El PPP es, junto a los convenios a la baja firmados en la industria automotriz, un emblema cordobés de la precarización.
Miércoles 20 de julio de 2016 10:02
El 14 de julio, el gobierno de Córdoba anunció la etapa 2016-2017 de los planes Primer Paso y Aprendiz, destinados a jóvenes de entre 16 y 24 años. Hay 8 mil vacantes para el PPP y 12 mil para el PPP Aprendiz. Este último, más allá de las connotaciones medievales de su nombre, no está destinado puntualmente a oficios. El único requisito que lo diferencia del “tradicional” es que los aspirantes deben asistir a un curso de capacitación o estar en el sistema educativo formal, y la empresa y/o cargo al que se postula debe estar vinculada a la orientación de la escuela a la que asiste. Para pensar un ejemplo, si un joven asiste a una escuela con orientación comercial, lo más probable es que consiga trabajo en un kiosko. La asignación mensual no es remunerativa y será de $3.000 para el PPP y de $3.500 para el PPP Aprendiz, en ambos casos por 20 h semanales de trabajo. Por primera vez desde que el delasotismo creó el plan, las empresas aportarán parte de este monto, según su cantidad de empleados.
En el anuncio, la Secretaria de Equidad y esposa del gobernador Schiaretti, Alejandra Vigo, destacó que en Córdoba hay 67 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Agregó que la desocupación general se ubica en el 22 % pero en el segmento joven llega al 46 %. Rápidamente, La Voz del Interior salió a elogiar (nuevamente) este plan como una forma de integrar a un grupo “que hoy no encuentra su lugar en la organización global” y que “carece de la cultura del trabajo, de aceptar normas y procedimientos, además de exhibir una actitud disruptiva en lo cotidiano”.
Festejan los empresarios
En este diario ya se ha hablado en otras ocasiones del PPP como una garantía de precarización laboral al servicio de las patronales por parte de los sucesivos gobiernos de Unión por Córdoba. Pero esta necesidad se reactualiza en el marco de una creciente dificultad de parte de los gobiernos nacional y provinciales en conseguir la tan mentada “lluvia de inversiones”. Según encuestas, una de las mayores preocupaciones de los empresarios, junto con la inflación, es el costo de la mano de obra en el país, todavía alta a pesar de 12 años de precarización. En un contexto mundial de bajo crecimiento económico, cada punto menos en el salario es un punto a favor para que las grandes multinacionales decidan dónde realizar sus negocios.
Los porcentajes de desocupación que apuntó la secretaria Vigo no son excluyentes de Córdoba ni de Argentina. Esta problemática, que La Voz atribuye a una “actitud disruptiva”, es utilizada por todos los gobiernos, con mayor o menor dureza, para presionar los salarios en general a la baja. En el caso del PPP, cualquier empresario preferiría contratar un empleado por $500 o $1.000 por mes (según el tamaño de la empresa) en lugar de pagar un sueldo en blanco que, en el peor de los casos (convenio de comercio, por ejemplo), sería de $6.000 por esa cantidad de horas.
No por nada el PPP fue tomado por Mauricio Macri como ejemplo para su “Plan Empleo Joven”.
Una burocracia “flexible”
Pero en Córdoba se agrega el rol de la burocracia sindical, particularmente del SMATA, como garante de las “inversiones”. “La flexibilidad gremial fue clave para una inversión”, titula sin rodeos La Nación respecto del reciente anuncio de inversión de Nissan-Renault en la planta de Santa Isabel para fabricar pick-ups. Este medio lo había anunciado un día antes, aunque el anuncio ya se había realizado el año pasado bajo el gobierno de Cristina Fernández. Si hay que reconocerle algo a Omar Dragún es que su fidelidad a las multinacionales se mantiene intacta bajo gobiernos de distinto signo político.
El negocio se completa con los aprietes de la burocracia a los trabajadores más viejos para que se acojan a los “retiros voluntarios”, mediante los cuales las empresas se desprenden de quienes tienen salarios más altos. Si la economía no repunta, despiden a los contratados y suspenden al resto. Si la cuestión mejora un poco, ya tienen un convenio a la baja para tomar más personal. Además de las millonarias exenciones impositivas y obras de infraestructura que les facilitan los distintos gobiernos.
La situación de precariedad laboral de la juventud, sea con el trabajo en negro, con el PPP o con el Plan Empleo Joven de Macri, es un favor más para los empresarios. Es necesario contraponer la exigencia de trabajo de calidad para la juventud, con salario igual a la canasta básica familiar y en horarios que permitan seguir con los estudios.
