Luego de la aprobación en la ONU de la resolución para la reestructuración de las deudas, el gobierno renueva su discurso de “enfrentamiento con los buitres”. Cómo se preparan las condiciones “soberanas” para una nueva entrega.

Lucía Ortega @OrtegaLu_

Victoria Sánchez @VickytaTw
Sábado 12 de septiembre de 2015
Foto: AP
El gobierno nacional en su “batalla contra los buitres” ha festejado el jueves pasado el resultado de la votación en las Naciones Unidas, en donde consiguió con 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos en contra, la aprobación de nueve puntos definidos como los “Principios básicos para la reestructuración de deudas soberanas”.
Por cadena nacional la presidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó que “debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado (…) la Argentina ha ejercido su responsabilidad solidaria frente al resto de los pueblos y su responsabilidad política ante el orden internacional”. En tanto que el ministro de Economía Axel Kicillof, por video conferencia desde la ONU, consideró que se trata de “una votación histórica”.
La resolución aprobada, no vinculante, consta de nueve principios entre los cuales la presidenta destacó “el reconocimiento de soberanía de los Estados; la inmunidad soberana para que nadie pretenda embargar embajadas, Bancos Centrales o como nos pasó a nosotros, una fragata” y “el tratamiento equitativo para todos los acreedores, la reestructuración por mayoría y el principio de sostenibilidad”.
El texto de la resolución se encarga asimismo de asentar que “la reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores” (punto 1 y 8) y aclara que actúa como garante de la estabilidad del sistema financiero internacional (punto 8). Una verdadera declaración de principios.
Negociando las condiciones de la entrega
El gobierno se embandera detrás de la defensa a la soberanía nacional y se ubica al mismo tiempo como “garante del orden internacional” frente al sistema capitalista “anarco financiero” –a decir de la presidenta-, al tiempo que sigue dando pasos en su vuelta a los mercados de crédito internacional y allana el camino para que el nuevo gobierno que asuma, sea de Scioli, Macri o Massa, pueda endeudarse “soberanamente”.
Este proceso no sólo implicó una salida permanente de divisas desde la reestructuración de 2005 para “recuperar la confianza de los mercados” mediante el pago de millones de dólares en su política denominada de “pagadores seriales”, sino que ahora también consiste en “humanizar” la entrega, mediante un falso enfrentamiento con los acreedores buitres.
La votación impulsada por Argentina y consensuada por el Grupo de los 77 + China se realiza en un contexto en el que la economía internacional se encuentra atravesada por una profunda crisis. Mientras que las perspectivas económicas más optimistas para Argentina auguran un panorama recesivo, sus socios comerciales más importantes no corren mejor suerte.
En el caso de Brasil, luego de registrar dos trimestres consecutivos de caída de la producción, ha entrado formalmente en recesión técnica y el gobierno de Dilma Roussef ya ejecutó como respuesta nuevos recortes para el pueblo trabajador. A su vez, China todavía intenta controlar los vaivenes de su mercado financiero, mientras sigue la caída del precio de los commodities como el petróleo y los productos agrícolas. Por lo tanto, frente a un contexto de mayor escasez de divisas y posibles guerras de monedas, el mecanismo de salvataje capitalista consiste en la búsqueda de nuevos préstamos externos y más ajuste.
El gobierno sacó las lecciones de la experiencia con Griesa y los holdouts, y busca ahora, con esta resolución, un apoyo simbólico para evitar nuevos obstáculos en el camino del nuevo endeudamiento. Nunca estuvo en sus planes poner en cuestión la deuda externa, ni la ingeniería financiera internacional. De lo que se trata ahora es encontrar “acreedores buenos”, que acepten las “fuertes” condiciones que le imprimen los países endeudados.
“Los buitres que tu enfrentas, gozan de buena salud”
Sin embargo, la política hacia los acreedores no ha sido de tal enfrentamiento como el sostenido en los discursos oficiales. En la reestructuración de Kirchner y Lavagna en el año 2005 los buitres “modestos” que aceptaron la “quita” obtuvieron trescientos por ciento de ganancias sumadas a los grandes beneficios de los cupones por inflación y PBI, sin considerar el “margen” que alcanzaron por haber comprado los bonos por centavos.
Entre los especuladores favorecidos por la política de “desendeudamiento” se encuentran los buitres amigos del Kirchnerismo como el magnate George Soros y el mexicano David Martínez.
Y si de hablar de soberanía en el orden trasnacional se trata, debe recordarse que en estos doce años se conservaron intactos los pactos de la Organización Mundial de Comercio, el CIADI y el conjunto de los Tratados Bilaterales de Inversión, que habilitan a los tribunales internacionales para saldar disputas entre las empresas que realizan inversiones y los Estados destinatarios de las mismas.
Mientras tanto, en Argentina las empresas “buitres” como Lear, tienen plena jurisdicción para despedir trabajadores con el aval del Ministerio de Trabajo y la complicidad de la burocracia sindical del SMATA. Incluso los holdouts que entraron en litigio con Argentina favorecidos por el fallo del juez Griesa pudieron ejercer “libremente” su derecho al vaciamiento de empresas y la realización de maniobras contra los trabajadores que se organizan por sus derechos.
Como los buitres accionistas en Donelley, solamente enfrentados por las propias familias obreras apoyadas por la izquierda que, quedando de un día para el otro en la calle con una “quiebra express”, decidieron ingresar a la fábrica y ponerla a producir bajo su propia gestión. Sin embargo, aún aguardan que el oficialismo les otorgue la media sanción que necesitan en el Senado de Buenos Aires para obtener su legítima expropiación.
Detrás de la retórica del enfrentamiento con los fondos buitres, la resolución aprobada en la ONU redefine los términos de negociación de la deuda con el capital imperialista y asegura el cobro a los acreedores a través de las reestructuraciones. Sin cuestionar el carácter ilegítimo y usurero de la deuda, la mentada soberanía sólo es parte de un discurso que tiene como contracara el ajuste a las condiciones de vida de los trabajadores.

Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.