Según información que trascendió hoy, el Ministerio de Trabajo intentaría dar de baja a más de 450 sindicatos. Entre ellos se menciona al del Subte. Claro favor a la conducción burocrática de la CGT.
Miércoles 29 de noviembre de 2017 12:44
No parece casualidad que en el día que se realiza la marcha impulsada por el sindicalismo opositor (moyanismo, Corriente Federal y las CTA) junto a sectores combativos de la Izquierda -que se movilizarán en una columna independiente-, se conozca la noticia de que el gobierno intenta dar de baja más de 450 gremios.
La información fue difundida por el diario Ámbito Financiero y da cuenta de que, desde el Ministerio de Trabajo, se busca eliminar una serie de gremios. Los mismos, según la información difundida, no estarían cumpliendo con los requisitos previstos en la Ley de Asociaciones Gremiales (23.551).
Según la fuente señalada, una resolución de la cartera que dirige Jorge Triaca instará a esos sindicatos "a regularizar su situación" en un plazo perentorio de 60 días. De lo contrario serán excluidos del Registro de Asociaciones Sindicales.
En la resolución se establece en el artículo 1° que se debe actualizar "el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente, su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la ley 23.551".
La depuración que se plantea el Gobierno ataca centralmente a los sindicatos simplemente inscriptos. Se trata, en muchos casos, de organizaciones que surgieron como respuesta al verticalismo extremo de las conducciones sindicales. En estos gremios la burocracia que conduce apela al uso del fraudes y de patotas, como modo de sostener su control.
Al mismo tiempo, una resolución de este tipo permitiría fortalecer a las principales ramas gremiales de la CGT que sufrieron una merma de afiliados y aportes por esos motivos.
Entre los gremios que podrían ser afectados, según señala la fuente citada, está la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Es decir, los trabajadores del Subte de Buenos Aires. Este gremio nació en respuesta al burocratismo de la UTA.
Obviamente, esta resolución no afecta a los grandes gremios de la CGT. Más bien se parece bastante a parte de una negociación con los dirigentes que acaban de acordar la contrarreforma laboral con el gobierno.
Obviamente, la resolución no intenta desarrollar la democracia sindical ni tampoco cuestionar la falta de realización de asambleas y la inexistencia de métodos democráticos.
Según la fuente citada, uno de los aparatados expresa que las obligaciones se refieren a la presentación de balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización del registro de afiliados, entre otras. Si esto se respetara, se debería depurar a todos los sindicatos y romper su inscripción porque ninguno reúne las condiciones para defender los intereses de los trabajadores.
Una resolución de este tipo solo favorece a esos dirigentes burocráticos. Al mismo tiempo, se trata de un enorme favor a los grandes empresarios.
