El pasado 29 de diciembre el SML lanzó un polémico protocolo de pruebas físicas y psicológicas que incluso se contradice con la recientemente aprobada Ley de Identidad de Género, bajo la dirección nacional de Gabriel Zamora Salinas, designado hace poco más de un mes directamente por el gobierno de Sebastián Piñera.
Martes 5 de enero de 2021
La vieja frase que dice “entrega con una mano lo que quita con la otra” toma sus más diversas formas y caminos, y pareciera más que atingente en este caso. El gobierno -probablemente bajo la desesperación de conseguir aprobación desde alguna parte- había dejado ya en diciembre de 2018 que se aprobase la Ley de Identidad de Género.
Sin embargo, en diciembre de 2020 el gobierno designó como director del SML a Gabriel Zamora Salinas, quién preside la institución hasta el día de hoy. A menos de un mes de haber sido designado como director, se genera el “Protocolo de atención pericial a usuarios/as trans”, que viene en dirección completamente contraria a lo que se supone que asegura la Ley de Identidad de Género, que -valga la redundancia- se supone que protege la identidad de género de las personas.
El polémico protocolo sometería a las personas trans a un “examen físico que será de carácter segmentario y de exploración visual. No es necesario indicar a la persona periciada que se desnude completamente, ni es preciso inspeccionarla en camilla en posición ginecológica y/o genupectoral, tampoco se requiere efectuarle palpaciones corporales ni es necesaria la utilización instrumental o equipamiento para la revisión de la zona torácica y/o zona genito-urinaria de la persona” y añade que “se priorizará la revisión de antecedentes médicos respecto a procedimientos médicos; operaciones de reasignación de sexo y/o tratamientos hormonales si la persona hubiese incurrido en ellos, los cuales habrán de sustituir la realización del examen físico si procediese”.
Es decir, se protocoliza la pericia física y/o psicológica ligando procedimientos de cirugía o tratamientos hormonales a los cambios de nombre y/o sexo registral. Cuando ninguna pericia psicológica o física es legalmente necesaria o permisible desde el punto de vista de la ley de Identidad de Género ya vigente hace más de dos años.
La ley anteriormente citada detalla explícitamente que “en ningún caso alguna institución o tribunal puede solicitar ningún tipo de pericia a las personas para cambiar su nombre y sexo legal, menos pedirles exámenes médicos o psiquiátricos, pues ello vulnera su dignidad, violenta sus derechos humanos, además de ser ilegal”.
No obstante, lo más preocupante del nuevo protocolo no es su ilegalidad, sino que la instrucción directa al personal de salud en prácticas ilegales y en lógicas que podrían tratarse directamente de transfóbicas y de violencia de género institucional.
De no derogarse dicho protocolo, lo que entrega con una mano la Ley de Identidad de Género sería quitada con la otra además educando institucionalmente al personal médico en la discriminación hacia las personas trans.
