Fue anunciado este viernes por Sergio Massa, durante un evento en el CCK. Allí, con la presencia de empresarios y dirigentes sindicales, el ministro de Economía confirmó que la política oficial es emparchar la suba de precios.
Viernes 11 de noviembre de 2022 17:11
"Es mentira que es magia bajar la inflación". La frase es casi una confesión. La hizo Sergio Massa este viernes, poco después del mediodía. Aunque era una especie de chicana contra el Gobierno de Mauricio Macri, también puede funcionar como diagnóstico de la gestión del propio Frente de Todos.
El marco fue el lanzamiento del programa Precios Justos, el nuevo instrumento con el que el Gobierno nacional intentar poner un freno a una inflación que no cesa de subir y degradar el poder adquisitivo de las mayorías trabajadoras.
El esquema del plan contempla el congelamiento del precio de alrededor de 1.788 productos por un plazo de 120 días. La “trampa” en este caso radica en que se permitirá un aumento del 4 % antes de que empiece a regir ese congelamiento. Al mismo tiempo, el esquema establece que los productos que no se encuentren contemplados en el acuerdo podrá subir hasta un 4 % mensual mientras rija el esquema del acuerdo. Según la información que brinda el Gobierno, serían alrededor de 125 las empresas que terminarían adhirieron a este programa.
Sin embargo, como lo confirmó el mismo Massa durante el acto, el programa nuevamente está sujeto a la voluntad de los empresarios ligados a la producción y comercialización de los productos. Durante su presentación, el ministro les pidió a los empresarios “hacer un esfuerzo y, por ahí, buscar un poquito menos de rentabilidad a nuestros trabajadores hacen un esfuerzo”.
Junto al ministro y los funcionarios, diversos empresarios y dirigentes sindicales ocuparon el escenario en el Centro Cultural Kirchner. El objetivo fue intentar escenificar alguna idea similar a la de un “acuerdo o pacto social”. Allí estaban, entre otros, Alfredo Coto, Marcelo Siano de Arcor, Augusto Torres Campell de Molinos, Walter López de Queruclor, Francisco De Narváez de Chango Mas, Daniel Funes de Rioja de la Copal-UIA y Lucas Menoyo de la cadena homónima. Entre los jerarcas sindicales estuvieron Héctor Daer (CGT), Héctor Morcillo (Alimentación), Carlos Pérez (Comercio).
Entre los presentes, aunque entre el público, estuvo también Pablo Moyano (Camioneros). Fue precisamente él, a la salida de la conferencia, quien planteó: “Ojalá que los empresarios cumplan el compromiso que se comprometieron de no aumentar los precios por cuatro meses”. Para el también dirigente de la CGT, el plan presentado puede llegar a funcionar porque lo anunció Sergio Massa, a quien definió como "creíble".
Todo indica que el Gobierno apuesta a lograr “el compromiso” de los empresarios mediante la persuasión económica. En los días previos al anuncio, tanto en actos como en entrevistas, Massa dejó trascender que había beneficios financieros y fiscales para diversos sectores patronales si adherían al plan Precios Justos. Entre otras cuestiones, se mencionó el acceso a un dólar especial para los empresarios rurales o la posibilidad de acceder a créditos del Banco Nación a tasa preferencial, como forma de mejorar posibilidades de financiamiento. Por el momento, sin embargo, no se anunciaron medidas concretas.
Ganan los de siempre
La inflación en septiembre acumuló en el año una suba de 66,1%. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó por encima de este porcentaje, en un 69,5%. Los precios subieron y también las ganancias de las grandes empresas.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor en 2021 tuvieron un resultado operativo que ascendió a U$S 426 millones, mientras que en el mismo período parcial de 2022 el resultado ya alcanzó los U$S 519 millones. Las ganancias contables de la primera parte de 2022 muestran para empresas como Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor “una mejora de 62,5 % respecto de la comparación con 2021”, advierte el informe.
¿Cómo enfrentar la inflación?
El fenómeno inflacionario es complejo y tiene varias causas como la evolución del dólar, el incremento de las tarifas de los servicios públicos; la evolución de los precios internacionales; entre otras. En este contexto de fuerte inflación, la conducta del gran capital concentrado es remarcar los precios para defender y mejorar su rentabilidad.
En la carrera por preservar los márgenes de rentabilidad los grupos económicos que tienen mayor concentración en la producción y comercialización de las mercancías, llevan las de ganar. Ellos pueden influir en la fijación de los precios y sacar así ventajas. Con este nuevo programa, el Gobierno pretende controlar a los grandes formadores de precios, una política que ya fracasó y que actúa sobre las consecuencias y no sobre las causas centrales de la inflación.
Se necesitan medidas de otra clase para poner un freno a la inflación. En primer lugar, hay que exigir una apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las grandes empresas para conocer el verdadero estado de las ganancias empresarias. Esta medida sería un camino para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de productos esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.
La pelea contra la remarcación permanente tiene que estar unida a la defensa del poder de compra del salario y, más en general, de las condiciones de vida de la clase trabajadora ocupada y desocupada.
