Tras la inhibición del presidente del tribunal, la fecha de inicio del juicio es incierta. La defensa de los policías apela a las chicanas legales para frenar el juicio, mientras los policías se encuentran libres desde el año pasado. Presentamos a los lectores un perfil de los jueces y el abogado de los policías.
Daniela Cena / Mariana Arreguez CeProDH Tucumán
Jueves 9 de abril de 2015
A propósito de la inhibición de Romero Lascano, la Mesa de apoyo a la causa Lucena emitió un comunicado en donde afirma que el juez se ampara “en la imposibilidad de actuar con una concreta credibilidad y respeto a su investidura”, a propósito del pedido de la querella de que el debate se realice en una sala más amplia. Los organismos de derechos humanos APDH, Asociación de ex Presos Políticos en el Proyecto Nacional y Popular, Fundación Memorias e Identidades de Tucumán, La Casa de las Mujeres, H.I.J.O.S. y Andhes. Más adelante, los organismos afirman que ninguna de sus acciones tiene como objetivo “la afectación moral de ningún funcionario judicial”.
En esta nota presentamos un perfil de cada miembro del tribunal de la sala II de la Cámara Penal, para demostrar que la “moral” de estos jueces siempre estuvo al servicio de garantizar la impunidad y la defensa de “la secta del gatillo alegre y la picana”, como definía Rodolfo Walsh a la Policía. Las trayectorias de los jueces que presentamos son el reflejo del sesgo de clase en el que se monta el Poder Judicial.
Alicia Beatriz Freidenberg
Fuertemente cuestionada por su voto en disidencia en el juicio en el que finalmente condenaron a dos policías por la violación a una joven de 16 años en 2012, ahora le tocará presidir el tribunal que dirigirá el juicio contra los responsables y cómplices del asesinato del joven Lucena. En aquélla oportunidad, sugirió que se debía absolver al policía Aníbal Leiva, ya que “no estaba comprobado el acceso carnal”, en contra de lo declarado por la propia víctima y lo confirmado en la pericias médicas y en el conjunto de la investigación. En relación al pedido de igual condena para el policía Néstor González por ser considerado partícipe necesario de la violación, al retener al amigo de la víctima en el momento en que Leiva realizaba los ultrajantes actos contra la joven, opinó en sus fundamentos que González no tenía por qué saber qué se proponía Leiva llevando en medio de la oscuridad a la víctima atrás de un árbol, a la vez que no tenía por qué considerarse como violento o intimidatorio que los uniformados llevaran armas.
En el caso de la muerte de Iván Senneke en un robo, producido el mismo día del asesinato de Lucena, condenó (en Agosto de 2014) a uno de los imputados a prisión perpetua, 20 años para el segundo y 8 a los últimos dos imputados.
En diciembre de 2014, votó a favor de la libertad de los dos policías asesinos de Ismael, a pesar de las amenazas que profirieran estos a la familia y testigos.
Freidenberg fue destituida de su cargo en 2005, luego de un juicio político realizado tras haber otorgado permisos de salidas impertinentes a “Pelusa” Tolosa, condenado por el asesinato de Luis Cisterna en el año 1997, quien se dio a la fuga. Recuperó su cargo en 2009, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que ordenó el pago de más de 1.000.000, por el tiempo en que no percibió su dieta.
Integrará junto al vocal de la corte René Goane, y al vocal de cámara Alfonso Zóttoli, el tribunal que debe resolver hacia finales de abril, en instancia de casación, el recurso planteado contra la sentencia que condena a 10 de los 12 implicados en la desaparición de Marita Verón.
Alfonso Arsenio Zottoli
Camarista desde el año 2011, fue cuestionada su designación por su presunta contratación en la Caja Popular de Ahorros durante la dictadura militar. Cuestión que fue desmentida por éste, tras argumentar que el gobierno de facto invalidó (por razones ideológicas) su cargo para ser abogado de la policía en aquélla época, no prestando servicios en la entidad crediticia por idénticos motivos.
Antes de ser camarista intervino como juez de instrucción, en 2001, en el juicio contra Ciccone Calcográfica por la circulación de bonos mellizos, durante el gobierno de Miranda, en la que finalmente tanto el gobierno como la empresa resultaron absueltos.
Más recientemente, en 2010, intervino como juez de instrucción en el juicio por el asesinato del diaguita Javier Chocobar por parte del terrateniente Amín, y los ex policías “el Niño Gómez” (del grupo parapolicial Comando Atila), y Eduardo Valdiviezo (quien figura en los documentos desclasificados cumpliendo tareas en el destacamento de inteligencia 142 durante la dictadura militar). A pedido del fiscal, dictó la preventiva para Amín y Gómez, que fueron liberados cuatro meses después, mientras Valdiviezo nunca fue detenido. Todo esto, a pesar de las evidencias registradas en un video donde se ve claramente el asesinato. El fallo del juez sugirió la posibilidad de un homicidio en riña, en el marco de una causa que hasta la fecha continúa impune.
Junto a Goane y Freidenberg también integrará el tribunal que debe resolver sobre la condena de los responsables de la desaparición de María de los Ángeles Verón.
Eduardo Antonio Romero Lascano
Este vocal se hizo famoso en último tiempo tras el escandaloso fallo en el que, junto a los jueces Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina, absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Razón por la que el magistrado se encuentra al borde del juicio político, el cual se encuentra retrasado tras una serie de chicanas judiciales.
Luego de firmar la resolución que dejó en libertad a los dos policías que asesinaron a Lucena (en diciembre, el día antes de la feria judicial), Romero Lascano se inhibió de la causa una semana antes de que comience el juicio.
Cergio Morfil, el abogado defensor de los polícias
Abogado del policía de Tucumán, Aníbal Leiva, condenado recientemente a 10 años de prisión, por haber violado a una adolescente de 16 años en el año 2012, el penalista Cergio Morfil tiene una marcada trayectoria en la defensa de policías, proxenetas y casos en donde está vinculado el poder político.
Fue reconocido por ser el histórico defensor de la banda mafiosa liderada por La Chancha Ale, dos de los cuales fueron imputados en el caso de Marita Verón: María Jesús Rivero y Victor Rivero, que finalmente resultaron absueltos. En su alegato planteó que "’Marita" pudo irse por voluntad propia, debido al "trauma por abandono materno" heredado de su madre.
En la investigación del asesinato de Paulina Lebbos, intervino como defensor de Luis "el Gordo" Olivera, el propietario del camping donde habría sido ocultado el cuerpo de Paulina, acusado de encubrir a "los hijos del poder". A los pocos días de su detención fue liberado luego de aportar una caución real y personal por $170.000.
Representa también a los dos policías del 911, acusados de torturar a un joven en una comisaría en septiembre de 2014.
