La sesión de este martes terminó en escándalo y con la participación solo del oficialismo en el recinto.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Martes 21 de febrero de 2017 19:43
Tras varios meses de debate finalmente la llamada “Ley de Ética Pública” llegó al recinto de la Cámara de Senadores para su tratamiento. La misma, había cobrado fuerza luego del escándalo de 2016, donde funcionarios del gobierno habían presentado declaraciones juradas con valores irrisorios llegando al colmo de declarar inmuebles al valor de algunos centavos.
El proyecto que obtuvo media sanción establece centralmente la obligación de los funcionarios de los poderes del Estado de presentar anualmente sus declaraciones juradas.
Para ello se crea la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública que funcionará bajo la órbita de la Cámara de Senadores.
Previo a la votación, la senadora del FIT Noelia Barbeito había advertido que “esta es una ley para que nada cambie. La Oficina de Ética Pública que crea esta ley es una tapadera de humo que estará conducida por alguien nombrado por el propio Gobernador y el Senado, donde cuentan con mayoría automática. Ya tenemos el ejemplo de Laura Alonso del PRO que, frente a la denuncia de los Panamà Papers, defendió a Macri en vez de investigarlo. En la provincia vimos el fracaso de estos organismos que nada hicieron frente a la fundición del Banco Mendoza, los ticket Vale Mas, el vaciamiento de Giol y otros tantos despilfarros y actos de corrupción en los que se vio envuelta la provincia. Por eso, seguimos proponiendo la elección directa de los jueces, fiscales y los miembros de los organismos de control así como también planteamos que para hablar de ética hay que empezar porque todos los funcionarios cobren como una maestra. De qué ética nos hablan si el presidente le condona la deuda a su padre o el Ministro Kerchner cobra tres ingresos del Estado”.
El propio desarrollo de la sesión corroboró lo dicho por Barbeito. Luego de la votación en general, acompañada por el oficialismo y el FPV, la UCR dispuso un cuarto intermedio para anunciar que había que modificar el artículo sobre cómo se elegía el auditor titular de la Oficina de Ética Pública.
El proyecto original establecía que lo hacía el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado, pero el dictamen firmado en comisiones agregaba que el acuerdo del Senado tenía que hacerse con 2/3 de la cámara. Cambia Mendoza paró la votación para volver a la versión original y así asegurarse con su mayoría automática quien sería el titular de este organismo de “control”.
Ante esto, el FPV acusó de faltar a la verdad y la buena fe al oficialismo, mientras que estos aludían a un “error de tipeo”. Un verdadero bochorno. El nacimiento de esta media sanción se dio en medio de acusaciones cruzadas sobre “falta de ética” y culminó con la salida del recinto de toda la oposición. A pesar de esto, el radicalismo junto al aliado de Libres del Sur, votaron en soledad la ley, asegurando la modificación que otorga mayor poder a quien ejerza el gobierno de turno.
