Chile. ¿Por qué la derecha chilena controla la agenda política si Gabriel Boric es el presidente?

El asesinato de la carabinera Rita Olivares ocurrido el domingo pasado en la localidad de Quilpué, región de Valparaíso, abrió un clima reaccionario, empujado por todos los partidos del régimen y los grandes medios de comunicación. La agenda securitaria y de defensa de Carabineros se tomó la discusión política. La derecha pasa a la ofensiva para que se aprueben una serie de leyes que instauran el más estrecho populismo penal. Este discurso no sólo es asumido por el gobierno, sino incluso por figuras como Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso que hoy es independiente pero viene del partido de Boric, y Rodrigo Mundaca, gobernador regional por el Frente Amplio. Es probable que los rasgos autoritarios o "bonapartistas" del Estado den un salto tras la instalación de esta agenda de seguridad.

Aprovechan el clima para votar leyes inaceptables, como la Ley Nain-Retamal que establece una “presunción de racionalidad”, la cual funciona como un eximente de responsabilidad penal a favor de Carabineros. Con esto, responden al llamado del propio General Director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien hace unas semanas presionó al Congreso para tomar medidas que permitan a la policía “tener la certeza que lo que va a hacer no será cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades ni por nadie”.

Al respecto, el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez afirmó que “compartimos completamente el objetivo y la finalidad, pero hay que hacer las modificaciones pertinentes para que se respete el Estado de Derecho”. Es decir, está en curso una negociación por el alcance de la nueva legislación. Pero la disposición por aprobar la mayoría de estas leyes ya fue declarada. El propio presidente Gabriel Boric marcó el tono, asegurando que “vale la pena reflexionar respecto a nuestras acciones en el pasado”, refiriéndose a los cuestionamientos de su sector por las violaciones de los derechos humanos por parte de Carabineros durante el estallido social.

Nuevamente el gobierno progresista del Frente Amplio y el Partido Comunista, ceden ante la presión de la derecha y la opinión pública formada por los grandes medios. ¿Y quiénes son los que ganan? Las propias figuras de la derecha. No es casualidad que mientras el gobierno asume con más energía la retórica de la derecha, personajes de la pinochetista UDI como Evelyn Matthei y Rodolfo Carter suban en las encuestas.

El rol histórico del gobierno de Gabriel Boric

Naturalmente toda la agenda abierta tras la muerte de Rita Olivares favorecerá a la derecha. Ellos están en la posición de capitalizar política y electoral el clima político de estas semanas. Pero vayamos un poco más allá. La pregunta es cómo y por qué el gobierno de Gabriel Boric permanentemente ha tenido que asumir la agenda impuesta por la derecha.

Como venimos analizando, los gremios empresariales y los partidos que sostienen el régimen están apostando por reeditar la política de los “consensos” para recomponer la gobernabilidad post estallido y post pandemia. No quieren dejar al gobierno en el piso ni menos forzar un cambio de presidente. El rechazo por parte del Tribunal Constitucional del requerimiento frente a los indultos tiene este trasfondo, pues de aprobarse hubiese dejado a Gabriel Boric en el aire.

De lo que se trata es de desgastarlo y pautearlo lo más posible. Para la burguesía eso significa aceptar ciertas reformas, pero limitándolas y desfigurándolas lo más posible. Esto es lo que vimos tras el rechazo de la reforma tributaria. Los dueños de Chile saben que es inviable dejar al gobierno sin una reforma tributaria, pero se aprestan a modelarla a su pinta. Incluso reformas que favorecen a los trabajadores como es la reducción de la jornada laboral, es apoyada por sectores importantes del empresariado, pero sólo luego de que se integraran indicaciones de flexibilidad laboral que ya habían sido propuestas por el gobierno de Piñera.

La función de un gobierno progresista para los dueños de Chile, es que tiene la “legitimidad” por izquierda para impulsar ciertas tareas fundamentales desde el punto de la gobernabilidad capitalista. El gobierno de Gabriel Boric se ha prestado a cumplir esta tarea histórica, que abarca diversos campos. Desde sostener el fraude constituyente, asegurar la “responsabilidad” y ajuste fiscal, defender una posición subordinada a Estados Unidos en el plano internacional (como se ve en la patética retórica de Boric a favor de Zelensky o la aprobación del TTP-11, un tratado que vulnera la soberanía chilena en favor de las empresas imperialistas), el fortalecimiento de Carabineros, militarización del sur y las fronteras, entre otras.

Las leyes de populismo penal que probablemente se aprueben de manera express son expresión de lo mismo. Como decíamos, se trata del fortalecimiento de los rasgos “bonapartistas” o autoritarios del régimen, que durante el gobierno de Gabriel Boric han dado un salto. Quizá nunca a lo largo de los 30 años de transición, Carabineros y Fuerzas Armadas habían contado con tantas prerrogativas y blindaje institucional.

Aunque el gobierno venía fortaleciéndose en las encuestas, esto está muy lejos de transformarlo en un gobierno fuerte. Lo que se expresa en su incapacidad de gobernar el parlamento y mantener el control de la agenda.

