Más de un año duró la investigación, que desencadenó la rotura de matriz de la red de agua potable en Avenida Providencia con Seminario. La cual produjo el colapsó de Santiago, cortando el tránsito y generando la suspensión del servicio de Metro, lo que dificultó la llegada a lugares de trabajo y estudio.
Sábado 5 de agosto de 2017
La investigación fue llevada adelante por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que presentó cargos contra la empresa que el 9 de junio del 2016 inundó las calles del centro capitalino. Los cargos fueron porque Aguas Andinas entregó información errónea, al informar distintas antigüedades de la red en varias oportunidades (1905, 1931 y 1937), además de no dar el aviso oportuno que requiere esta clase de emergencia.
Aguas Andina es regulada por una ley que asegura un piso fijo de ganancias y que tuvo un total de utilidades por $154.837.459.000, durante el 2016.
Como dato relevante, sus principales dueños pertenecen al grupo Luksic y AGBAR, un holding de origen español. Y cabe destacar, que la privatización de este recurso natural y servicio vital, fue iniciada en dictadura y profundizada por los gobiernos de Frei, Lagos y Piñera.
