En el día de hoy los migrantes marcharán hacia el Congreso para exigir la derogación del Decreto 70/2017 al que califican de discriminatorio y xenófobo.
Jueves 30 de marzo de 2017
Fotografía: Enfoque Rojo // Archivo
El mismo establece expresamente que tendrán prohibido el ingreso al país los extranjeros que hayan “sido condenados, estén cumpliendo condena, o tengan antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”.
Este decreto fue uno de los primeros que firmó el presidente Macri, ya que uno de sus caballitos de batalla durante la campaña electoral fue librar una “dura lucha” contra el narcotráfico, y para el líder de Cambiemos todos los cañones debían apuntar, en primer término, a los inmigrantes.
Esta es una de las razones por las cuales hoy a las 15 horas, las colectividades de residentes paraguayos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, colombianos y afrodescendientes convocan al primer paro de trabajadores migrantes. Thomas Valenzuela, integrante del Movimiento 138 de residentes paraguayos en Argentina, declaró al diario Página/12 que: “el hecho de ser migrantes no nos transforma en delincuentes. Queremos romper ese estigma: somos trabajadores y trabajadoras, aportamos al fisco y somos parte de una vasta riqueza cultural que tiene este país”.
En momentos de crisis, la idea de responsabilizar a los inmigrantes de todos los males suele sumar al sentido común. Esto es algo que no se le escapó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entonces decidió, unos días antes de que se oficializara el decreto, vincular directamente a la inmigración latinoamericana con el narcotráfico y asegurar que el 33 por ciento de los presos por delitos vinculados con el tráfico de drogas eran extranjeros. Y redobló la apuesta asegurando que “acá vienen ciudadanos paraguayos o ciudadanos peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”.
Las declaraciones de la ministra carecían totalmente de fundamento, ya que según la ONU, solamente el 0,07 % de quienes se encuentran privados de libertad en la Argentina son extranjeros vinculados al narcotráfico. Pero como dice el dicho: miente, miente, que algo quedará.
Lo cierto es que el reclamo también incluye que “se termine la precarización laboral, la explotación en los talleres clandestinos y la estigmatización social”. Pero la mayor exigencia que tienen hoy las organizaciones de migrantes es que se deroga de forma urgente el decreto al que consideran “xenófobo”.
El 30 de marzo no es una fecha elegida al azar. Este mismo día pero en el año 2006 en el taller textil clandestino de la calle Luis Viale, del barrio de Caballito, una joven embarazada, un adolescente y cuatro niños de entre 10 y 13 años, todos de nacionalidad boliviana, murieron al incendiarse el lugar.
Te puede interesar: María Ugarte y Eduardo Toro, costureros de una lucha contra la xenofobia y la superexplotación
Es importante señalar que muchos de los inmigrantes que ingresan a nuestro país son retenidos ilegalmente en estos talleres textiles, obligados a trabajar en extenuantes jornadas de trabajo, hacinados, y sin posibilidad de irse del lugar.
La ahora primera dama, Juliana Awada, junto con su hermano, tuvieron varias denuncias judiciales por las condiciones en las que trabajaban dentro de los talleres clandestinos en donde se hacía la ropa de la marca de su propiedad Cheeky. Claro que la justicia que no siempre tiene los ojos vendados, no avanzó en ninguna de esas causas.
De acuerdo al referente Thomas Valenzuela, en los últimos meses aumentó la persecución de las fuerzas de seguridad y los operativos contra los trabajadores migrantes.
Una de las atribuciones del decreto es la posibilidad de que la persona acusada de algún delito sea deportada de forma inmediata a su país. El punto es que si esa persona, varón o mujer, tiene familia, el Estado no les facilita la salida del país para el resto de los integrantes. Algo que es grave cuando hablamos de inmigrantes que en general no cuentan con los recursos necesarios para volver por sus medios a su país de origen.
En unas horas cientos de inmigrantes, trabajadores y trabajadoras, pararán y marcharán exigiendo la derogación del decreto que los discrimina y estigmatiza. Pero no solo este decreto es el responsable, también lo son las grandes empresas, que en pos de multiplicar de forma exponencial sus grandes fortunas condenan a la precariedad y al trabajo en negro a los inmigrantes que llegan ilusionados a un país buscando la posibilidad de vivir mejor.
