OPINIÓN. Subsidiando la censura

Las últimas semanas la jerarquía de la Iglesia Católica mendocina volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo. Esta institución ostenta gran poder en nuestra provincia, más que por sus ideas atrasadas en siglos, por el espacio de decisión que le ceden los gobiernos y las instituciones del Estado.

Amplia repercusión nacional tuvo el lobby oscurantista, impulsado por el sacerdote Fabricio Porta, que llevó a suspender la capacitación en “Derechos humanos, género y diversidad sexual” en General Alvear. Porta dijo en su perfil de Facebook: “La municipalidad de nuestro departamento abre las puertas y adhiere a las políticas de la ideología de género. Y aunque los funcionarios municipales digan no adherir a esto, permiten este tipo de acciones tendientes a minar la moral y las buenas costumbres de nuestro pueblo. Como cristianos debemos hacernos presentes para decir no a este tipo de ’políticas’. Aquí no juegan los ’respetos humanos’, aquí juega nuestro compromiso por el bien y la verdad. Dios nos pedirá cuentas”. Por su contenido reaccionario y por atentar contra las libertades más elementales, las declaraciones del sacerdote fueron ampliamente repudiadas y desde las bancadas del Frente de Izquierda presentamos en la Legislatura un proyecto de declaración manifestando el rechazo al accionar de la cúpula de la Iglesia bajo el expediente 71485.

Como allí denunciamos, esta situación volvió a poner en evidencia que la presión de los grupos ultracatólicos vinculados a la jerarquía de la Iglesia conservan toda su vigencia en las políticas de Estado mendocinas. Ya a principio de año conocimos en voz de María Julia Amadeo, directora de Planificación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, que se iba a “estacionar” la educación sexual debido a los objetores de conciencia.

En defensa de la moral de la Iglesia y de las “buenas costumbres”, ésta institución salió en el año 2012 a ejercer fuertes presiones cuando se trataba de impulsar el Protocolo para la Atención del Aborto no punible por medio de la Legislatura, logrando que la mayoría de sus miembros se hiciera eco del pedido de frenar su aplicación. Una muestra más del lugar que ocupan para estos sectores los derechos más elementales que tenemos las mujeres , atrasando casi cien años si tenemos en cuenta que el Código Penal contempla este derecho desde 1921.

Contamos con claros ejemplos del poder que ostentan en Mendoza, sobre todo en el sur provincial, grupos como el Instituto del Verbo Encarnado y otros vinculados al Opus Dei, que poco tienen que ver con lo que piensa gran parte de la población pero siguen imponiendo su moral sobre la vida de las personas, sobre los contenidos educativos y sobre las libertades democráticas. Aquí en La Izquierda Diario podemos conocer algunos de ellos.

¿Qué tiene para ofrecernos a las mujeres y a los jóvenes esta institución reaccionaria y la alianza que sostiene con las instituciones del Estado y los gobiernos de turno? Nada más que intentos de reglamentar nuestras vidas de acuerdo a sus creencias. Intentos de cercenar nuestras voces, cómo lo vemos quienes participamos de los talleres en los Encuentros Nacionales de Mujeres cada vez intentan impedir su funcionamiento. Intentos de que no vivamos nuestros deseos y sexualidad libremente, imponiendo sus ideas y juzgando a quienes practicamos una sexualidad y géneros fuera de la norma, como lo vimos recientemente la charla convocada para debatir sobre estos temas en General Alvear . Intentos de regir la educación y la salud públicas, buscando interferir en la educación sexual laica o en el acceso de mujeres y varones a la anticoncepción gratuita . Ni hablar de su eterna oposición al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que condena a morir a las mujeres más jóvenes y pobres por abortos clandestinos mientras que entre sus filas se esconden curas abusadores y en sus conventos hasta se practican torturas, como ahora salió a la luz recientemente en la provincia de Entre Ríos.

Por la separación de la Iglesia del Estado

La Iglesia Católica recibe subsidios millonarios del Estado argentino gracias a las leyes aún vigentes de la última dictadura, de la cual fue activa colaboradora. Es decir que mientras los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes, esta institución no paga impuestos y recibe del Estado el financiamiento para la educación religiosa, cesiones de terrenos, pasajes, sueldos y jubilaciones de privilegio. Lograr la separación de la Iglesia del Estado es una tarea urgente, tanto para terminar con la imposición de su contenido ideológico y su moral oscurantista, como para terminar con la relación material que mantiene al clero como una casta privilegiada a costa del esfuerzo de las grandes mayorías. Desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto en el Congreso Nacional para terminar con esas jubilaciones de privilegio de la que gozan los representantes de la Iglesia, como también de los ex presidentes y jueces.

Cientos de mujeres mendocinas nos preparamos para viajar al próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Lo hacemos porque queremos debatir con mujeres de todo el país sobre las distintas formas de violencia que sufrimos por el sólo hecho de ser mujeres, y también porque queremos organizarnos en un gran movimiento para conquistar nuestros derechos. Ya mostramos que sirve luchar: después de la enorme movilización del 12 de agosto, liberamos a Belén de la cárcel de Tucumán, donde pasó dos años presa por haber sufrido un aborto espontáneo. Aunque estos mismos grupos ultracatólicos, junto a los jueces y funcionarios políticos, hicieron todo lo que estaba a su alcance para que ella siguiera privada de su libertad, las luchadoras mostramos que organizándonos y confiando en nuestras propias fuerzas, podemos conquistar las libertades que nos niegan. Las mujeres de la agrupación Pan y Rosas y el Frente de Izquierda nos preparamos para llevar al Encuentro la propuesta de impulsar una gran campaña nacional e internacional para lograr la anulación de la condena que pesa sobre Belén, así como la separación de la Iglesia del Estado, por nuestro derecho a la educación sexual laica, integral y de calidad, a la anticoncepción gratuita y al aborto legal, seguro y gratuito, que en nuestra provincia implica también conquistar la aplicación del Protocolo para la Atención de abortos no punibles.