Jueves 18 de diciembre de 2014
Pasado el mes de noviembre y luego de archivado el proyecto de declaración de impacto ambiental de Hierro Indio, son numerosos los “pases de factura” a militantes sociales del sur mendocino que participaron en la lucha contra ese proyecto minero. Los mensajes disciplinadores van desde amenazas “a cara descubierta” en las redes sociales y pintadas, hasta detenciones y despidos.
La primera de las arremetidas sobre militantes ambientales la sufrieron integrantes de la Asamblea por el Agua Pura de San Rafael, particularmente Santiago Salgado, uno de sus referentes, quién protagonizara una jornada de protesta mientras se desarrollaba en San Rafael una nueva edición de la Fiesta Provincial del Turismo el 28 de noviembre pasado.
Salgado, Asambleista por el Agua Pura de San Rafael
En aquella ocasión, cuando el reloj marcaba las 22:00 hs y mientras se realizaba una pausa en la festividad, los integrantes de esa asamblea realizaron un improvisado desfile portando sus banderas de defensa del agua y contra la megaminería contaminante frente a la primera fila de asientos.
Mientras hacían la recorrida, un hombre sin identificación alguna y presumiblemente personal de seguridad contratado por el municipio para el evento, se acercó al grupo con ánimo de quitarles sus insignias. Luego de una discreta escaramuza, el grupo fue “escoltado” unos 150 metros para ser retenido mientras llegaban los efectivos policiales. El saldo de la intimidación fue la detención y el procesamiento de Santiago Salgado por “lesiones leves”, una nueva causa que se sumará a la larga lista de procesamientos a militantes sociales en nuestro país.
“Queremos recordar que la Avenida San Martín es un espacio público donde los ciudadanos pueden circular y expresarse libremente y que gente de civil sin uniforme ni identificación alguna (aunque esté al servicio de la Municipalidad) no tiene ninguna autoridad para detener a personas que se manifiestan pacíficamente. Es oportuno aclarar que estos intentos de censura, patoterismo e intimidación no van a detenernos en nuestro afán de defender el agua de Mendoza de aquellos que persiguen fines económicos sin importarles la contaminación y el mal uso de nuestro vital recurso. La Asamblea, como es su costumbre, se expresa siempre en el espacio público de manera pacífica y así lo seguirá haciendo”, comunicaría luego la asamblea sanrafaelina a los medios.
Los episodios que completan esta seguidilla represiva tuvieron lugar en Malargüe. Ni bien se archivara el proyecto minero, fueron numerosas las amenazas en las redes sociales a los integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes de aquel departamento. Insultos de todo tenor, solicitudes de sanciones ejemplares, pedidos de escrache, y declaración de personas no gratas, fueron algunas de las manifestaciones en contra de los asambleístas que protagonizaron diversas personas, entre ellas incluso funcionarios municipales como la Secretaria de Desarrollo Humano de la comuna Claudia Martínez o ediles locales. A esto se sumaron numerosas pintadas en contra de algunos militantes de la asamblea, como se ve en estas imágenes:
Sin embargo, no todas las agresiones se quedaron en el plano verbal, transgrediendo esos límites. Ricardo Jakovcevic, uno de los miembros de la Asamblea por los Bienes Comunes, sufrió durante la lucha contra los proyectos mineros, un llamativo robo-apriete y el envenenamiento de sus mascotas, hecho sucedido dentro de su domicilio.
Por otra parte, otra de las referentes de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, la Profesora Amalia Ramires se llevó quizás la peor parte, sufriendo el despido de su empleo en el Proyecto ICES de la Regional Malargüe, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el que se desempeñaba desde 2008.
El hecho se consumó luego de que Ramires recibiera llamados telefónicos de autoridades de CNEA indagando acerca de su accionar en la asamblea, su postura frente a la minería y de su condición laboral en esta institución. El martes 2 de diciembre, a días de aquellos llamados, recibió la carta documento que le informaba el cese de su contrato bajo.
La decisión de CNEA constituye claramente una represalia frente al compromiso asumidos por Ramires en el debate por Cerro Amarillo y Hierro Indio. Más aún cuando ninguna de las autoridades de la Gerencia de la que depende, supo darle una explicación de los motivos de esta decisión unilateral, sin que tampoco existan en su legajo sanciones, advertencias formales, ni incumplimientos de sus tareas.
Sí resulta una conducta lógica en una comuna donde se intentó prohibir por resolución del Concejo Deliberante la realización de reuniones, en las que se discutan temas ambientales, sin antes presentar los contenidos y los fines de las charlas ante el gobierno municipal y ante dicho Concejo, donde se “parió” en proyecto de modificación de la ley 7722 y donde se gestó el histórico pronunciamiento de la Senadora Silvia Calvi: “déjennos contaminar un poquito”
