Pablo Lavín tiene 30 años, no tiene dónde vivir y padece adicciones. Por ese motivo, la jueza de garantías Estefanía Sauli pretendió que quede detenido con prisión preventiva por un supuesto delito menor y, principalmente, por la posibilidad de que “no se someta al proceso” por no contar con domicilio.
Jueves 25 de abril de 2019 11:11
Sobre esto, El Zumbido dialogó con Belén Rodríguez Méndez, su defensora, quien contó que el joven estaba cumpliendo una condena por robo a 6 meses de prisión: “siempre se trató de incidentes relativos a la propiedad, para intentar buscar algo para alimentarse o dinero para adquirir alimentos y siempre con esta problemática de encontrarse en situación de calle”, situación en la que volvió a quedar en abril tras comenzar a gozar de libertad condicional.
“En esa situación, se encontraba alcoholizado, y va a un dúplex que tiene un portón con una puerta de rejas y una escalera, donde en la parte de arriba vive el señor que lo denuncia”, relató la abogada: “lo que hace Pablo es abrir ese portón, sube las escaleras, golpea la puerta, como no lo atienden golpea otra vez más fuerte, el señor lo atiende por la ventana, se asusta porque estaba alcoholizado, le pregunta qué es lo que quiere, Pablo le dice ‘tengo 5, 10 pesos y necesito un lugar donde dormir porque soy indigente, no tengo casa’, el señor obviamente se asustó y lo saca carpiendo; Pablo se va y a 50 metros lo agarra la policía y se lo lleva detenido a la Comisaría”.
Rodríguez Méndez relató que en la primera audiencia el denunciante dio “ribetes mucho más violentos que los que en realidad tuvo, porque menciona por ejemplo que Pablo salta una reja, que patea la puerta, cosa que no era así pero es lo que escuchó el juez”, además, agregamos, que es la versión que dieron rápidamente a correr los medios hegemónicos que difundieron la noticia.
El defensor durante la primera audiencia fue Julián Berger, quien “se opone a que esto constituya un delito, da un montón de argumentos”, pero “como Lavín no tenía domicilio, le solicitan la prisión preventiva por el término de un mes porque tienen miedo de que no se someta al proceso”.
"Hoy nos presentamos con los datos mucho más corroborados, con fotos del domicilio, probando que la reja estaba abierta, que no hubo patadas en la puerta, que no hubo ningún tipo de violencia, que cuando el propietario de la vivienda le dice que se retire del lugar él se termina retirando; es decir que no hay ni siquiera un delito” y en esta nueva audiencia consiguieron que el Tribunal Revisor revierta la decisión de la jueza Sauli, aunque va a tener que presentarse en la fiscalía una vez por semana.
Por otra parte, al ser consultada por el tratamiento de las adicciones de Lavín, su defensora explicó que “él estuvo internado en el mes de marzo por una intoxicación en el Castro Rendón, pero no le pudo dar continuidad a ese tratamiento porque el Castro Rendón está colapsado por este tema, de hecho tenemos otros asistidos de la defensa pública que están en una lista de espera para tener recién una entrevista de admisión; hay pocos recursos para atender a este problema que es tan grave”.
Para contextualizar este caso, El Zumbido se comunicó con la recientemente designada defensora oficial Ivana Dal Bianco, quien además tiene una vasta trayectoria en defensa de los derechos humanos. Ella profundizó: “cuando se reformó en su momento el artículo 114 de la prisión preventiva, uno de los objetivos que tenía era incorporar el tema del arraigo, que es el tema del domicilio, y lo incorporaron, lo cual es ni más ni menos que para encarcelar más pobres” y refirió a lo discriminatorio de que “el arraigo, en el sentido que se lo piensa, es tener trabajo, tener un domicilio” y, este caso concreto, “lo que demuestra es que la reforma de la prisión preventiva se utiliza ni más ni menos que para que el Estado, en vez de darle a este chico una respuesta a sus derechos -porque es una persona que no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene subsidio, vive en la calle, es indigente-, que es que tenga sus necesidades básicas satisfechas, lo que le ofrece es prisión preventiva por un mes, encarcelarlo y culpabilizarlo a él de no tener domicilio, en definitiva, de ser pobre”.
Dal Bianco había adelantado en 2016, cuando la reforma se votó en la legislatura neuquina con apenas 15 de 35 votos a favor, que “ante la situación social que se vive en nuestra provincia, de grandes grupos sociales sin acceso a derechos básicos como el trabajo, la vivienda, la educación, la descomposición social y centralmente de la juventud de los barrios pobres, el Estado se encuentra ausente; sin embargo, mediante este tipo de logros punitivos, se refuerza la autoridad del mismo a los ojos de la población, que sin hacerlo activo y sin conocer las razones ni sus fundamentos, reclama ‘más cárcel’”.
En el mismo artículo, advirtió que “se está volviendo a legislar medidas represivas, basadas en una falsa discusión (hay más delito, hay más inseguridad) sin base científica pero con consecuencias muy graves como la privación de libertad legalizada a mayor cantidad de personas” y que “no puede negarse entonces el carácter político de esta reforma que busca relegitimar al Estado y el sistema penal a ojos de la población, cuyos fundamentos son un retroceso punitivo, que sólo derivará en un mayor encarcelamiento de gente pobre”. El caso de Pablo Lavín, que finalmente “recuperó” su “libertad” es un caso testigo para ejemplificar estos señalamientos.
Foto: Fabián Ceballos
