De 34, de los 37 condenados en la Megacausa Arsenales II- Jefatura II, pasan a prisión domiciliaria de acuerdo a un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Nación. Los mismos fueron condenados a cárcel común por los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Tucumán.
Daniela Cena / Mariana Arreguez CeProDH Tucumán
Jueves 13 de noviembre de 2014
Fallo a favor de los genocidas.
En diciembre de 2013, luego de un extenso juicio que duró trece meses, se leyeron las condenas a los imputados en la Megacausa. De los 41, cuatro imputados fueron absueltos entre ellos el cura José “Pepe” Mijalchyc, el civil Juan Carlos Benedicto, un ex gendarme y un ex policía; y el resto condenado a penas mínimas de entre 2 a 20 años en cárcel común.
En su momento desde el CeProDH denunciamos el accionar de la justicia que dejaba a cuatro imputados absueltos, hoy se avanzó un paso más en la impunidad de los genocidas. La sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de Cámara, Liliana Catucci y Eduardo R. Riggi, resolvió que 34 de los 37 imputados entre ellos ex militares y policías condenados vuelvan a prisiones domiciliarias.
El plan sistemático de exterminio
A lo largo de 13 meses de juicio se dieron a conocer cientos de testimonios que dieron cuenta de la represión sistemática contra miembros de la población civil principalmente trabajadores y estudiantes.
Este plan se llevó a cabo mediante un circuito de centros clandestinos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia, donde el ex CCD ubicado en el predio militar Arsenal Miguel de Azcuénaga jugó un rol clave. A partir del juicio pudo reconstruirse un circuito que tenía a Jefatura de Policía como nexo con el Arsenal. Se estima que por éste pasaron cientos de detenidos, entre ellos provenientes de las provincias vecinas de Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, siendo uno de los más grandes del NOA.
Las denuncias efectuadas por ex detenidos-desaparecidos recrearon un sinnúmero de delitos: privación ilegitima de la libertad, torturas y múltiples homicidios, así como por primera vez en Tucumán, durante las audiencias, salieron a la luz decenas de casos de violencia sexual.
En 2011 peritos forenses del EAAF y el Laboratorio de investigaciones GIAAT, que vienen trabajando desde 2007, encontraron en el predio militar fosas clandestinas de inhumación las cuales fueron un elemento probatorio de importancia para el juicio. A partir de los restos encontrados se pudo identificar a doce ex detenidos desaparecidos, entre ellos los restos del ex senador provincial Damián Márquez.
En el caso del Tuerto Albornoz, ex-jefe del D2 y uno de los hombres más cercanos a Bussi, que fue detenido en 2004 por la desaparición de Rolando Coronel y luego condenado por la desaparición de Vargas Aignasse, en el 2010 la abogada Laura Figueroa pidió la revocación de la prisión domiciliaria, ya que varios testigos habían denunciado haberlo visto en diferentes lugares. Ahora está nuevamente condenado en la Megacausa y nuevamente le concedieron la prisión domiciliaria.
Este fallo deja nuevamente en exposición el accionar de la justicia que deja a genocidas absueltos y da prisión domiciliaria a los condenados. Este dictamen de prisión domiciliaria no es único, ya en el 2007 se le otorgó este beneficio al genocida Antonio Bussi que pasó sus últimos años en un country de lujo.
El proyecto de reforma del Código Procesal Penal, presentado por el kichnerismo, prevé la expulsión del país de los inmigrantes extranjeros “que cometan delitos” y la prisión preventiva en el caso de “conmoción social”, dos artículos que hacen que se les termine de caer la careta sobre el “gobierno de derechos humanos”, la primera atentando contra los inmigrantes pobres y la segunda contra los luchadores populares. Por lo tanto no resulta sorprendente que en esta reforma no haya ningún artículo que toque los privilegios que continúan teniendo los genocidas de la dictadura.
