El Gobierno de Kicillof confirma el carácter clasista con el que se encaran los problemas de la vivienda. Hace dos meses reprimió en Guernica a miles de familias pobres. Pero la ilegalidad de los barrios privados.
Viernes 4 de diciembre de 2020 20:16
Foto: Télam
Hay “usurpadores” y “usurpadores”. El chiste que universalizaron Los Simpson bien podría aplicarse a la política de vivienda del Gobierno de Kicillof.
Las familias pobres que ocuparon tierra en Guernica solo recibieron gases, palos y promesas. Fueron atacadas por “actuar ilegalmente” y, después de una negociación con más dudas que ofrecimientos reales, reprimidas por Berni y la Maldita Bonaerense. Pero cuando los grandes especuladores están en la ilegalidad, el trato del Estado provincial es casi una caricia.
Este viernes se confirmó que en los barrios privados de la Provincia de Buenos Aires hay 632.982 metros cuadrados construidos sin declarar ante el fisco. Así lo señaló la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), tras un relevamiento sobre 114 urbanizaciones cerradas, realizado a lo largo de todo el año.
En un comunicado oficial de la agencia se consignaron declaraciones de Cristian Girard, el director ejecutivo de la entidad. Allí se señala que los inmuebles “evadían, parcial o totalmente, el pago del Impuesto Inmobiliario generando un perjuicio millonario al estado provincial”. También afirma que “buscamos focalizarnos en esos casos, para detectarlos, intimar a los propietarios y regularizar la situación”.
El trato clasista no puede ser más evidente. Va de la mano, como resulta obvio, con las necesidades de recaudación del Estado. A eso apunta el “castigo” mediante “intimaciones”.
Girard no se privó de un poco de demagogia, señalando que “para que podamos vivir en una sociedad más equitativa, con mejor infraestructura y servicios públicos, es fundamental que quienes tienen poder adquisitivo paguen los impuestos que les corresponden”.
Sin embargo, la actividad política del Gobierno de Kicillof va claramente en el sentido contrario. Lo demostró el accionar ante la recuperación de tierra de Guernica. Allí la política fue reprimir a familias pobres en función de garantizar los negociados del grupo inmobiliario El Bellaco.
