#25N. Perú: el Estado también es responsable de la violencia hacia las mujeres

Este 25 de noviembre se conmemoró el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como consecuencia de ello, en el Perú también se dieron diversas manifestaciones de rechazo a este flagelo que afecta a millones de mujeres en el mundo entero y que se sostiene en una arraigada cultura patriarcal que va de la mano del sistema capitalista.

Nosotras desde Pan y Rosas Perú realizamos el viernes 23 de noviembre, desde las 11:00 a.m., un plantón informativo en las afueras de la Universidad Nacional de Tacna, el cual concito la participación de muchas estudiantes, docentes y trabajadoras. Allí informamos sobre la situación de las mujeres en el Perú y en el mundo y la importancia que tiene organizarse desde una perspectiva feminista que busque trascender el capitalismo, siendo para ello importante vincularnos a la lucha de la clase trabajadora y dar vida a una organización internacionalista, anticapitalista y socialista. Nuestras compañeras y compañeros también realizaron actividades artísticas que le dieron realce a dicha actividad.

En Lima se realizó también una movilización el sábado 24 del presente, denominada ¡Nosotras Exigimos!, la cual estuvo organizada por más de 30 organizaciones feministas dentro de las que figuraban ONGs como el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos, entre otras. Para algunos de los sectores convocantes a esta acción, la salida pasa por exigirle al Gobierno y a los ministerios correspondientes mejores condiciones en el trato hacia las mujeres, como si esto fuera posible sin confrontar los intereses de los empresarios. Esta política, que es propia de los sectores reformistas, se expresó claramente en las declaraciones vertidas por Lizbeth Guillen del Movimiento Manuela Ramos, quien sobre la salida principal dijo que esta pasaba por “que el Ministerio de la Mujer y las instituciones competentes elaboren los protocolos adecuados para una atención efectiva y que los operadores de justicia atiendan sin discriminar a las víctimas”.

Nosotras desde Pan y Rosas consideramos que luchar por más derechos para las mujeres es muy importante, así como exigirle a los gobiernos y al Estado mejores condiciones que coadyuven a la lucha contra la violencia que padecen las mujeres, sin embargo, esto no puede estar divorciado de la necesidad de luchar a la par por cambiar las condiciones materiales que son consecuencia de las relaciones sociales capitalistas que padecen todos los días millones de mujeres trabajadoras. Por esa razón hoy en el mundo entero más del 40% de la población económicamente activa (PEA) está constituida por mujeres, dentro de las cuales el 70% desarrolla sus actividades en condiciones de precariedad laboral, eso quiere decir que no cuenta con un contrato de trabajo, ni beneficios sociales de ningún tipo, además que están expuestas a jornadas de trabajo ampliadas y extenuantes lo cual afecta su salud física y emocional. A esto se suma el trabajo familiar no remunerado que realizamos muchas mujeres y que sirve a la postre para la reproducción de las relaciones de producción imperantes. Y eso también es violencia.

Nada ha cambiado para las mujeres

Más allá de la retórica demagógica del presidente Vizcarra y sus ministros, la situación de las mujeres, en relación a la violencia que padecen, no ha cambiado. Esto lo evidencian claramente las cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Personas Vulnerables, las cuales señalan que entre el año 2009 y el año 2018, se cometieron en el Perú 1,122 feminicidios. El 64% de ellos se dieron en áreas urbanas (ciudades), siendo la principal causa de muerte asfixia o estrangulamiento. El 26% de las víctimas fueron asesinadas en sus propias viviendas y el 64.54% de los victimarios terminaron siendo sus propios convivientes. El 76% de las víctimas no tomo ninguna medida contra su agresor antes de su muerte. Solo el 2% de los victimarios fueron sentenciados, mientras que el 47% a la fecha se encuentran sin sentencia y el 17% están en calidad de prófugos. A pesar de ello el presupuesto público para abordar temas relacionados a la violencia que padecen las mujeres, se reduce año a año, lo cual nos lleva a plantear que el Estado también es responsable de estas lamentables cifras.

Por ello, desde Pan y Rosas exigimos las siguientes demandas:

Una Ley de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que sea financiada íntegramente por el Estado a través de los impuestos a los ricos y que contemple, entre algunos de sus puntos más básicos, los siguientes:

1. Refugios transitorios y plan de vivienda para las víctimas.
2. Acceso a créditos para la vivienda con tasa cero.
3. Acceso de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
4. Creación de un régimen de licencias laborales para las víctimas que tienen empleo, manteniendo el salario.
5. Guarderías en todos los centros de trabajo y en los barrios, atendidos por profesionales especialistas.

Además, planteamos la necesidad de:

Educación sexual, laica y no sexista en las escuelas para evitar los embarazos en las adolescentes.

Una nueva educación con perspectiva de género para educar en la equidad, la igualdad, el respeto hacia las demás personas indistintamente de su género u orientación sexual.

Anticonceptivos gratuitos en los centros de salud.

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito para evitar que cientos de mujeres sigan muriendo a causa de los abortos clandestinos.

Exigimos también la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Nos manifestamos por la socialización de las tareas domésticas. Solicitamos mayor atención y celeridad a los casos de acoso laboral que se dan en los centros de trabajo. Demandamos acabar con la precariedad laboral que afecta a millones de trabajadoras y trabajadores y que solo sirve para enriquecer a un puñado de empresarios nacionales y extranjeros.