Este lunes se reunió por primera vez el Consejo para la reforma a Carabineros que ya había anunciado Blumel tan sólo un día antes. Aquí dejamos algunas de las razones por las que se ha llegado a esta discusión y las repercusiones que tendría esta eventual reforma.
Martes 10 de diciembre de 2019
Luego de que este domingo el Ministro del Interior Gonzalo Blumel, anunciara que trabajarían desde un Consejo por la Reforma a Carabineros, hoy se reunió por primera vez el grupo en La Moneda.
Los medios que hacen de voceros de los empresarios, de su gobierno y de sus políticos, no tardaron en anunciar que se trataba de un proyecto que buscaría resolver los problemas anunciados por el informe del "Human Rights Watch" respecto a las violaciones a los DD.HH. en Chile.
Para ello usaron como argumento, por ejemplo, que habrían personajes expertos en Derechos Humanos, y también en "materia de seguridad", como el ex ministro del Interior de Bachelet (en cuyo gobierno se profundizó la militarización del Walmapu) y ex militante DC, Jorge Burgos, quien también sería uno de los abogados que asesoró a la defensa de Piñera frente a la acusación constitucional.
Cambiar algo para que nada cambie
La lógica de fondo de la "reforma a Carabineros" es: ya que frente a toda la evidencia existente no podemos negar que existan violaciones a los Derechos Humanos, modificaremos algunos aspectos de las reglas que rigen a Carabineros para mantener la represión y la impunidad de una manera que no sea tan escandalosa.
Como hemos mencionado en notas anteriores, la policía es irreformable, y más aún si la iniciativa viene del mismo gobierno que le ha reventado ojos a más de 300 personas, ha recibido más de 400 denuncias por tortura, violencia político sexual y cuya directriz ha sido en todo momento fortalecer la represión para entregar lo mínimo posible.
Entonces, la maniobra encabezada por Blumel, el rostro "amable" de la represión, no es más que una jugada para, por una parte, mostrarse "preocupados" por los Derechos Humanos y así mantener la impunidad a los responsables materiales y políticos de las violaciones a los DDHH, dentro de los cuales se encuentra el mismo Presidente y el actual Ministro del Interior; mientras que se combina con una política para fortalecer la represión, "modernizando" métodos de una policía que ni siquiera cumple sus mismos protocolos que ya son abusivos.
Muestra de esto es que ya desde hace más de una semana vienen pidiendo ayuda a otros organismos represivos como la policía francesa y la española, así como comentando la posibilidad de usar armas aturdidoras que podrían causar graves daños a la audición.
¿Reforma o disolución?
Seremos enfáticos: la única salida al problema es la disolución de la policía, y de toda fuerza represiva. Pero sabemos que esto no lo entregará de buenas ganas el gobierno, sino que tendrá que ser arrebatado por la fuerza de la movilización, sobretodo de los sectores de la economía a los que el gobierno trata de "infraestructura crítica", justamente para evitar su movilización a punta de bota y fusil.
Hablan de "expertos en materia de seguridad", cuando es sólo seguridad para los empresarios nacionales e internacionales que saquean el país y lucran con nuestras vidas, nos quitan el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y hasta nuestros derechos humanos.
Creemos firmemente que el pueblo trabajador puede dirigir realmente las tareas de seguridad en toda la nación, esto a través de sus organismos democráticos de auto organización y de sus organismos de masas, porque de las y los trabajadores junto a los sectores populares es de donde puede venir la seguridad para las grandes mayorías explotadas y oprimidas, y no de una policía irreformable que se fundó para mantener los privilegios de un puñado de capitalistas.
