Tribuna Abierta. Perturbar el silencio asfixiante de las muertes

Ni una menos es un grito que viene a perturbar el silencio asfixiante de las muertes, a inquietar esa indiferencia que parece apoderarse de nosotrxs ante las noticias de “cuerpos que aparecen muertos”. Cuando en realidad esos cuerpos encierran historias y nombres propios de mujeres, y que tampoco “aparecen”, como por un acto de magia, sino por ese acto de crueldad que constituye un femicidio.

Leticia Jésica Sarapura, asesinada de un disparo por su pareja, el agente de policía Víctor Leonardo Sánchez, en el mes de abril en la localidad de La Caldera.

Andrea Martínez, de 22 años, muere ahorcada por su novio, en el mes de enero en Chicoana.

Delia Lamas, asesinada de un disparo en la cabeza por su pareja, el efectivo policial Héctor Leonardo Pérez, en el mes de marzo en Villa Estela. No sin antes acercarse al balcón del departamento e intentar pedir ayuda.

Marisol Campos, una adolescente de 16 años de la localidad de Morillo, asesinada de un golpe en la cabeza.

Vanessa Peloc, de 15 años, quien había desaparecido hace un mes, encontrada pendiendo de un árbol en el Río Arenales hace una semana.

Estos son sólo algunos de los tantos nombres de mujeres que vienen a engrosar las estadísticas de femicidio que encabeza nuestra provincia a nivel nacional. Los femicidios son la expresión más brutal y tenebrosa de la violencia de género. Una violencia que se ejerce desde la sutileza de lo cotidiano hasta el horror de la muerte. Violencia a la que constantemente están expuestos nuestros cuerpos y nuestras vidas.En 2015 Salta ha registrado 19 muertes de mujeres caracterizadas como femicidios, consignando así la tasa más alta del país (1,56 cada cien mil habitantes).

Por esto, Ni una menos es también una exclamación que resuena con fuerza en este vallecito patriarcal que habitamos diariamente. Este vallecito atravesado por un conservadurismo religioso y político, así como por redes que se tejen, y se han tejido históricamente, entre el Estado y la jerarquía de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Urtubey integró e integra la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia. Este conservadurismo se expresa en la construcción de una identidad salteña asociada a la tradición, a los valores morales y a sentimientos de pertenencia nacional. Lo natural, lo tradicional, lo propio de nuestro ‘ser salteño’ tendría que ver con la ‘naturaleza’ del matrimonio heterosexual y del prototipo de ‘familia argentina’. Dentro de este modelo que constituiría la “salteñidad”, se aboga por un esquema de familia constituida por “mamá” y “papá”, excluyendo otras formas de construcción posibles u otro tipo de vinculaciones. Recordemos que en el tratamiento de la ley de matrimonio igualitario, ningún legislador salteño votó a favor de la misma, y por esta acción recibieron un reconocimiento por parte del gobernador Urtubey. Asimismo, los estereotipos de lo masculino se asocian a lo gaucho, lo fuerte, lo tradicional, y la feminidad a lo inmaculado, lo casto, lo maternal. En este modelo tradicional salteño, el destino que nos cabe a las mujeres es la maternidad, bajo la tutela del padre de familia.

Todas estas representaciones permean las políticas del Estado, o en todo caso, determinan la ausencia del mismo para garantizar los derechos de las mujeres, dado que no hace más que reactualizar las condiciones en las que se erige el patriarcado. Salta ha declarado la emergencia en violencia de género, y creado un Observatorio de violencia contra las mujeres (y que paradójicamente, lleva el nombre de “Rossana Alderete”, asesinada en 2004, y en cuyo femicidio se expresa cruelmente la ausencia, negligencia y el descuido del Estado). Sin embargo, estas acciones siguen sin tener efectos concretos, ni representan políticas efectivas. Erigiéndose el Estado en uno de los principales responsables de las condiciones de violencia en la que viven (o, mejor dicho, mueren) las mujeres. Su inacción y su impavidez ante las muertes, lo convierte en uno de los principales femicidas.

Ni una menos no es una consigna de corrección política, para que sea usada en carteles por los gobernantes para posar en fotos, o en una pancarta colgada del edificio de la Legislatura, tal como hicieron el pasado año. Ni una menos es un proyecto social y político, que exige al Estado el garantizar los derechos. Es una proclama que expresa que no queremos seguir siendo gobernados de este modo, que ya no queremos nuestros cuerpos aprisionados en regulaciones opresivas. Sino que exigimos la posibilidad de vivir vidas dignas, sin violencia, sin pobreza, sin hambre, con condiciones reales para un ejercicio pleno de la libertad.

Sin embargo, el Estado salteño, en este sentido, ha carecido de políticas que puedan garantizar dichas condiciones.

En nuestra provincia, no se ha implementado efectivamente la Ley de Educación Sexual Integral, pero sí la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Lo cual sigue demostrando las poderosas vinculaciones entre Estado e Iglesia. Asimismo, contamos con una ley de Sexualidad Responsable, aprobada en 2004, aunque no reglamentada, que afirma la necesidad de revalorizar el rol del varón y de la mujer, entendidos de una manera tradicional, y que declara el rechazo a los abortos porque atentan contra la vida de la persona por nacer.

