Aunque la fiscal descartó la existencia de una detención ilegal, se dio lugar a la medida de Hábeas Corpus, que fue presentada por la Defensoría Provincial Penal. Un gran logro para el resguardo de la integridad de los tres jóvenes que denunciaron los abusos vividos en manos de la policía santafesina.
Jueves 22 de diciembre de 2016 00:00
Foto: Conclusión
Los tres jóvenes que denunciaron haber sufrido maltratos, golpes y hasta un simulacro de fusilamiento por parte de oficiales de la Comisaría Segunda, con la amenaza de “terminar como Franco Casco” el 2 de diciembre a la madrugada, fueron citados a declarar en Tribunales Provinciales este miércoles. El Servicio Público Provincial de la Defensa había presentado un Hábeas Corpus el 5 de diciembre para resguardar la integridad física de los tres jóvenes.
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La audiencia comenzó a las 9 de la mañana, mientras estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), institución a la que pertenece una de las víctimas, miembros del Centro de Estudiantes de esa facultad, junto a organizaciones políticas y de derechos humanos se hicieron presentes, entre ellas el PTS y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
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Una vez iniciada la audiencia se tuvo que exigir que los miembros del personal policial presentes se retiraran de la sala. Así, dos de los jóvenes afectados pudieron relatar nuevamente los hechos frente a la jueza Patricia Bilotta. La fiscal de la Oficina de Violencia y Corrupción Institucional Carina Bartocci repasó las pruebas de los médicos forenses que constataban las lesiones de los jóvenes al momento de ser liberados, pero rechazó el Hábeas Corpus - una medida urgente y preventiva- porque sostiene que la investigación se está haciendo por vía ordinaria, sin sopesar el peligro en el que están los jóvenes que sufrieron estos hostigamientos. Además, Bartocci determinó que la detención fue legal, basándose en las actas de la policía a la que se está denunciando y cuando aún no está probado que los jóvenes hayan cometido delitos.
La postura de la fiscal avala las irregularidades con las que procedieron los miembros de la policía esa madrugada. De hecho, los tres jóvenes estuvieron totalmente incomunicados hasta que llegaron a la comisaría miembros de organismos de DDHH. Además, la fiscal de turno ese día -Cecilia Brindisi- se tomó ocho horas en liberarlos. Dentro de la comisaría fueron sometidos a condiciones de detención realmente inhumanas, sin acceso a un baño ni a un vaso de agua, y violentados física y verbalmente mientras eran privados de su libertad.
El Ministerio Público de la Acusación actuó de igual manera en todos los casos donde los imputados son los miembros de las fuerzas represivas: la regla es la impunidad. Cada denuncia por violencia institucional le suma un puntito más a una pila enorme de denuncias a las fuerzas policiales por su rol fundamental en la organización del gran delito (sobre todo los escándalos locales por el narcotráfico). Sería un gran costo para el gobierno provincial y su justicia que se reconozca el accionar ilegal de las fuerzas policiales. Bartocci no se basó en el relato de los jóvenes, sino en las actas labradas por miembros de la fuerza que a nivel provincial figura primera en el ranking de gatillo fácil.
El amplio repudio hecho público por las organizaciones, junto a la difusión de este (otro) grave caso de violencia policial, fueron una presión para que se dé lugar al Hábeas Corpus que ordena a todos los miembros de la policía santafesina a no amenazar, hostigar ni aprehender a los jóvenes. Es un fuerte paso adelante en la causa, que seguirá a través de una apelación para que se reconozca que la detención fue ilegal y arbitraria.
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Quienes vienen acompañando este proceso son, en su mayoría, estudiantes de la Facultad de Psicología que lograron el apoyo del Decano, la Secretaria de Extensión, el Centro de Estudiantes, así como de decenas de organismos, consejeros directivos, docentes y familiares de víctimas de gatillo fácil. El hecho de que una de las víctimas haya sido esta vez una estudiante universitaria, generó una gran llegada y lo convierte en un caso testigo.
Estos casos son moneda corriente en la ciudad, pero suelen ser invisibles a los medios, aun cuando para la mayor parte de la juventud rosarina -aquella que no entran a las facultades-, es blanco permanente de la brutalidad del Estado y su policía. Luchando contra la impunidad policial, se mantendrán movilizados, acompañando las próximas instancias y sumando iniciativas para difundir y demostrar la ilegalidad de esta detención. Para que no haya más casos como el de Franco Casco, Jonatan Herrera o Pichón Escobar.
