NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS GANANCIAS. Perú: a pesar de la cuarentena los empresarios obligan a trabajar a sus empleados

La declaratoria de estado de emergencia y las medidas de inamovilidad de la población decretadas por el presidente Martín Vizcarra para encarar la crisis de salud generada por la propagación del COVID-19, no vienen siendo acatadas por las grandes empresas mineras y otras empresas privadas. Obligan a que sus trabajadores sigan laborando a pesar del peligro de contagio, lo cual pone en evidencia, una vez más, que para los capitalistas lo más importante es la preservación de sus ganancias y no la vida de sus trabajadores.

Esto se expresa con mucha claridad en las denuncias hechas por las y los trabajadores de diversos call centers en la ciudad de Lima, como la empresa ATENTO y otras, quienes vienen obligando a sus trabajadores a ir a laborar, sin brindarles los implementos de higiene y seguridad básicos, lo cual contrasta con la expansión del COVID-19 (que en nuestro país ya lleva más de 145 contagiados) y con el discurso efectista de Vizcarra. Frente a la gravedad de estas denuncias, las autoridades del Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, solo han atinado a supervisar la situación de algunos de estos centros de trabajo, sin embargo, hasta la fecha no han implementado ninguna medida sancionadora a los dueños de dichas empresas trasgresoras de los derechos laborales.

En las grandes empresas mineras la situación es mucho más crítica. Aquí, según nos informan los mismos trabajadores, las actividades productivas y administrativas han seguido su curso como si nada estuviera pasando. De esa manera la patronal hace caso omiso de las medidas dispuestas por el ejecutivo y del inminente peligro de contagio al que se exponen los trabajadores todos los días.

Cabe mencionar que el estado de emergencia y las medidas de inamovilidad implementadas por el Gobierno, estaban orientadas no solo a los pobladores de a pie, sino también a las diversas empresas productivas y de servicios. Las únicas empresas que están exceptuadas de paralizar sus actividades son las de salud (hospitales, clínicas, farmacias), las de expendio de alimentos y los bancos, sin embargo, las mineras, más allá de no tener nada que ver con dichas actividades, siguen laborando y no han recibido sanción alguna por parte del Estado.

Entre las grandes empresas mineras que vienen poniendo en peligro la vida de sus trabajadores tenemos a: Antamina, Cerro Verde, Southern, Antapacay, Minera Shouxin Perú, Shougang Hierro, MMG Las Bambas, entre otras, las mismas que vienen obligando a sus trabajadores a asistir a sus centros laborales cuando se supone que estamos “en estado de emergencia” y todos los trabajadores deberían estar en sus viviendas en cuarentena. Como se recuerda, muchas de estas empresas mineras gozan de enormes privilegios tributarios y licencias medioambientales a pesar de que es bien conocido el enorme daño ambiental que generan en las zonas aledañas a donde realizan la extracción del mineral. Así mismo, debemos tener en cuenta que la gran industria minera fue la gran beneficiada cuando a nivel internacional se dio el denominado boom de las materias primas o boom primario exportador, lo cual las llevó a engrosar significativamente sus ganancias sin que esto se vea reflejado en la mejora de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Va quedando demostrado así el doble rasero de las medidas del ejecutivo para encarar la crisis provocada por la propagación del COVID-19, ya que por un lado presiona a la población trabajadora – con el ejército y la policía en las calles - para que no se muevan de sus hogares y acaten así la cuarentena, mientras que por otro lado se hace de la vista gorda cuando los grandes empresarios burlan abiertamente sus medidas y exponen a miles de trabajadores al contagio de esta enfermedad. Ello pone en evidencia el carácter limitado de dichas medidas para parar los efectos de la pandemia.

Por eso, exigimos que se tienen que parar las actividades de todos los servicios no esenciales, y que si se ha declarado cuarentena las empresas privadas no pueden obligar por ningún motivo a que sus trabajadores vayan a trabajar, desterrando las amenazas de despido y que se mantenga el goce de sueldo al 100%, así como el aumento inmediato de las jubilaciones, entre otras medidas que eviten que las consecuencias de esta crisis sanitaria las terminemos pagando las y los trabajadores. Hay que imponer impuestos a los grandes empresarios y dejar de pagar la deuda externa, poniendo esos recursos al servicio de un plan de emergencia inmediato, que permita que el Estado asegure a toda la población la posibilidad de acceder a las pruebas que demuestran si estamos o no contagiados con el virus, ya que al estar nuestro país en la denominada fase 3, el grado de contagio es mayor y excede a la población proveniente de los países en riesgo. Estos recursos también servirán para implementar los hospitales de todo el país con camas, respiradores artificiales y otros instrumentos necesarios para atender a los enfermos críticos que necesiten internamiento sin importar su edad ni su condición social.

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