Ejército en las calles. Por “diferencias” sobre militarización, peligra la alianza Va por México

Uno de los temas más en boga en el ámbito de la política nacional actualemente es sin duda alguna la militarización. Término que se popularizó desde el 2006 durante el sexenio del panista Felipe Calderón, quien inició la “guerra contra el narco”, que lejos de mermar el poder que mantienen los grupos del crimen organizado en el país, costó la vida de 350 mil personas. Desde ese momento hubo profundas críticas contra esta estrategia y a más de 15 años del inicio de la militarización del país, sigue siendo uno de los grandes cuestionamientos de esa administración.

Ahora, de la mano de MORENA se concreta un nuevo paso en esa política. El acelerado proceso de adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA ha generado una nueva oleada de críticas a la 4T, por el carácter violatorio a los derechos humanos que representa continuar dándole más poder y libertad a las fuerzas armadas y por ende permitir la extensión de la militarización del país.

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Propuesta de reforma

Cuando AMLO anunció con bombo y platillo la creación de la Guardia Nacional, la presentó con carácter civil y como alternativa de fuerzas armadas que estarían al servicio de la población. Sin embargo, pronto comenzó a ser utilizada para perseguir migrantes, e incluso para reprimir luchas sociales, aunque luego se le encomendaron diferentes tareas, como las campañas de vacunación de Covid, para legitimarla.

En el decreto de creación de la Guardia Nacional, el artículo quinto transitorio señala que “Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanentemente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. Y es precisamente este artículo el que la diputada priista Yolanda de la Torre ha propuesto cambiar, ampliando el plazo de 5 a 9 años, lo que excedería incluso el mandato de AMLO.

Pero, ¿por qué la integrante de un partido que se opone abiertamente a la 4T apoyaría una de las iniciativas más polémicas de AMLO?

Recordemos que la alianza Va por México, conformada por el PRD, el PAN y el PRI, pactó una moratoria constitucional para frenar todas las reformas presentadas por la 4T, lo que consiguieron con la reforma eléctrica que fue desechada por el pleno ante la falta de apoyo.

Sin embargo, los argumentos de la diputada priista para justificar la modificación plantean que es imposible que un cuerpo policial sólido se construya de la noche a la mañana y más aún cuando se proponen terminar con el crimen organizado. Por lo que un plazo de 5 años no es suficiente tiempo para conseguirlo.

Flaquea la alianza

Jesús Zambrano, líder del PRD, declaró que había “molestia” por la iniciativa que la diputada presentó de manera personal. Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que de no “bajarse” dicha propuesta se amenaza la “alianza” que han construido los 3 partidos y de gira en Puebla llamó a todos los integrantes de Va por México a que cumplan su palabra y no permitan la militarización del país.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, pidió paciencia ante la propuesta y dijo que la postura del partido quedaría clara en una conferencia de prensa.

No es la primera vez que esta alianza política contra la 4T flaquea. A finales del año pasado la dirigencia del PAN “llamó al orden” al PRI por mostrar simpatía con elementos de la reforma eléctrica que proponía AMLO. Pero al final se mantuvieron en frente unido para impedir que pasara la propuesta.

De cara a los medios de comunicación, la principal razón para desestimar esta propuesta es la negativa total al avance en la militarización del país, lo cual es completamente contradictorio si tomamos en cuenta que fue precisamente el presidente panista Felipe Calderón quien sacó indiscriminadamente a los militares a las calles.

Pero más allá de las disputas entre los partidos políticos del régimen, el aumento de la militarización del país, ya sea mediante la Guardia Nacional o mediante el Ejército, solamente implicará más atropellos y violaciones a los derechos humanos de la población.

Tan solo en 2020, a dos años de su creación, la Guardia Nacional se presentaba como una de las 10 autoridades con más denuncias de violación a los derechos humanos. Por más intentos de presentar a este organismo con carácter civil, es innegable que su dirigencia depende completamente de mandos militares y su composición incluye un 80% de militares. Entonces, ¿cómo podrían los mismos militares que han cometido infinidad de crímenes proteger ahora a la población?

Frente a las probadas consecuencias de la militarización del país, es fundamental la movilización de la clase trabajadora, junto a las y los estudiantes y el conjunto del pueblo oprimido, para exigir tanto el regreso del Ejército a los cuarteles como la disolución de la Guardia Nacional.

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