En Reforma Universitaria y conflicto social 1918-2018, de Eduardo Díaz de Guijarro y Martha Linares, publicado por la editorial Batalla de Ideas (2018), que pertenece a la corriente Patria Grande, podremos ver un análisis de este proceso y un intento de reflexión sobre su legado y rupturas en la actualidad.
El libro cuenta con la virtud de reconocer determinados aspectos de este proceso de características insurreccionales a nivel estudiantil y su confluencia con el movimiento obrero, al igual que su enfrentamiento no solo con el clero sino también con el propio gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, que mantenía un vínculo estrecho con amplios sectores de esa institución. Sin embargo, estos aspectos, entre otros que vamos a enumerar, se cruzan con una tradición de nulo uso en el presente para el Frente Patria Grande, quienes ya se encuentran haciendo campaña para la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner en 2019. Pasemos a repasar algunos de estos elementos.
Sobre el ´18 argentino y latinoamericano
Los autores plantean de forma certera la unidad efectiva entre las luchas estudiantiles y obreras en la provincia de Córdoba, que se abre en 1917 y tendrá su punto álgido en el ‘18. Los primeros momentos de la Federación Universitaria Cordobesa y la Federación Obrera local, principales organizaciones de masas del movimiento obrero y estudiantil que tendieron a la convergencia y a la intervención activa en ambos sectores. La huelga masiva de los obreros del calzado convocada por la Federación Obrera local y la huelga estudiantil convocada en marzo, junto con la posterior ocupación de la universidad, serán actos de apoyo activamente recíproco, en los cuales en ambos estará presente el enfrentamiento con las fuerzas represivas, lo que no hizo doblegar a ninguno de estos sectores en sus reclamos. Muy probablemente, sin el apoyo del movimiento obrero hubiera sido particularmente difícil el alcance de los jóvenes reformistas a nivel Fnacional y latinoamericano. Una universidad como la cordobesa, que en ese momento, como señalan los autores, llegaba a mil alumnos, no hubiera tenido la potencialidad que tuvo si no hubiera sido por actos masivos como los realizados en junio y julio, donde hablaban Alfredo Palacios y Mario Bravo, entre otros, y llegaron a estar presentes 20 mil personas con amplia predominancia de trabajadores.
Otro aspecto importante que toman los autores es el carácter anticlerical del movimiento y como ello conllevó en determinado nivel al enfrentamiento de ciertos sectores con un gobierno como el radical, sobre el cual en un principio habían depositado expectativas que con el transcurrir de los hechos empezarán a ser quebradas por la mantención de los vínculos con la iglesia, sobre todo a nivel provincial [1], en el cual se apoyará el gobierno de Yrigoyen para reprimir la ocupación universitaria.
Para terminar la primera parte, los autores hacen un breve repaso de las polémicas entre Julio Antonio Mella, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. En relación al debate sobre el rol de la juventud y la intelectualidad estudiantil como vanguardia son críticos frente a las posiciones “juvenilistas” de Haya. Sin embargo, no plantean una visión crítica del planteo de que la lucha antiimperialista no necesariamente es anticapitalista, desligando desde ese punto la cuestión imperialista y la lucha de clases [2].
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Un legado sin nada de uso
Si buscamos reflexionar en la actualidad sobre la necesidad de reactualizar el legado de la reforma, como plantean los autores, esta lectura nos da a entender la importancia de la unidad obrero-estudiantil a nivel histórico. Patria Grande frente a ello no parece ser muy coherente entre los dichos y los hechos… Durante las luchas obreras, desde su surgimiento como corriente universitaria, no jugaron un rol, digamos, “protagónico” (por no decir que estuvieron ausentes) en todos los conflictos de trabajadores que se desarrollaron. Sin embargo, todavía eso es un dato menor. En los vaivenes de la política ya se encuentran alineados con el kirchnerismo, que cuando fue gobierno no le tembló la mano a la hora de reprimir estudiantes y trabajadores con el objetivo de proteger los intereses de las grandes empresas imperialistas y nacionales en luchas como el Casino Flotante de Buenos Aires, Kraft y Lear, solo para nombrar algunas. Cabe preguntarse qué es lo que supone la “ruptura del paradigma” para negar su aplicación efectiva en el momento actual.
A nivel de la necesidad de un movimiento estudiantil anticlerical, también nos cruzamos con “contradicciones”. Ese papel que sostenía la iglesia en instituciones como la universidad todavía no fue borrado por completo de la realidad social: el conflicto educativo de este año sacó a la luz la presencia de vírgenes y capillas en distintas instituciones educativas del país. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito que movilizó a decenas de miles de pibas en todo el país, una gran cantidad de ellas estudiantes universitarias, fue obturado por la institución eclesiástica que continúa oponiéndose a este derecho democrático esencial que provoca la muerte de cientos de mujeres en abortos clandestinos.
Al día de hoy, la ubicación de Patria Grande frente a esta institución es absolutamente ambigua. Mientras en el libro plantea la necesidad de la formación social con perspectiva de género en áreas como la salud, en el terreno de la gran política se ubica en la defensa del Papa Francisco, cierra filas con quienes buscan dar por clausurada la lucha por el aborto legal uniendo pañuelos verdes y celestes e integra un frente político con Juan Grabois, quien dice que la pelea por este tipo de derechos es una cuestión “pequeñoburguesa”. En pos de la “unidad estratégica”, sin saber tampoco el motivo, Patria Grande se une en el terreno de su práctica política a los que califica como enemigos en el papel.
Si en el debate entre Mella-Mariátegui y Haya de la Torre no había quedado clara la posición de los autores, en su práctica política es evidente la paradoja de que la agrupación La Mella-Patria Grande es “hayista”, con su seguimiento enceguecido al peronismo.
