Mientras las autoridades migratorias mexicanas continúan recibiendo recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos por abusos, hoy ambas instancias compartieron mesa para celebrar el inicio de los trabajos para alcanzar un Pacto Mundial para la Migración. La hipocresía fue la principal invitada a este acto organizado por la ONU en Puerto Vallarta, México.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 4 de diciembre de 2017
Organizada por la ONU, en la mañana de este lunes 4 de diciembre se llevó a cabo la inauguración de la Reunión preparatoria del Pacto Mundial para la Migración Regular, Segura y Ordenada (Global Compact for Migration) en Puerto Vallarta, México, con la presencia de distintos funcionarios mexicanos y delegados de más de 190 países.
Lo que se ha anunciado como un evento multilateral para definir una ruta para la realización de la Declaración de Nueva York para refugiados e inmigrantes, ha sido bien recibida por políticos mexicanos, quienes aseguran que es un tema indispensable en la agenda del país.
Sorprende ver que México figura junto con Suiza como las naciones cofacilitadoras de este encuentro, siendo México uno de los países infierno para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o a Canadá.
Hasta agosto de 2017, el número de migrantes muertos o desaparecidos en la frontera de Estados Unidos con México sumaba 231, lo que representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo en 2016. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aprovechó su intervención en el evento inaugural para vanagloriarse de las políticas migratorias de la administración de Enrique Peña Nieto.
Lamentó la salida de este Pacto de Estados Unidos y reiteró, además de que "México no cree en los muros", lo que políticos como Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, mencionaron en el evento: la mira está puesta en los incentivos que la ONU facilitará a los gobiernos involucrados en el pacto y, según declaraciones de Sandoval, buscarán que se administren de la mano de políticas (y gobiernos) locales.
México no cree en la criminalización del migrante, México no cree en los muros, cree en los puentes. Y no creemos que ningún país, por más grande y poderoso que sea, puede enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismo: @LVidegaray pic.twitter.com/h53tnf3QPc
— SRE México (@SRE_mx) 4 de diciembre de 2017
El acto contó también con la participación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera y el Quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo Sosa.
Llama la atención la presencia de este organismo al lado de representantes del mismo Estado que ha sido omiso ante las numerosas recomendaciones emitidas, la más reciente al Instituto Nacional de Migración (INM) por obligar a 17 adolescentes centroamericanos de entre 12 y 17 años a desnudarse y hacer sentadillas en una estación migratoria en Puebla.
De enero a junio de este año han sido presentados ante el Instituto Nacional de Migración 7 mil 926 menores, de los cuales 4 mil 487 tienen entre 12 y 17 años.
Adoptada por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2016, la Declaración de Nueva York busca regular el movimiento migratorio, de cara a la crisis que sacude Europa y que en América impone una dura realidad para millones de trabajadores internacionales que huyen de la violencia y la pobreza de sus países de origen.
Siete de cada diez migrantes centroamericanos son víctimas de violencia en México. Una de cada tres mujeres padece algún tipo de agresión sexual. Médicos sin Fronteras
Cualquier medida emprendida desde el gobierno para "mejorar" las condiciones de los migrantes es inútil e hipócrita si no contempla la desarticulación no sólo de organismos policíacos e instituciones que únicamente ponen más trabas a los miles que huyen de la violecia del Triángulo Norte centroamericano, sino también del sistema económico que promueve la precarización como forma de explotar el trabajo de millones de personas.
El gobierno mexicano concedió el asilo a menos de 4 mil centroamericanos en 2016, mientras deportó a 143 mil, incluyendo a 33 mil 832 menores de edad.
