6 años de cárcel para cada uno de cuatro de los acusados y 11.000€ de multa para los otros dos, menores de edad. Esta es la sentencia que intenta imponer la Audiencia Provincial de Zaragoza en base a indicios y pruebas poco sólidas a los 6 detenidos en una manifestación antifascista en 2019.
Sábado 23 de enero de 2021
“Lo que no pueden hacer es, en una manifestación en la que participaron más de 200 personas, coger a los primeros cuatro jóvenes que encontraron en un bar próximo y atribuirles la autoría de unos disturbios por los que les piden semejantes penas”
Estas declaraciones de las abogadas de los acusados Miriam Pascual y Silvia Benedicto ilustran el proceso judicial plagado de irregularidades que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial de Zaragoza a modo de castigo ejemplar al movimiento antifascista.
Los seis acusados fueron detenidos tras una manifestación en protesta al acto de Vox en Zaragoza el 17 de enero de 2019, la cual recibió cargas policiales que dejaron heridos en la zona de la universidad. Las condenas que se les piden son de 6 años de cárcel para cuatro de los acusados y 11.000€ de multa para los otros dos, menores de edad.
El juicio destaca por la falta de pruebas sólidas, apoyándose en testimonios de policías y en una grabación como “prueba” en la que no se distingue la participación de ningún acusado. La propia sentencia reconoce que “la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones resultó imposible para la Sala debido a su deficiente calidad y a la falta de luz, dada la hora en que se produjeron los hechos». Sin embargo, la sentencia parece seguir adelante.
En rechazo a este nuevo caso represivo la Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha convocado una concentración para el jueves 28 de enero a las 19h en la Plaza San Miguel, pidiendo la absolución de los detenidos y seguirá organizando una campaña para hacer frente a este ataque al antifascismo.
Juicios como este refuerzan el papel de la judicatura como institución reaccionaria, arbitraria y antidemocrática en la que se mezclan grandes familias, sagas de jueces y fiscales que hunden sus raíces en los más profundo y oscuro del siglo XX, lazos con los grandes poderes económicos, el aparato policial, las cloacas.
Este caso trasciende a las personas afectadas y transmite un mensaje de castigo ejemplar al antifascismo. Si a pesar de la falta de pruebas sólidas, la sustentación de la condena en indicios y la falta de claridad de los testimonios policiales es posible proponer una condena de 6 años de cárcel y miles de euros de multa, es posible que el Estado y sus aparatos represivos hagan lo que deseen mientras se regocijan en su impunidad.
Por ejemplo, al tiempo que se aplican condenas de años de cárcel sin pruebas claras en relación a una protesta antifascista, una política corrupta impune como Cifuentes puede llevar como asesor en la defensa a Emilio Hellín, asesino ultraderechista durante la Transición que se fugó de la cárcel y trabajaría hasta 2013 para la Policía Nacional.
Mientras jueces y fiscales miran para otro lado para políticos corruptos, sicarios, empresarios o banqueros, aplican toda su dureza y parcialidad contra activistas y jóvenes que hagan frente a la extrema derecha y el sistema que defiende. Así es la justicia heredada directamente de franquismo. Una justicia de clase al servicio de los ricos y poderosos. Es necesario expresar abiertamente nuestro apoyo y solidaridad a los encausados y exigir su libertad sin cargos.