La existencia de fenómenos “populistas” de derecha como Parisi o Carter (o incluso Pamela Jiles, que viene de la izquierda pero que giró a trabajar sobre ese espacio), o variantes de extrema derecha tipo Kast (que no es populista, pero coquetea permanentemente con estos discursos), es otro de los rasgos del escenario político. Si bien no son estos fenómenos los que marcan la tónica, sí cumplen un rol fundamental a la hora de desgastar al gobierno y de presionar para que la derecha “tradicional” asuma un discurso más duro. Sin embargo, hay que notar que la coalición de la derecha, Chile Vamos, lo hace para contenerlos, porque en el establishment hay acuerdo en evitar un futuro gobierno “populista”.

Así, el proyecto estratégico de sectores claves de la burguesía en el corto plazo, es apostar a que Boric ayude a “normalizar” la situación post revuelta y post pandemia, para ir a un gobierno de recambio de la centro derecha.

De la agenda mediática al proyecto estratégico

Sin embargo, esto incluye un esfuerzo consciente por recomponer una centroizquierda del régimen, porque saben que sólo con la derecha en el gobierno y una centroizquierda débil en la oposición, es imposible gobernar Chile. En esto se enmarca el “transformismo” del Frente Amplio, que giró directamente a formar una alianza estratégica con el Partido Socialista y desde ahí dirigir a los demás partidos de gobierno (buscando mantener al Partido Comunista como pata izquierda, al PPD del expresidente Lagos como pata derecha, etc).

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Es decir, existe un intento de formar una nueva “hegemonía” con este reordenamiento del mapa político. No se trata sólo de una movida en las alturas: implica buscar “agregar” a nuevos sectores sociales como las clases medias progresistas, la burocracia sindical de los sectores altos de la clase trabajadora, el movimiento de mujeres, entre otros.

Sin embargo, se trata de un intento de hegemonía “débil”. Con esto queremos decir, que luego de fracasada la línea del “apruebo nueva constitución” (que implicaba un cambio de régimen y una “ampliación” del Estado para incorporar sectores que históricamente habían sido marginados del régimen de la transición), la política de “grandes consensos” es muy acotada y busca recomponer la correlación de fuerzas pre revuelta. Es decir, apunta a un régimen que sigue dejando fuera a sectores importantes, partiendo por los más pobres. A su vez, recordemos que el régimen de la transición fue exitoso en gran medida empujado por el crecimiento económico y el aumento del consumo. Este último factor es estructuralmente mucho más débil en la actual situación: si bien por un lado se ha recompuesto la tasa de ganancia e inversión, por el otro están cayendo los ingresos reales (situación contraria al despegue de los 90 y al boom del ciclo de las materias primas, donde había un relativo “chorreo”). Lo que pone límites a la consolidación de una nueva hegemonía.

Este esfuerzo no sólo se expresa en el terreno político, sino también económico. De conjunto, pareciera que el proyecto del sector más concentrado del capital, es relanzar un nuevo ciclo de crecimiento neoliberal aceptando cambios parciales que no cuestionen este modelo, y abrir nuevas vías del saqueo con el litio o el hidrógeno verde. Hay una ofensiva de distintos sectores imperialistas (y también de China) por meterse al Litio. Como abarca Argentina y Bolivia, hay sectores que ven que Chile puede quedarse rezagado. El debate está abierto, pero al parecer la “política nacional de Litio” que impulsaría Boric, estaría en la línea de lo que quiere la burguesía. Es decir, que sea explotado por empresas privadas nacionales y extranjeras, y que el Estado tenga un sistema aceitado de concesiones.

En ese sentido, frente a la encrucijada del “fin del ciclo económico” que ya se arrastra por una década, todo indica que la burguesía apuesta por mantener exactamente el mismo esquema que combina saqueo de recursos naturales y apertura económica total (con alineamiento político con Estados Unidos), buscando aceitarlo y darle nuevos aires con el Litio.

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Más allá de los vaivenes de la coyuntura, de los flujos y reflujos del clima social, durante el primer año del gobierno de Gabriel Boric se fueron delineando los proyectos estratégicos de la clase dominante en Chile y el papel de cada uno de los partidos. Resulta imposible brindar el más mínimo apoyo a un gobierno de estas características. El Partido Comunista es la pata de izquierda del gobierno y juega el importante rol de cubrirle ese flanco, criticando verbalmente lo que resulte más escandaloso, pero cuidándose de brindarle el apoyo parlamentario y ministerial necesario para aprobar cada una de sus medidas.

Este es el punto de partida para discutir las bases de un nuevo proyecto político desde la izquierda revolucionaria y socialista, que logre articular un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, con medidas estructurales que permitan realmente resolver las necesidades profundas que están detrás de la crisis social y política que recorre el país. Partiendo por acabar con el saqueo de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, la dependencia y subordinación a las potencias imperialistas, la precariedad estructural de la vida, de la educación, de las pensiones, de la salud y de la vivienda.