Ante el posible avance del proyecto inmobiliario “Cerro Punta Negra” y la construcción de una central hidroeléctrica en Área Protegida por ley, las Asambleas socioambientales de la zona llaman a participar de la Audiencia Pública Virtual del 14/5 a las 10 hs.
Miércoles 12 de mayo de 2021 12:55
| Foto: elcucodigital.com
El Área Natural Manzano-Portillo de Piuquenes se encuentra en el sector oeste de Tunuyan, San Carlos y Tupungato, sobre la cordillera. La reserva cuenta con más de 300.000 hectáreas y desde el 2012 es considerada Área Protegida por la Ley 8400 publicada en el Boletín Oficial. Es una zona rica en flora y fauna nativa. Zona de afluentes de agua dulce y por eso pretenden construir una represa hidroeléctrica, lo cual es muy importante a tener en cuenta por la crisis hídrica que vive la provincia. Razones suficientes para defenderla de los avances empresariales.
Actualmente, la Reserva se encuentra amenazada por la posible instalación de los proyectos “Cerro Punta Negra” y “Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra” que especulan instalarse en el territorio protegido. El primero de estos, consiste en la construcción de un “Club House” turístico con habitaciones, restaurante y un parque de nieve artificial; también planean la instalación de un hotel 4 estrellas en el lugar. A su vez, el segundo proyecto consiste en una central hidroeléctrica, una planta de tratamiento de agua potable y la venta de 20 parcelas a privados para la construcción de viviendas. La magnitud de ambos da el carácter de un gran proyecto inmobiliario, con todo el movimiento y la intervención que este conlleva sobre el ecosistema.
La instalación de ambos proyectos depende de una declaración de impacto ambiental que mida las consecuencias sobre el territorio y los bienes comunes y habilite o deshabilite el avance de la obra. Esta evaluación está a cargo de la Secretaria de Ambiente, y por tratarse de un área protegida la Ley 6045 indica que el IADIZA (Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas) es el responsable de realizar el Dictamen Técnico. Por el momento este instituto, perteneciente al CONICET, recomienda no aprobar el proyecto.
El viernes 14 de mayo se realizará la Audiencia Pública en la que distintos sectores, tanto los empresariales y funcionarios de gobierno, como las Asambleas por el Agua Pura y la comunidad en general pueden expresar sus argumentos en relación a la instalación de estas construcciones proyectadas en territorio protegido. Ante la amenaza que representa el avance inmobiliario para la integridad de los ecosistemas y su conservación es que la Asamblea por el Agua de Tunuyan, Tupungato y San Carlos se encuentran en alerta nuevamente. Y hacen un llamado extensivo a todas las personas y agrupaciones preocupadas por la conservación del medio ambiente a que participen de dicha Audiencia planteando la defensa del Área Natural Protegida Manzano Portillo de Piuquenes.
Es importante mencionar que la empresa “UCO Los tres Valles", impulsora del proyecto, ya ha sido multada años anteriores por iniciar obras en la zona sin antes tener los correspondientes permisos. Incluso continúan sin reparar el impacto generado en el 2016. No hay registro de que se haya pagado la multa y al parecer tampoco hay presión desde las instituciones del Gobierno Provincial para que se repare la zona afectada por las obras ilegales. Sin embargo, la Secretaria de Ambiente a cargo de Humberto Mingorance avanza con la Audiencia Pública como instancia previa para habilitar la instalación de los proyectos. No es de sorprender de parte de la misma Secretaria que promueve el fracking en Malargue y que no da respuestas serias a la problemática que atraviesan los humedales de la provincia.
Pasando en limpio: la Ley 8400 define que el territorio en cuestión es un Área Natural PROTEGIDA, el estudio de Impacto Ambiental no aprueba la instalación de los proyectos, la empresa interesada tiene antecedentes medioambientales, hay grandes probabilidades de impacto y contaminación de los cuerpos de agua, más una larga lista de consecuencias negativas que tal construcción traería sobre el ecosistema cordillerano. Entonces ¿Por qué el Estado habilita las instancias para que este proyecto se apruebe?
Las leyes ambientales necesariamente deben ir acompañadas por una fuerte movilización popular, ya que bajo este sistema capitalista no hay frenos legales ni institucionales ante la ambición y los intereses de las empresas que explotan la tierra y a lxs trabajadores para obtener importantes sumas, con la infaltable complicidad de los distintos gobiernos de turno que cuando se trata de mega-proyectos extractivistas hacen papel mojado de las leyes conquistadas.
Como dicen las asambleas “los avances de empresarios junto a la complicidad de funcionarios públicos sobre los bienes y ecosistemas NO CESAN”. Por todo eso consideramos fundamental fortalecer la lucha socioambiental en la provincia y su coordinación con sectores de trabajadores y jóvenes que se organizan por sus derechos como es el caso de las y los obreros vitivinícolas, los y las trabajadores de la educación y la juventud que sale contra los femicidios y la represión; continuando con los legados que nos dejó la conquista y reconquista de nuestra Ley 7722.
