La Corte Suprema decidió que Renan Calheiros, acusado de desvío de dinero público, continuará como presidente del Senado. El senador seguirá al mando de la casa que tiene el poder de aprobar los ataques contra los trabajadores.
Jueves 8 de diciembre de 2016
El día miércoles la Corte Suprema (STF) decidió que Renan Calheiros continuará como presidente del Senado, aunque no es el próximo en la línea de sucesión presidencial. Esto significa que Calheiros, del PMDB, acusado de desvío de dinero público, continuará al mando de la casa que tiene el poder de aprobar todos los ataques contra los trabajadores, como la enmienda constitucional que pretende congelar los gastos públicos por 20 años, o la reforma previsional.
Esta disputa que se produjo entre los poderes legislativo y judicial sólo muestra que el verdadero interés de estos sectores es garantizar la aprobación del ajuste y los ataques a los derechos de los trabajadores y la juventud. No hay ningún interés real en luchar contra la corrupción, ya que mantiene un acusado por corrupción en la presidencia del Senado. La Corte buscó en el medio de esta disputa garantizar la mejor y más rápida de la configuración, que es apoyar al campeón de las medidas a favor de la impunidad de los políticos.
También muestra que hay una disputa dentro de la derecha golpista con un ala más alineada a la operación judicial Lava Jato -que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, una operación selectiva que busca cambiar algunos nombres corruptos por otros- y otro sector que está alineado con los que quieren impunidad a los corruptos.
Es aún más claro que la lucha contra la corrupción no se dará ni por la acción de la Corte Suprema ni por este congreso, sino por la acción de los trabajadores. Por eso planteamos la necesidad de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta por la movilización de los trabajadores y la juventud, para que seamos nosotros quienes construyamos una nueva Constitución, que discuta la quita de privilegios a los políticos, imponiendo que sus salarios sean iguales a los de un trabajador medio, así como que los corruptos no sean juzgados por sus pares, sino con un jurado popular y que sus bienes sean confiscados.
