No es casualidad que la creación de estos centros sea el mismo año que la firma del Acuerdo de Schengen, ya que se necesita un brazo jurídico nacional que ejecutase las políticas reacciones europeas para defender las nuevas fronteras comunes.
Más adelante, bajo el mandato de Aznar y el PP se aprobó la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social -una nueva ley de extranjería aún más racista- y más adelante la Ley Orgánica 14/2003, que regulaba las facetas más importantes del funcionamiento de los CIEs convirtiéndolos en un auténtico agujero negro respecto a los derechos más elementales como la asistencia letrada.
En el año 2009, el PSOE reformaría superficialmente la Ley Orgánica del PP. Dicha reforma tenía por objeto, según el gobierno Zapatero, mejorar las garantías judiciales y reconocía “el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales de protección de inmigrantes y el derecho de éstas a visitar los centros”.
Sin embargo, como es el caso actual en el CIE de Zapadores y es una denuncia permanente de las entidades que trabajan con población migrada, la negativa a permitir el acceso a las organizaciones de derechos humanos es la norma y la verdadera realidad de estos establecimientos.
Además, el gobierno del PSOE también incluyó en la nueva redacción del artículo 89 del Código Penal en el año 2010 el internamiento en los CIEs de aquellos extranjeros a quienes los jueces hubieran conmutado penas de prisión por la expulsión del país para así asegurar la ejecución de la misma.
En la actualidad, el Real Decreto 2014 aprobado por el PP es el que regula el funcionamiento interno de los centros así como “se autoriza al Ministro del Interior para dictar las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.”
Pese a que la definición oficial insiste en que se trata de “establecimientos públicos de carácter no penitenciario” también nos informa de que estos son dependientes del ministerio del Interior, es decir, el mismo que dirigen la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias.
Respecto a las competencias, la coordinación, dirección, gestión e inspección están bajo control también del ministerio del Interior ejercidas a través de la Dirección General de la Policía, quien es la encargada de la vigilancia, seguridad y gobierno de estos centros. A su vez, el Ministerio del Interior es también quien decide su creación, supresión o modificación.
Resulta pues imposible negar la evidencia de que los CIEs son verdaderos centros penitenciarios para extranjeros en los que el Ministerio del Interior dispone prácticamente de plenos poderes.
El próximo gobierno del PSOE dispuesto a mantener los CIEs y el resto de políticas racistas
Echar la vista atrás quita muchas caretas. El PSOE ha querido venderse en sus 10 meses de gobierno como una alternativa a las políticas racistas de países europeos como la Italia de Salvini. Poco le duró la farsa. Antes de las elecciones mantenía retenidos barcos de rescate en puertos como el de Barcelona o el ministro del Interior anunciaba la apertura de nuevos CIES.
Pero si alguien le quedaba alguna duda basta con recordar su historia reciente. El PSOE es el partido creador de estas cárceles para inmigrantes, el impulsor de la primera ley de extranjería y un partido absolutamente comprometido en la defensa del imperialismo español. En la campaña electoral de 2008, el propio Zapatero echaba en cara a Rajoy “que se le hubieran colado un millón de inmigrantes sin papeles porque no habían controlado las fronteras” durante los gobiernos anteriores del PP.
De un partido que ha llevado y lleva a cabo políticas verdaderamente racistas y represoras contra los inmigrantes “sin papeles, no vendrá la consecución de demandas como el cierre de los CIEs o el fin de las políticas fronterizas que dejan miles de muertos al año en el mar. Tampoco será quien frene a la extrema derecha, sino más bien es uno de los grandes responsables de su crecimiento.
Si en algún elemento del programa se demuestra palmariamente que Unidos Podemos ha decidido ser parte del status quo es en esta materia. A día de hoy están dispuestos a ser parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez que promete mantener las grandes políticas de racismo institucional que han sido y son señas de identidad del PSOE, como del PP, y el Régimen del 78 en su conjunto.
