Héctor Luis Palma Salazar, “el güero”, dirigió el cartel de Sinaloa en los años noventa. Este miércoles fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de pasar nueve años en el penal de Atwater, California.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Viernes 17 de junio de 2016
En medio de un aparatoso operativo de seguridad, Héctor “el güero” Palma fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, El Altiplano, ubicado en el Estado de México.
La Fiscalía General del Estado de Nayarit presentó contra el ex líder del cártel de Sinaloa dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, crímenes presuntamente cometidos hace 20 años en aquella entidad.
Acusado de tráfico de 50 kilos de cocaína, Palma Salazar pasó 9 años en el penal de máxima seguridad de Atwater, California. Extraditado desde México en 2007, una corte norteamericana lo condenó a 16 años en prisión. Según el sistema del Buró de Prisiones de Estados Unidos, al haber cumplido 85% de su condena y por haber cumplido con sus esquemas de “buena conducta”, Salazar fue liberado y presentado ante autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) por funcionarios de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
La relación con los poderes en turno, a ambos lados de la frontera
La extradición del “Güero” Palma estuvo rodeada de suspicacia. Mientras en el año de su aprehensión, en 1995, se calculaba que poseía una fortuna de mil millones de dólares, el juez de la corte federal que manejó su caso en Estados Unidos le impuso una multa de tan sólo cien dólares. En documentación que está en manos de la Procuraduría General de la República, se da cuenta de un acuerdo entre la defensa de Palma y fiscales norteamericanos, a cambio de información sobre el movimiento de drogas en territorio mexicano.
Finalmente, ahora “El güero” Palma fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en medio de una guardia conformada por elementos del Ejército, de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal, operativo que, aunque aparatoso, no supera al que se desplegó durante el ingreso a este mismo penal de Joaquín “el Chapo” Guzmán hace cinco meses.
“El Chapo” y “El güero”, una dupla que puso en jaque a autoridades mexicanas y extranjeras a principios de los años noventa. Su poderío al frente del cártel de Sinaloa y su enfrentamiento con el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix, tuvo entre otras consecuencias al menos dos matanzas en México.
Una operación política y mediática
Ahora, la próxima extradición de Joaquín Guzmán es cuestionada por la experiencia de la que acaba de dar cuenta el proceso contra Palma. Más allá del espectáculo montado por autoridades de ambos países para alimentar la ilusión que impulsó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, esta “captura” busca justificar el despliegue policiaco, militar y de inteligencia emprendidos por el gobierno panista de Felipe Calderón, continuados por Enrique Peña Nieto y que, hasta el momento, no ha dejado sino cientos de miles de muertos como resultado.
Con acciones de “justicia” como éstas, Peña Nieto pretende mostrarse como decidido a controlar el movimiento de los carteles y de los capos (y ex capos) en territorio mexicano, lo cual seguramente también se inscribe en su búsqueda de dotarse de una imagen fuerte después de la reciente derrota electoral del PRI.
Sin embargo, el largo historial de la relación de Palma con las autoridades mexicanas y estadounidenses (por no hablar de la fuga y recaptura del “Chapo” Guzmán), evidencian hasta qué punto está coludido el llamado ´”crimen organizado” con policía, políticos, empresarios, medios de comunicación, la Iglesia, etc. La red no parece terminar nunca. La complicidad con la que operó “el güero” Palma con autoridades locales de Sinaloa así como su relación con el Partido de la Revolución Institucional (PRI) como mecenas de políticos patronales que aspiraban a ocupar distintos cargos a nivel estatal y federal es un secreto a voces.
Mientras la violencia desatada por la llamada guerra contra el narco sigue hoy costando vidas y provocando miles de desplazamientos forzados (como decimos aquí, a pesar de la despenalización parcial continuará la militarización del país), los grandes capos de la mafia están asociados en los hechos con distintos niveles del estado y las autoridades.
Mas allá de las eventuales confrontaciones entre el estado y sectores del narco, las autoridades encubren y hasta participan en los crímenes, mientras aquellos se enriquecen gracias a la política prohibicionista.
Esto se demostró de forma contundente en el caso Ayotzinapa, en las relaciones mencionadas con el poder político e incluso también, como expresión más que concreta, en el hecho de que las guardias personales de Palma y de Guzmán Loera estuvieron conformadas por ex militares, policías y altos mandos de la PGR.