Por otro lado, tenemos un protocolo restrictivo de acceso al aborto no punible. Este protocolo, implementado en 2012 con posterioridad al fallo de la Corte Suprema de la Nación en relación al caso F.A.L. introduce una serie de restricciones y dificultades para el acceso a esta práctica. De las provincias que elaboraron protocolos, la nuestra es la que posee aquel que más se aleja de los estándares establecidos por la Corte, dado que establece que para acceder al ANP la mujer debe realizar una declaración jurada con la asistencia del Defensor Oficial o de Menores e Incapaces, según corresponda en el Ministerio Público. De esta manera, se imponen obstáculos que no estaban contemplados en el fallo. Asimismo, el protocolo sólo regula aquellos casos de ANP por violación, dejando sin regular el acceso al aborto terapéutico. Las diferentes presentaciones de acción de inconstitucionalidad y de proyectos en las Cámaras, para derogar este protocolo han sido rechazadas, tanto en el poder judicial como legislativo.

En relación al aborto no punible, a fines de 2013, Salta se vuelve el centro de atención, al negarse su acceso a una niña de 14 años cuyo embarazo provenía de una violación cometida por su padrastro, quien abusaba de ella desde los 12. Hoy vuelve a estarlo, ante al caso de la niña wichí de 12 años del paraje Alto La Sierra, que transcurre un embarazo ya avanzado producto de la violación por parte de ocho jóvenes criollos, y quien no pudo acceder a un aborto no punible. Asimismo, el Estado le ha negado la posibilidad a la niña de declarar y denunciar el abuso, aduciendo que la niña habla wichí, y no cuentan con un intérprete para tal tarea. De esta manera, le ha negado la posibilidad de expresarse, expropiándole el derecho a la palabra. Sumado a todos aquellos negados por ser integrante de una comunidad, derechos avasallados por el Estado, pero también por un capitalismo materializado en las industrias extractivistas (petroleras, mineras, sojeras o madereras), que actúan en connivencia con el poder estatal, despojando a las comunidades de un derecho básico, como lo es el de la tierra.

Salta, el vallecito patriarcal, además, se empecina en seguir violentando los cuerpos y las vidas de las mujeres trans y travestis. Muestra de esto lo son las represiones policiales a las que son sometidas constantemente. Sumadas a las exclusiones sociales de las que son víctimas.

Por esto, el Ni una menos… también debe hacernos pensar en la violencia que implica el mismo género, entendido como ese dispositivo de poder que va imponiendo aquello que debería ser un hombre y que debería ser una mujer, y que por consiguiente, nos habilita a pensar solamente como formas posibles de vida, cierta feminidad y masculinidad adecuadas socialmente. De esta manera, este patriarcado también impone formas de vida excluyendo a quienes no siguen dichas normas, e incluso arrojando los cuerpos a la muerte. Es así, que además de hablar y visibilizar los femicidios, es necesario sacar de la oscuridad los travesticidios y transfemicidios. Darle un nombre y un espacio en este campo de denuncias y enunciaciones, a los despojos de la vida que tanto nos empecinamos en esconder.

Mientras… mientras todo acontece, el gobernador Juan Manuel Urtubey participa en un spot del programa de Marcelo Tinelli, actuando como vendedor de empanadas salteñas, pero haciéndose cómplice de la objetivación de los cuerpos de las mujeres, que en dicho programa encuentra una versión cruenta y paradigmática de la televisión argentina. Donde los cuerpos, sin más, son expuestos como mercancía. Para enunciar el Ni una menos es necesario desarticular aquellos dispositivos, en este caso mediáticos, que presentan a los cuerpos como meros objetos. La televisión y los medios de comunicación construyen constantemente al cuerpo como un objeto disponible, y hasta desechable. Incluso al presentar los casos de femicidios siguen hablando de crímenes pasionales, o de cuerpos que aparecen muertos, o debatiéndose sobre la culpabilidad de la víctima (cómo se vestía, si salía a bailar, si tomaba alcohol u otras sustancias, si andaba sola por la calle) y hasta la culpabilidad de las madres. Pero siempre eludiendo la responsabilidad del asesino victimario, que parece estar habilitado social y moralmente, para apropiarse del cuerpo y de la vida. E incluso la violencia ha llegado a banalizarse en estos medios, haciendo de ella un espectáculo en los programas de chimentos.

Ni una menos, además, nos obliga a pensar la violencia en nuestra universidad. No podemos ser indiferentes frente a las injusticias y violencias que suceden en nuestras realidades. El año pasado, la vida de nuestra compañera Yolanda Mamaní se extingue luego de diez días de agonía, a raíz de las quemaduras sufridas. La familia de Yolanda, y sus compañeros, exigen se investigue la posibilidad de que su muerte sea el resultado de un femicidio. La universidad pública debe tomar en sus manos estas problemáticas y no alimentar el olvido, sino comprometerse con acciones reales, que no queden en meras promesas de campaña, de integrar políticas universitarias con perspectiva de género

Ni una menos es una potencia. Encierra la potencialidad de la palabra y la acción que intenta agrietar las dominaciones y opresiones de los cuerpos y de las vidas. Que enuncia que vivas nos queremos, y reclama al Estado y a la sociedad la desarticulación de los mecanismos de poder que sostienen las condiciones actuales en las que transcurren nuestras vidas, y la creación de nuevas posibilidades de libertad. Por eso el viernes marchamos, poniendo el cuerpo y la voz en una manifestación colectiva, perturbando el silencio asfixiante de las muertes al grito de Ni una menos.

* La autora es Antropóloga Social, docente UNSa