Al calor del cambio climático, Argentina avanza en políticas enmarcadas en el Acuerdo de Paris, profundizando su rol de país dependiente y atrasado. La aplicación de Mecanismos REDD+ de la ONU, prometen pinos por dólares, pero solo traen mayor despojo, sequía e incendios. La política del desierto verde en nuestro país tiene un largo recorrido.
Viernes 21 de mayo de 2021 07:54
Otro legado menemista para el despojo
La ley 25.080 sancionada en 1998 que promueve la plantación de pinos, fue prorrogada en 2008 y nuevamente en 2019 por el congreso nacional como ley 27.487. Por la misma, además de estabilidad fiscal por 30 años, lo cual significa un régimen impositivo no variable y una enorme serie de exenciones impositivas y reintegros, los propietarios de plantaciones de hasta 600 hectareas recibirán un reintegro de entre el 80% y el 40% de la inversión inicial en la siembra, y hasta un 70 % del costo de las tareas de poda y raleo de las plantaciones, de manera no retributiva a costa del Estado.
Desde la liquidación en 1991 del IFONA (Instituto Forestal Nacional) y la sesión de la administración de los recursos forestales a las provincias con la reforma constitucional de 1994, las provincias son las encargadas de la implementación de esta ley que regula en tanto autoridad de aplicación la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así, CORFO en Chubut, o ENFORSA en Río Negro, son los brazos ejecutores de una política de plantaciones que tiene a empresarios como Luciano Benetton entre sus principales protagonistas.
Cuartel forestal Cushamen de la Compañía de Tierras del Sur
El informe “Documento País 12, Riesgo de desastres en la Argentina” elaborado por el Ministerio del Interior en 2012, plantea para la región patagónica el “aumento de riesgo de incendios de vegetación” asociados a una caída de las precipitaciones y el aumento de la temperatura promedio, al tiempo que plantea una reducción de los glaciares y la caída del cauce de los principales ríos de la región. De hecho el informe contabiliza la pérdida de 10 367 686 hectáreas en 649 incendios registrados entre 1970 y 2007 con 71 fallecidos y la destrucción de 66 viviendas en los mismos.
En el año 2020, según datos del Servicio Federal de Manejo del Fuego (SFMF), más de 1 150 000 hectareas se incendiaron, es decir que en un año se perdió el equivalente a cuatro años estudiados en el anterior informe. Este año, según el SFMF, llevamos perdidas 102 000. Solo este verano, en la región patagónica se perdieron más de 31 500 hectareas en incendios forestales. Solo en la Comarca Andina fueron más de 14 000, más de 400 viviendas destruidas totalmente, y tres personas fallecieron.
El papel de las plantaciones de coníferas exóticas en esta tragedia, está fuera de discusión. Su propagación invasiva a partir de los incendios forestales, el impacto sobre la flora y fauna nativa y las fuentes de agua, tampoco. Sin embargo el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sustentable acaba de elaborar un listado de especies exóticas invasoras, donde establece dos categorías: 1) erradicables por su alto impacto ambiental, y 2) tolerables con control en función de su aporte al desarrollo económico. Dentro de esta segunda se incluyen once especies de pinos utilizados en implantaciones.
No solo eso, el Ministerio de ambiente avanza también en la reforma de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos sancionada en 2007, implementada de modo parcial, sin financiamiento claro. Como ilustra la Fundación Vida Silvestre, la provincia de Rio Negro, con el 2% de los bosques nativos del país (unas 470 000 hectáreas) recibió en 2019 solo el 4,7% del presupuesto de $ 196 000 000 asignados por dicha ley. Chubut por su parte, contando con el 5% de los bosques nativos del país (más de un millón de hectáreas), recibió también un 4,7% de los $ 363 000 000 asignados para dicho periodo.
Resulta evidente una necesaria revisión de los términos de dicha ley, pero en los términos planteados por el proyecto del Ministerio, la modificación de la ley hace primar la lógica de la “sustentabilidad” entendida en términos económicos. Así, términos como “aprovechamiento responsable del bosque”, “responsabilidad empresarial” o “cambio de uso del suelo”, reemplazan a "hacer prevalecer el principio precautorio y preventivo” o “desmonte”. Una serie de eufemismos para imponer un criterio productivista y antropocéntrico.
Al mismo tiempo, aunque incorpora la figura especifica de “delitos contra el bosque nativo”, deja como autoridad de aplicación de la misma a las autoridades de cada jurisdicción, las que al mismo tiempo se encargarán de administrar las partidas presupuestarias del “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”, creado “con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”.
Por otro lado, establece que como mínimo el 60% de dicho Fondo será destinado a los propietarios de tierras con bosque nativo que acrediten un Plan de Manejo y hasta el 40% será destinado a la Autoridad de Aplicación local para el monitoreo, fiscalización y asistencia técnica o financiera entre otras.
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¿Greenwashing?