La universidad en los albores del siglo XXI
En la segunda parte del libro, los autores tratan de mostrar cómo, desde la última parte del siglo XX, lo que señalan como la imposición del neoliberalismo a nivel mundial tuvo consecuencias sobre la educación universitaria. En la Argentina, esto se expresó en la sanción de la Ley de Educación superior (1995) “en la que se incluye a las universidades públicas en pie de igualdad y se constituye un organismo mixto de fiscalización, la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) donde, además de delegados de las universidades nacionales, se le otorga poder de decisión a delegados de las universidades privadas y a representantes del Poder ejecutivo y legislativo” (p. 111). Este diagnóstico es absolutamente cierto, y este hecho es la pieza clave que permite el ingreso de intereses de empresas privadas en la universidad, a partir del financiamiento con recursos propios y la aceptación de las condiciones establecidas por el Banco Mundial y la definición de la OMC (Organización Mundial del Comercio) sobre la educación como un bien transable.
En relación a la política educativa del kirchnerismo resalta cómo la Ley de Financiamiento Educativo permitió “mejoras en el sector y una significativa mejora salarial de los docentes”, aunque sostiene que “los lineamientos generales de la política universitaria no tuvieron grandes cambios” (p. 114), manteniéndose la vigencia de la LES, el crecimiento de las universidad privadas y las condiciones de precariedad para la producción científica, a la vez que se impulsaron principalmente los acuerdos con el sector privado.
Planteado todo esto, queda claro que durante el kirchnerismo, en el que hubo un crecimiento económico muy importante por el alza de los precios de la soja y la “herencia” del ajuste del 2002, la política estatal a nivel universitario fue garante en todos los aspectos necesarios y esenciales en los que se concentraba el poder de las grandes empresas multinacionales, los grupos económicos y organismos financieros sobre la universidad pública. A su vez, se sobreestima la “voluntad política” de un gobierno que, en el marco de todo el crecimiento económico, tuvo que enfrentarse a huelgas muy importantes como la del 2004, cuando se rechazaba el aumento del presupuesto y salarial de los docentes universitarios. A su vez, las nacientes universidades del conurbano surgieron a partir de los dictados de la LES, bajo supervisión y funcionan en gran medida como unidades básicas para los negocios de las intendencias. Mantuvieron un modelo de ciencia orientado a las necesidades de las empresas que se expresó en la continuidad de Lino Barañao con la gestión macrista. El libro poco y nada dice luego sobre la confrontación directa con los trabajadores docentes, a los cuales CFK calificó como “vagos y privilegiados”.
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Es en este marco que resulta irreconciliable el entendimiento del kirchnerismo como un proyecto popular u opositor a la derecha, tal como lo define una innumerable cantidad de referentes de la corriente nacional Patria Grande.
De la reforma universitaria a la conciliación peronista
Para culminar, el libro realiza un pantallazo sobre el gobierno de Macri y su política a nivel educativo y científico a partir de la reducción del gasto a nivel presupuestario, que implica el ahogamiento de varias universidades y áreas de investigación de los organismos públicos y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de la docencia universitaria. Para quienes atravesamos la universidad durante esta última década, esto resulta algo obviamente innegable y acertado.
Luego de eso, en el capítulo X, pasa a establecer cómo queda compuesto en este marco el enfrentamiento por los distintos modelos de universidad, marcando:
Queda planteado así el enfrentamiento a escala global en el campo de la educación superior. De un lado los dueños de los grandes capitales y sus socios locales que buscan utilizar las instituciones educativas para aumentar sus ganancias, y del otro lado los trabajadores y los sectores medios de los pueblos oprimidos para quienes la educación es un derecho y una herramienta de liberación (p. 143).
Planteado de esta forma, ¿no son socios locales el co-gobierno universitario de las distintas instituciones educativas, que garantiza la firma de convenios privados y la aceptación del ajuste presupuestario frente al aumento sideral de pago de deuda externa? Si lo son, ¿cómo podría entenderse que una corriente como Patria Grande haya llamado a votar a un gobierno que proponía a Alberto Barbieri (rector de la UBA y uno de los principales fomentadores del ingreso de las empresas privadas) como ministro de educación? ¿O qué interpretación se le podría dar al voto al rector y la incorporación en puestos de gestión en la Universidad Nacional de La Plata junto con agrupaciones como la Franja Morada-UCR, como actualmente está haciendo La Mella-Patria Grande?
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Para confundir aún más, los autores concluyen que “se requiere también un cambio de rumbo en las políticas públicas, condicionado por la relación de fuerzas entre las clases sociales que se enfrentan en la sociedad capitalista”. Desde ese punto de vista no entra en ninguna cabeza que si esas clases enfrentadas son “patrones y trabajadores” (no propone el libro un modelo alternativo para explicar el problema de la explotación capitalista), la respuesta en la política pasa a ser justamente la conformación de un frente hacia 2019 compuesto por quienes mantuvieron durante 12 años la mayoría de la herencia neoliberal en la educación universitaria.
La necesidad de reactualizar el objetivo de una “Segunda Reforma” deja planteada la lucha por una universidad al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y las grandes mayorías populares. La pelea estratégica por ese objetivo está absolutamente asociada a la disputa en el movimiento estudiantil por la independencia política frente a todos los partidos patronales que co-gobiernan las universidades (PJ-UCR-PRO-kirchnerismo), la autoorganización democrática frente a las burocracias universitarias y la unidad con el movimiento obrero. Esas banderas, en el marco de un saqueo en curso y la vuelta del FMI, no pueden mezclarse ni conciliarse con los que proponen continuar pagando la deuda externa y una universidad al servicio de los grandes negocios de las empresas y de los gobernadores e intendentes a costa del trabajo, la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo científico.
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