Diversidad Sexual. Patologización, aborto y Covid-19: la odisea de ser trans y acceder a la salud

En materia de salud pública los estados tienen enormes deudas con la diversidad sexual. Hace pocas semanas la organización Transgender Europe denunciaba en su informe del 2020 sobre derechos trans de la zona de Europa y Asia Central que de los 41 países donde hay reconocimiento legal a la identidad de género, en 31 países se requiere un diagnóstico de salud mental y en 13 el sometimiento a una esterilización obligatoria para poder modificar su documento de identidad. De esta manera se imponen condiciones para poder acceder al derecho elemental a autopercibir el género. Una especie de castigo por cuestionar el orden de los géneros que tanto defienden sectores religiosos, de la ultraderecha política y hasta un sector minoritario del feminismo que es transexcluyente (TERF).

Estas legislaciones se contradicen con la última modificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud de la ONU el año pasado, que por primera vez dejó de patologizar la transexualidad. Antes era considerada "trastorno de la personalidad y el comportamiento", ahora pasó a considerarse una “condición relativa a la salud sexual”. Si esto se logró, fue producto del activismo que lleva décadas organizándose y luchando por la despatologización.

En Argentina considerar la transexualidad una enfermedad está prohibido tanto por la ley de identidad de género (LIG) como por la ley nacional de salud mental. Sin embargo, la igualdad conquistada en la ley no se presenta como tal en la cotidianeidad donde es común: la discriminación a la hora de atenderse en un hospital, los faltantes de hormonas o las trabas burocráticas de obras sociales y prepagas para acceder a las intervenciones quirúrgicas.

Ni hablar si nos referimos a la posibilidad de abortar, así lo relata Félix, activista del Movimiento de Juventudes Trans: “la particularidad que vivimos es que incluso si tenemos los medios de acceder a un aborto seguro en muy pocos casos podemos tener la certeza de que no nos toque una situación de violencia por nuestra identidad, situación que es moneda corriente para nosotrxs en el sistema de salud”. “De por sí un gran porcentaje de la población trans-travesti está por debajo de la línea de pobreza, y en el caso de trabajar lo hacen de forma no registrada; por lo tanto una crisis económica repercute muchísimo y nos lleva todavía más a la marginalidad. En el caso del acceso al aborto para los varones trans, está claro que viviendo en una situación de pobreza se complica enormemente”, afirma de manera contundente.

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¿Qué pasa con el aborto legal?

Hoy 13 de junio se cumplen 2 años desde la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto (CNDA).

Ese Montenegro, activista trans, cuenta a La Izquierda Diario, “los tipos trans abortamos, ese es un hecho objetivo, material, como lo es que las mujeres heterocis lo hacen y que todxs lo venimos haciendo en la clandestinidad. Luchar por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es hacerlo por todas las personas que podemos desear o requerir hacerlo. Sin jerarquizar las experiencias y/o las construcciones identitarias con las que llegamos a esa situación”. A lo que agrega “en este contexto de crisis, las desigualdades se profundizan, entonces quienes ya tenían que afrontar un aborto en condiciones de insalubridad y riesgo de vida, hoy están mucho más expuestxs a esos riesgos”.

“Las movilizaciones cumplieron un rol fundamental en la lucha no sólo porque lograron que la problemática se ponga en boca de la gente sino que también gracias a eso se pudo presentar el proyecto en Diputados y Senadores” plantea Félix. Por su parte Ese coincide: “sin las calles no habría proyecto viable. Instalar esa discusión ha sido principalmente un logro de los feminismos, transfeminismos, movimientos LGBTIQ+, orgas territoriales y partidos”.

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Solamente la alianza entre los partidos mayoritarios de Cambiemos y el PJ, con figuras emblemáticas como la kirchnerista Silvia García de Larraburu, con pactos con las cúpulas religiosas y el rol feudal de los gobernadores, pudo imponer una derrota a ese enorme movimiento. Al día de hoy los sectores antiderechos conservadores continúan organizándose, lo vemos en las trabas que ponen contra la ESI o impidiendo la aplicación de abortos no punibles en muchas provincias en alianza con los gobernadores, como se vio recientemente en Santiago del Estero.

A seis meses del cambio de gestión, aún no se conoce el contenido del proyecto alternativo al de la CNDA cuya presentación en el Congreso el gobierno anunció sería durante los primeros días de marzo. Al contrario Alberto Fernández declaró recientemente que urgen otros temas.

Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos sean en condiciones inseguras, cualquier crisis sanitaria sólo representará mayores riesgos para la salud de mujeres, trans y no binaries. Por eso urge la legalización del aborto, que se garantice el acceso a anticonceptivos y la aplicación efectiva en todo el sistema educativo de la ESI. No se puede jugar con la salud, el estado tiene que proveer las hormonas necesarias para la continuación de los tratamientos que se vienen exigiendo hace meses.

Una salida de fondo a la crisis

La semana pasada se daba a conocer la noticia de que en el barrio José Luiz Cabezas, en el límite de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, 12 personas trans daban positivo de coronavirus representando el 20% del total de los casos del barrio. Por esos mismos días Martina Pelinco, referente de la Casa Trans Villera del barrio 31, relataba en Pagina 12 su odisea para poder ser atendida ante las dificultades que tenía para respirar en medio de una neumonía. Al pedido de ambulancia del otro lado le responden que no entran a la villa, que espere en la puerta del Coto. Cuando se encuentran ahí, como no tiene la modificación del DNI le respondieron “usted no es EL paciente. Nosotros tenemos un protocolo”. Tuvo que volver a su casa e ir por otros medios.

La pandemia expuso los grandes problemas previos que atraviesan las personas trans, como la persecución policial, la falta de acceso a un trabajo estable que garantice ingresos para poder subsistir, o a la vivienda, como se ve con los múltiples intentos de desalojo.

Como propuso el Frente de Izquierda en un proyecto de ley presentado en el Congreso, se vuelven necesarias medidas de fondo ante la crisis que golpea a las y los más vulnerados, exigiendo el aumento del presupuesto de salud así como una asignación de cuarentena de 30 mil pesos sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas. Es indispensable que se pongan a disposición los hoteles y viviendas ociosas para garantizar que todas las personas víctimas de violencia, así como quienes no cuentan con acceso al techo o viven bajo hacinamiento, bajo la presión y la amenaza constante de las fuerzas "de seguridad" puedan salir de la situación de emergencia en que se encuentran.