Ante el avance del cambio climático, la ONU lanzo el programa REDD+ (Reduccion de Emisiones causadas por la Deforestación y la degradación de bosques) en el año 2007 como parte de los acuerdos alcanzados en el marco del Protocolo de Kyoto de 1992 para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Como parte de ello se han implementado los MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) por los que empresas altamente contaminantes como Total o Nestle financian a través de agentes como el fondo de inversión Black Rock, plantaciones que en teoría absorben el dióxido de carbono de la atmosfera. Es decir que no solo continúan contaminando en función de “compensaciones” a través de “soluciones basadas en la naturaleza”, sino que esto se ha transformado en un enorme negocio financiero.
“De las 500 principales corporaciones del mundo, sólo 67 hicieron compromisos alineados con el Acuerdo de París para reducir sus emisiones. La gran mayoría de las corporaciones aún no dan a conocer sus emisiones, ni han tomado acciones para abordarlas. Además, aunque inguna corporación financiera global ha adoptado todavía políticas para frenar la quema de combustibles fósiles, el dinero canalizan a las compañías de combustibles fósiles, ha aumentado cada año desde que se adoptó el Acuerdo de París, sumando más de 2 billones 700 mil millones de dólares en los últimos cinco años.” Dice el Informe “El “maquillaje verde” de las corporaciones” publicado por GRAIN en marzo 2021.
El mismo informe continúa, “en la revisión de los planes de ruta la definición de los proyectos y los escenarios para llegar a las emisiones netas cero que las corporaciones están haciendo públicos, se demuestra que su versión de emisiones netas cero es, realmente, sólo un compromiso con mantener el crecimiento de sus operaciones altamente contaminantes y (posiblemente) compensar estas emisiones mediante el pago a otros para extraer el carbono de la atmósfera. Los planes son científicamente incorrectos y ponen la mayor parte de la carga y el riesgo en los hombros de las comunidades en el sur global, cuyas tierras serán el objetivo de estos programas de compensación.”
Los créditos REDD+, han aportado confusos resultados, ya que el avance de la deforestación no solo no se ha detenido, sino que hasta ha aumentado en zonas monitoreadas como la Amazonia, Mato Grosso o Ecuador, al tiempo que ha implicado un mayor avance de las corporaciones y los Estados en detrimento de las comunidades que habitan estos territorios. Hasta ahora, no han servido sino como agentes financieros para el “lavado verde” de la contaminación, y la renovación del pacto colonial.
Solo entre el gigante suizo de la alimentación Nestlé, la empresa de hidrocarburos italiana ENI y el gigante anglo-holandés del petróleo SHELL, necesitarían una 20 millones de hectáreas de plantaciones por año para absorver sus emisiones declaradas. Obviamente, estas plantaciones, mayormente de pinos, estarán ubicadas en los países dependientes del sur global, siendo África uno de los destinos favoritos para tal inversión.
Desde el Acuerdo de Paris en 2015, Argentina como país firmante, se comprometió a reducir en un 50% las emisiones de GEI (gases de Efecto Invernadero) hacia 2030, y llegar al 0% GEI en 2050, para impedir que la temperatura promedio global sobrepase los 2°de aumento. Ratificado por Alberto Fernández en diciembre de 2020, el acuerdo ya constituye un fracaso, que el propio Fernández reconoció al bajar el objetivo de reducción de emisiones a 25,7% para 2030.
Como parte de ello, Argentina a través de la ley 27270 de 2016, adhirió a este proceso de “greenwashing” (lavado verde), por el cual recibiría financiamiento para el desarrollo de proyectos REDD+ en el país. Dólares, el talón de Aquiles de nuestra economía dependiente, atrasada y con rasgos semicoloniales, a cambio de pinos.
¡No todas son pálidas!
No, hay buenas noticias. La Página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, detalla el “Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030” (ForestAr2030), es decir que el Estado está planificando nuestro futuro. Bueno, no. Desde el comienzo el documento solo es accesible desde la página de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la entidad patronal que nuclea a grandes empresas como Arauco o Papel Prensa, ya que en la del ministerio no se puede ver.
“Argentina reconoce el potencial de sus bosques, valorizando los servicios eco sistémicos que brindan y especialmente su rol en la mitigación del cambio climático. Para el 2030 lo aprovecha de manera sustentable, generando oportunidades que fortalecen las economías regionales; en el contexto internacional, es un actor confiable y competitivo de los mercados globales de productos de base forestal.” ¿Ahora se entiende la modificación de la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos?
Si entrecruzamos el proyecto de modificación de la ley de bosques, con la nueva categorización de exóticas y el Forestar2030, podremos ver como la lógica de intervención del Estado en materia forestal es idéntica a la de las empresas del sector, y está en un todo hermanada con la política de los REDD+.
Toda una política de colonización forestal en línea con la política extractivista del gobierno nacional, continuidades más o menos desde la arremetida neoliberal menemista, que avanza con megaminería, fracking, agrotóxicos y , en palabras de Lino Pizzolon, megapinería.
