Asambleas socioambientales denuncian que el intendente del departamento mendocino pretende avanzar con un proyecto en la Legislatura provincial para excluir a Malargüe de los alcances de la Ley 7722 e implementar la megaminería contaminante en la provincia.
Jueves 15 de septiembre de 2022 10:53
Desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza denunciaron que "una vez más Ojeda, el intendente de Malargüe, amenaza con un proyecto para modificar la LEY 7722, guardiana del agua
¡Hace años viene amagando con eso! Pero según los medios hegemónicos, parece que esta vez va en serio, y este mes la senadora Laferte presentaría un proyecto de ley para zonificar Malargüe, dando así vía libre a la megaminería en sectores del departamento -o sea, de Mendoza- donde la Ley 7722 quedaría derogada".
Ante este nuevo intento de avanzar contra la Ley 772, como en 2019 cuando un pacto entre peronistas y radicales quiso modificar la Ley, las asambleas de distintos departamentos se concentraron en la Plaza Independencia para denunciar este nuevo ataque a la 7722. Mientras se preanuncia que la crisis hídrica se profundizará en la provincia este verano y el Gobierno provincial firma un convenio con una empresa israelí denunciada en todo el mundo por Amistía Internacional por las serias violaciones a los derechos humanos respecto del acceso al agua del Pueblo palestino, pretender reimplantar la megaminería en la provincia, poniendo en riesgo el agua de todos los mendocinos y mendocinas.
En un comunicado de las asambleas, denunciaron que "si lograran aprobarlo, podrían usar libremente cianuro y otros tóxicos. El agua y demás bienes comunes de grandes territorios y cuencas hídricas serían objeto de contaminación y saqueo, con la sola aprobación del Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Legislatura".
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"Una vez más, machacarán con los mismos espejitos de colores y promesas mentirosas de siempre sobre miles de empleos, miles de millones de dólares, máximo cuidado y nulo riesgo ambiental, con audiencias públicas como supuesta “novedad” y “garantía”. La Ley 27.566 ratificó el Acuerdo de Escazú, que establece el principio de no regresión en materia ambiental: reducir el alcance de la Ley 7722 sería pues inconstitucional. Pero no podemos confiar en que los legisladores, o los jueces, respeten ese acuerdo y principio", denunciaron en la concentración en la Plaza Independencia frente a la Legislatura.
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En el mismo departamento de Malargüe, el Gobierno provincial pretende también reactivar la mina Hierro Indio que, como denuncian organizaciones socioambientales y asambleas de toda la provincia, pone en riesgo la cuenca del Río Atuel. Como explicó Federico Soria, eferente de las asambleas populares por el agua de Mendoza, en esta entrevista, "el procedimiento de aprobación de Hierro Indio ha violado la Ley 7722 de Mendoza".
