La pandemia pone al Gobierno provincial frente a su mayor desafío. El gobernador Juan Schiaretti tendrá que afrontar una crisis prácticamente autoinflingida y profundizada por el avance del Covid-19. Una provincia endeudada, una pobreza estructural del 40 por ciento y un sistema de salud público desmantelado son solo algunos de los elementos de 20 años de gobiernos peronistas en la provincia.
Guillermo Torrent Asesor legislativo FIT - Córdoba @Guillotadas
Miércoles 1ro de abril de 2020 17:25
En la noche del 12 de mayo del año pasado, cuando fueron las elecciones provinciales, la foto que se veía era la de un peronismo que se preparaba fortalecido para un nuevo mandato de Schiaretti como gobernador. Desde La Izquierda Diario señalamos los límites que tenía esta lectura viendo cómo se iba desarrollando la película.
Durante este periodo abierto por la llegada del Coronavirus al país, y la imposición de la cuarentena, la trama de la película empieza a mostrar algunas puntas por donde puede venir el guión.
La fragilidad del entramado creado por los 20 años de peronismo en el Gobierno provincial queda expuesta con los centenares de miles de familias que viven hacinadas. Queda expuesta en la precarización laboral extendida en la juventud, tanto en la capital provincial como en el interior.
Pero lo más acuciante y preocupante para la población es la situación de la salud, tanto en infraestructura como con las condiciones de trabajo de la gran mayoría de los efectores de salud.
Dicen, como virtud de Schiaretti, que es un obsesivo de que las cuentas cierren, las “planillas de Excel” que tanto pregonaba el macrismo. Esta política también la aplicó en salud, la gestión del ex ministro Fortuna se caracterizó por sub ejecuciones en el marco de una mayor afluencia del sistema de salud pública al profundizarse los despidos y por tanto pérdida de cobertura de obras sociales o prepagas.
Cualquiera podría aducir en defensa del gobernador que estamos frente a una crisis extraordinaria, pero el gobernador no tuvo ni el mínimo reflejo, o por lo menos no lo hicieron saber, de convocar a los empresarios de las industrias automotrices o la metalurgia en general, para pensar planes de reactivación industrial. Empresas multinacionales en su mayoría, que dicho sea de paso, cuentan con ventajosas exenciones impositivas a su favor.
El gobierno esperaba un mandato tranquilo en su primera mitad, basado en la amplia mayoría de la Legislatura y el triunfo en la capital provincial. Hace menos de un mes también se preparaban para un relativamente cómodo triunfo en Río Cuarto, la segunda ciudad de la provincia.
Incluso, mientras el radicalismo se enfrasca en luchas internas, llegando a tener dos bloques en la legislatura, y tres en el concejo deliberante de la capital, el peronismo se preparaba para una lista de unidad para las elecciones internas partidarias. Habían logrado encolumnar detrás del gobernador a La Cámpora, y a través de ellos, a los “albertistas” dirigidos por el senador Caserio.
Aparentemente hoy, los albertistas envalentonados con un alza coyuntural de la imagen del presidente estarían dispuestos a presentar una lista interna, claro que esto es todo música del futuro y será determinante como se desarrolle la pandemia.
Schiaretti plantea que sus preocupaciones son “los pobres y las PyMES”, pero su preocupación principal es difundir a través de sus medios amigos todas las mañanas la cantidad de detenidos por violar la cuarentena, en los últimos días se han empezado a registrar abusos por parte de la policía como vimos en Bell Ville, con un efectivo disparando balas de plomo por la espalda a un joven desarmado, Embalse donde detuvieron a un trabajador de la planta nuclear o Alta Gracia, donde irrumpieron violentamente en una viviendo empujando a los habitantes y deteniendo a una persona por supuestamente violar la cuarentena, sin avisar siquiera adonde era trasladado el detenido.
A pesar de la imagen que se intenta mostrar, el equilibrio es amenazado por todos lados. Al igual que a nivel nacional, se mantienen cerrados a cal y canto los principales órganos legislativos como la legislatura y los concejos deliberantes, Schiaretti y Llaryora se arrogaron la suma del poder público, pero por todos lados brotan problemas.
Según distintos especialistas, peligran más de 300 mil puestos de trabajo en la provincia, centralmente en el comercio y el sector servicios, para dar cuenta de la magnitud de esta crisis, si tomamos estas personas, junto a sus familias, hablaríamos que alrededor de un cuarto de la población de Córdoba se sumaría a la pobreza o la indigencia.
Esto se expresa en la situación en los barrios populares, como los más de 700 mil trabajadores que se encuentran en la informalidad, o donde los inmigrantes no tienen derecho a recibir los insuficientes 10 mil pesos que planteó el Gobierno nacional. También existe preocupación en el Gobierno por la situación de las cárceles donde todo indica que pueda explotar la mecha en cualquier momento. En los dispensarios de la capital se multiplican los reclamos de los profesionales por insumos, que son cubiertos en su mayoría por la solidaridad de los mismos vecinos.
Muchos analistas creen que de prolongarse aún más la cuarentena, la provincia y los municipios tendrán graves problemas para poder pagar los salarios en el mes de mayo. La Nación envió 10 mil millones de pesos en concepto de coparticipación, apenas un 12% más que el mismo período del año pasado, pero con una inflación interanual de alrededor del 50%, significa una brusca caída en los ingresos.
En algunos municipios ya comenzó, La Izquierda Diario recibió denuncias de empleados de la localidad de Unquillo a los que sólo les liquidaron 2 mil pesos y no dieron ninguna certeza sobre el resto. Por eso Schiaretti, en un frente con el resto de los gobernadores, estaría presionando para mayor emisión monetaria.
Igualmente, la crisis no le impidió al intendente Llaryora pagar (sin ningún tipo de investigación) 6 millones de dólares en concepto de intereses de una deuda contraída por Ramon Mestre, unos 150 millones de dólares que nunca quedó claro en qué fueron utilizados.
Al igual que Alberto Fernández, en Córdoba también se se prefirió pagar a los acreedores internacionales antes que priorizar la salud de los cordobeses.
Ni hablar de uno de los puntos que parece haber sido olvidado en esta pandemia, pero que preocupa al gobernador que es la financiación de la caja de jubilaciones provincial, con un déficit de varios miles de millones de pesos.
Las distintas patronales están aprovechando la crisis para avanzar en despidos y suspensiones, o en algunos casos, como en aquellas que brindan algún servicio esencial, intentando ganar algunos pesos más siendo displicentes con las medidas mínimas de higiene y seguridad para los y las trabajadoras.
Los sindicatos, tanto los que agrupan a trabajadores estatales, como los del sector privado, son los grandes ausentes en esta crisis.
Hay que ver cómo reaccionan ahora que desde el Panal se anunció un recorte de hasta un 30 por ciento en los salarios de los estatales en el mes de mayo.
Si bien aún no está muy claro el alcance de la medida, la incertidumbre, sumada a las magras condiciones en que las y los trabajadores del estado realizan su trabajo, ya están generando descontento en las bases.
Lo que sí queda claro, es que como sucedió durante las últimas dos décadas, el PJ no está dispuesto a tocarles las ganancias ni a los sojeros que destruyeron el medio ambiente, ni a las multinacionales automotrices, ni a ninguno de los grandes capitalistas que han devastado la provincia.
