El juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, dictó el procesamiento de Roberto Galeano quien en 2014 se infiltró en una protesta de los trabajadores de Lear y luego ordenó la detención ilegal de un manifestante.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Martes 22 de mayo de 2018
Después de 4 años, Roberto Galeano, Coronel Retirado del Ejército (especialista en tareas de inteligencia), quedó procesado por considerarlo autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida simulando autoridad pública.
Galeano ya había sido procesado por el mismo delito en mayo del 2016, pero luego de la apelación de sus abogados, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó ese procesamiento.
El ante último día de julio de 2014 manifestantes solidarios con los trabajadores despedidos por la multinacional Lear, habían emprendido con vehículos, una caravana a paso de hombre por la Panamericana. Un impresionante operativo de Gendarmería, comandado por Sergio Berni, Secretario de Seguridad, que actuaba en los hechos como ministro del Gobierno de Cristina Kirchner, los esperaba.
Todos recordamos, porque las imágenes recorrieron durante días las cámaras de TV, que en ese momento el jefe del operativo, Comandante Mayor Juan Alberto López Torales decide simular ser atropellado por uno de los autos y se tira en palomita sobre el capot abollándolo y rompiendo el vidrio, luego rodó sobre el asfalto.
Galeano que estaba de civil y había pretendido mezclarse entre las personas que se manifestaban, en ese acto (protagonizado por Torales, conocido como “el gendarme carancho”, digno de una escena de “Rambito y Rambón”), hace su aparición junto a los gendarmes y comienza a impartir órdenes para que detengan al conductor del vehículo, Christian Romero. A los gritos Galeano vociferaba: “bajalo a los palazos, carajo”. Fue tan escandaloso el accionar de la Gendarmería que a Berni no le quedó más remedio que a las pocas semanas, romper el contrato que tenía con ese personaje.
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Innumerables pruebas, fotografías y videos, como así también la palabra de testigos oculares, fueron por aquel momento suficiente certeza, como ahora, para que la Jueza Arroyo Salgado procese tanto al “gendarme carancho” como al militar retirado Galeano, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento de Torales, increíblemente le dicta la falta de mérito a Galeano.
En la causa que recayó en el juzgado de Arroyo Salgado, se tomó en consideración, además de las innumerables pruebas aportadas, los testimonios de personalidades de organismos de DDHH como la del recordado Roberto “Cachito” Fukman, durante años dirigente del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Pero para el Tribunal de la Cámara de Apelaciones, Sala II, integrada por los doctores Alberto Lugones, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, nada de todo eso fue suficiente. Los abogados de la querella, integrantes del CeProDH, manifiestan que no debe haber delito más probado que este. Pero evidentemente se buscó darle una “mano” a un ex militar de contrainteligencia.
La querella apeló esta falta de mérito, teniendo que aportar nuevos testigos y más pruebas y ante esto el Juzgado N° 1 de San Isidro, ratifica su fallo y vuelve a procesar a Galeano.
Pero ese tribunal tiene antecedentes de la doble vara con la que emite sus fallos.
Esta misma Sala es la que revocó el sobreseimiento de 9 manifestantes, en el marco de la misma lucha de trabajadores despedidos de Lear. En esa oportunidad la jueza en primera instancia Alicia Vence había sobreseído a los manifestantes, reafirmando el libre ejercicio de la protesta social y el derecho a reunión y manifestación.
El fiscal Jorge Sica, conocido por obstaculizar investigaciones contra militares genocidas, junto al fiscal Paul Starc, apelan esa decisión y es así como la causa llega a la Cámara Federal de Apelaciones, que les da la razón. Varios de esos manifestantes habían ido a denunciar la fuerte represión de la Gendarmería, que los terminó hiriendo. Pero los fiscales, junto con el tribunal de la Sala II consideraron que era a ellos a quienes se debía investigar. Todo esto basado en declaraciones de Torales, alias el “gendarme carancho”.
Así actúa este tribunal: inculpando a trabajadores que luchaban por sus puestos de trabajo e intentando librar de culpa y cargo a infiltrados de las fuerzas represivas
Berni: de infiltrado a infiltrar militares en manifestaciones de trabajadores.
Es conocido el hecho de que Sergio Berni, en el 94, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz, bajo sus órdenes se infiltró entre los mineros de Río Turbio, con la excusa de que como médico quería colaborar con ellos. Veinte años después, ya como segundo en el ministerio de Seguridad, también en un gobierno kirchnerista, él es el que envía bajo sus órdenes a infiltrar manifestaciones de trabajadores.
Así se desprende de aquella jornada solidaria con los obreros de Lear. Roberto Galeano afirmó que él respondía directamente ante Berni.
Según sus dichos, fue contratado para “observar el accionar de las fuerzas de seguridad” y que “no interactuaba con los gendarmes”. Pero todos los testigos manifestaron, y las innumerables pruebas lo corroboraron, que primero quiso hacerse pasar por un manifestante más, y solo cuando es advertido por las personas que estaban ese día en la caravana, vuelve a juntarse con los integrantes de la fuerza represiva, les da órdenes y comete el delito por el cual se lo procesa: “privación ilegal de la libertad”, del conductor del vehículo que fue “atropellado” por el “gendarme carancho”.
Ahora los abogados del CeProDH insistirán para que la causa se eleve a juicio oral y se siente en el banquillo de los acusados el enviado de Berni contra los trabajadores.
