Provincia de Buenos Aires. Pergamino, una nueva masacre perpetrada por el Estado criminal

Una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Presos sin condena y hacinados. Un incendio dentro de un calabozo. Siete muertos. Carbonizados o asfixiados. Una masacre.

Una versión oficial: pelea entre presos, quema de colchones y “no se pudo hacer nada para evitar la tragedia”. Empresas periodísticas que replican, sin chistar, las palabras de comisarios y funcionarios. Y enseguida, a otra cosa.

Cada vez que se incendia un calabozo de una comisaría, una celda o un pabellón de una cárcel lo primero (y a veces lo único) que se da a conocer es la “versión oficial”. Y si ese incendio dejó cadáveres, lo primero que dice la “versión oficial” es que quienes estaban adentro se pelearon entre ellos, se “amotinaron” y prendieron fuego colchones o lo que tenían a mano.

Y esa misma versión oficial aclara, por supuesto, que el personal policial o penitenciario “hizo todo lo posible” para socorrerlos pero “lamentablemente no se pudo”.

El relato prefabricado por el Ministerio de Seguridad (coyunturalmente ocupado por Cristian Ritondo) y por sus empleados de la Bonaerense intenta evitar fisuras. Incluso, si es necesario, que salte algún fusible así no se quema el tablero (esta vez les tocó a los agentes Alexis Eva y César Carrizo, separados por ser quienes tenían a cargo la guardia de la comisaría al momento del incendio).

Pero la cosa puede fallar. “Mamá vení rápido que nos mata la Policía”, quedó grabado en la bandeja de mensajes de texto de un teléfono. “Ana venite ya pa la comisaría que me van a matar se armó quilombo… Movete está prendida la comisaría ya venite”, se lee en un chat de Whatsapp de otro aparato. Y la mentira que empieza a hacer agua.

Cárceles de la miseria

La de Pergamino, perpetrada este jueves, se suma a la larga lista de masacres (impunes) ejecutadas por las policías y servicios penitenciarios de todo el país a lo largo de las décadas.

Entre las más recordadas están la Masacre del Pabellón Séptimo de Devoto en 1978, con un saldo oficial de 64 muertos (en plena dictadura presentada oficialmente como el “motín de los colchones”) o la Masacre de Magdalena en 2005, con 33 fallecidos en ese penal bonaerense. Pero hay un sinfín de masacres más, donde los muertos se cuentan de a “pocos” y no califican para ser noticia.

En 2015, el último año de Daniel Scioli como gobernador, hubo 145 muertes en las cárceles bonaerenses. Seis de cada diez fueron por cuestiones de salud evitables. Las cuatro restantes por causas violentas. En ese mismo año se registraron 18.557 hechos de torturas en una población carcelaria cercana a los 40 mil presos. En promedio, uno de cada dos presos fue torturado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Y las torturas van desde negar la comida hasta el submarino seco, pasando por el envío a “buzones” de castigo y el apaleo porque sí.

Esas torturas y vejaciones pueden ser denunciadas, pero difícilmente lleguen a tener algún viso de “justicia”. De las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad y penitenciarios en 2015, sólo once fueron caratuladas como “torturas”. El resto tuvieron carátulas (y obviamente penas) leves.

Esos datos fueron publicados el año pasado por la Comisión Provincial por la Memoria. Y nada, absolutamente nada, hace pensar que durante el primer año de gestión de María Eugenia Vidal y de su ministro de Justicia Gustavo Ferrari el panorama haya cambiado.

Mantos negros

Pero la cosa es peor. Gran parte de esos datos hablan sólo de las cárceles, no de las comisarías que manejan la Bonaerense y su jefe Cristian Ritondo. La detención de personas en sedes policiales es algo así como un limbo sobre el que el Estado se da el lujo de no informar ni relevar estadísticas.

Algunas estimaciones extraoficiales dicen que en las comisarías de la provincia hay actualmente unas 3.000 personas detenidas, casi todas con causas menores (algunas incluso armadas) pero que pasan meses hacinadas en esos centros de detención. Entre ellas, hasta el jueves, estaban los 19 internos que sufrieron el incendio, incluidos los siete fallecidos.

En el año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo (denominado “Verbitsky”, por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales) según el cuál debían acabar las detenciones de personas en comisarías y destacamentos policiales.

Ese fallo fue pisoteado por el gobierno del Frente para la Victoria. Tan así fue que, luego de sucesivas declaraciones de “emergencia en seguridad”, la gestión de Scioli y sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados terminó por desecharla en 2014, mediante una resolución que habilitaba a encerrar personas nuevamente en sedes de la Policía.

La criminalidad no cambia

Este jueves Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre dejaron su vida en la Comisaría Primera de Pergamino. Para ellos y sus familiares, seguramente, ya no tenga sentido que el Poder Judicial diga que eran inocentes de determinados delitos.

“Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada”, dijo la Comisión Provincial por la Memoria sobre la masacre. Y exigió a su vez a las autoridades provinciales que asuman su responsabilidad.

Daiana, hermana de Federico Perrotta, denunció lo mismo pero con palabras más directas. “Quieren tapar todo, a los chicos los mató la misma Policía y el fuego lo deben haber iniciado ellos para tapar todo”, afirmó. Y recordó que en la Comisaría maltrataban a los presos y los torturaban dentro de los calabozos. “Tenemos fotos de los presos cortados, llenos de balas, entonces no nos pueden venir a decir que murieron por asfixia”.

Una comisaría de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Presos sin condena hacinados desde hace meses. Un incendio dentro de un calabozo. Siete muertos. Carbonizados o asfixiados. Una masacre.

Hoy sábado, a las 18, vecinos de Pergamino, entre los que se encuentran familiares y amigos de las víctimas, se concentrarán en la intersección de Peatonal y Avenida de Mayo para marchar “desde el dolor, exigiendo justicia por los pibes muertos en la Comisaría Primera”.

Muy probablemente la mayoría de las empresas periodísticas no asista a cubrir la marcha.

Testimonios de familiares de las víctimas (fuente El Disenso)
_