DERECHOS LGBTI. Panorama conservador para la diversidad sexual en las elecciones 2018

Vienen las elecciones rumbo al 2018 y todos los candidatos han hecho declaraciones sobre los derechos de la población LGBT primando en todos ellos posiciones conservadoras.

¿Cuál es la situación de la población LGBT en México?

Hoy en día en México el movimiento LGBT está fragmentado. El gobierno ha cedido derechos de forma desigual y aún con derechos (sólo en algunas partes del país) la homolesbitransfobia sigue formando una brecha de vida entre las personas LGBT y heterosexuales en muchas partes del país.

Derechos específicos como el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo, el reconocimiento legal a la identidad de género y la asistencia médica a personas trans y con VIH siguen siendo derechos a los cuales no todas las personas LGBT del país tienen acceso.

En México en sólo 12 de los 32 estados está legalizado el matrimonio igualitario. En el resto de los estados las personas del mismo sexo solamente pueden contraer matrimonio yendo a un juicio en donde se interponga un amparo sobre la inconstitucionalidad de restringir el matrimonio solamente a la unión de un hombre y una mujer.

A pesar de que este amparo es posible por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la figura del matrimonio restringida sólo a la unión entre un hombre y una mujer, la mayoría de los gobiernos de los estados han hecho caso omiso y continúan poniendo trabas al reconocimiento del matrimonio homosexual.

En situaciones similares están el resto de los derechos. Gran parte de los estados aún no reconocen legalmente las identidades de las personas transgénero, y los servicios médicos con capacitación especializada sólo ocurren en la Ciudad de México.

Y sin embargo, aún con pocos derechos conseguidos en algunas partes, la violencia y discriminación siguen siendo de los principales problemas que enfrentan las personas LGBT. Una violencia heteronormativa que tiene sus mayores expresiones en los crímenes de odio, pero que también se expresa en la exclusión escolar, familiar y laboral.

¿Qué dicen los candidatos sobre los derechos LGBT?

Frente a este panorama los candidatos han expresado posturas que a todas lucen son conservadoras y no favorecen a la lucha contra la violencia ni al acceso a derechos elementales.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por el Morena, ha sido conservador respecto a los derechos de las personas LGBT y las mujeres. En el 2001 como integrante del PRD bloqueó de forma activa la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia que proveía de protecciones a las parejas del mismo sexo.

En numerosas ocasiones, desde su segundo intento para llegar a la presidencia, ha declarado que los derechos, que él llama “controversiales”, como el matrimonio igualitario y el aborto serán sometidos a consulta popular. Lo cual muestra que está dispuesto a negar derechos elementales en favor de posiciones reaccionarias.

Uno de los hechos recientes más llamativos es su alianza con el Partido Encuentro Social,(PES) un partido de procedencia cristiana, que ha formado parte de la organización del Frente Nacional por la Familia para luchar contra el aborto y los derechos LGBT.

Ricardo Anaya por parte de Por México al Frente, representa a una coalición que a todas luces expresa el pragmatismo político. El PRD, partido que se ha ido derechizando y que había sido la esperanza de muchos sectores LGBT en el país por conceder derechos en la Ciudad de México, hoy se unió al PAN, quien siempre se ha caracterizado por no defender los derechos LGBT y de las mujeres.

Sobre el matrimonio igualitario Anaya ha dicho que respeta la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero que es un tema “que divide a las familias mexicanas”.

Margarita Zavala negándose a tomar una foto con una pareja lesbomaternal

Margatira Zavala, candidata independiente, ha dicho que aunque respetará la jurisprudencia de la Suprema Corte ella defenderá sus creencias religiosas en donde el matrimonio es sólo la unión de un hombre y una mujer.

Aunque dice que se debe de respetar lo que se legisle sobre el tema del matrimonio igualitario, también ha dicho que “la ley tiene que respetar las creencias religiosas del pueblo”. Una posición que a todas luces cede al conservadurismo homofóbico.

Jaime Rodríguez, "el bronco", candidato independiente gobernador de Nuevo León, sin tapujos ha expresado su homofobia:

"Creo en el principio de la familia. Creo en el matrimonio, no en las otras zonceras; no creo en las otras cosas. El matrimonio es hombre-mujer, punto; si alguno de ustedes cree lo contrario convenza a la sociedad, yo no".

Aunque dice no ser homofóbico porque supuestamente “tiene amigos gays” sus declaraciones parecen decir lo contrario:

"Pues que se casen, ya se pueden casar en Saltillo. No estoy de acuerdo en la adopción, eso sí es contra natura. Aquí voy a ser como el juez de mi pueblo, allá en Pablillo. Tengo que hacer lo que la ley diga".

José Antonio Meade, el candidato del PRI, es conocido por ser una persona religiosa. Aunque ha sido reservado y se mantiene muy institucional en sus declaraciones sobre el tema ha dicho que él es “un hombre de familia, un hombre de fe, pero también respeto las instituciones y los derechos de las personas".

Aunque su discurso se ha basado en que respetarán el artículo primero de la constitución, que versa sobre el respeto a los derechos humanos, no ha expresado nada sobre la problemática de violencia que vive la población LGBT y mucho menos posibles respuestas para enfrentarla.

Ya en el 2016 el PRI mostró la utilidad de las promesas LGBT en tiempos electorales al lanzar una iniciativa desde el ejecutivo en torno al matrimonio igualitario y otros derechos. Dicha iniciativa, lanzada 15 días antes del proceso electoral del 2016, fue bloqueada por los mismos priistas.

Ninguno de estos candidatos es un representante de los intereses de las grandes mayorías de lesbianas, gays, trans y personas sexo diversas y sexodisidentes. Por el contrario están dispuestos a mantener un gobierno conservador y más alineado a la moral e intereses de la Iglesia.

Por ello es necesario forjar una herramienta política de la clase trabajadora, que se plantee la lucha por los derechos de la comunidad sexodiversa y sea independiente de todos los partidos vinculados con los empresarios y las cúpulas religiosas.

En este sentido es que Sulem Estrada, maestra de secundaria, y Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM, aspiran a registrar una candidatura independiente por la Plataforma Anticapitalista para el Congreso de la CDMX. Son dos trabajadoras de la educación que se atreven a desafiar al poder y a la moral conservadora y entre sus propuestas incluyen los derechos LGTBI.