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Red Internacional
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Violencia. Programa Acompañar: más de cuatro mil mujeres están obligadas a convivir con su agresor

El programa es un subsidio por seis meses igual equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($32.000). Hasta la fecha mas de cuatro mil mujeres conviven con su agresor lo que las deja en un grado de vulnerabilidad extrema. ¿Puede realmente este tipo de programas cambiar la vida de estas mujeres? Te lo contamos en esta nota.

Jueves 28 de octubre de 2021 20:02

En el mes de abril desde este medio solicitamos al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad un informe sobre los beneficiarios del plan a nivel nacional.

Así las cosas el informe reveló que hasta el mes de junio, en todo el país, se habían registrado y estaban percibiendo la asignación un total de 21.583 personas, de las cuales la mayoría (20.810) eran mujeres y otro sector lo integraban travestis, trans y personas no binaries.

En principio hasta el mes de octubre los beneficiarios que adhirieron a este programa sumaban 46.491 personas. Como en el informe del mes de abril la mayoría son mujeres (96,50%).

La cantidad de inscripciones para participar del programa se duplicaron, especialmente a partir del desarrollo de la campaña electoral. Este aumento se explica por la difusión esforzada del ministerio para mostrarse activos ante la violencia por un lado, pero sin dudas lo que deja en evidencia es la grave situación que atraviesan la mayoría de las mujeres que no tienen recursos.

Recordemos que el objetivo del Programa Acompañar es que aquellas personas que se encuentren atravesando situaciones de violencia machista logren autonomía económica, a través de un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil ($32.000). Una gran aspiración si observamos no solo el valor del subsidio sino también la finitud en el tiempo, solo se cobra durante seis meses.

Si bien este programa es compatible con todas las asignaciones que otorga el Estado, incluso percibir dinero por alguna actividad no registrada, la mayoría de las personas inscriptas (76,12%) declararon que no realizan actividades por las que reciban dinero extra.

Sí en cambio un 61,04% declararon que reciben otros subsidios por parte del gobierno. Esta información confirma lo que muestran los números del mismo informe, que el 83,60% tienen hijos a cargo razón por la cual las tareas de cuidado son un límite concreto al momento de intentar buscar un trabajo fuera de la casa.

En el marco de la agudización de la violencia producto del aislamiento que provocó la pandemia, es fundamental analizar cuál es la situación habitacional de quienes se inscribieron en este programa, ya que todos los estudios y estadísticas señalan al hogar como el lugar más peligroso para las mujeres que se enfrentan a la violencia machista.

En este sentido el informe da cuenta que 1401 mujeres declararon que la vivienda pertenece o la alquila el agresor. En tanto 1641 indicaron que comparten el terreno con el agresor o familiares de este. Otras 1553 mujeres tienen vivienda propia o alquilada pero junto con el agresor.

Es decir que 4595 mujeres, solo en este informe sin contar las que no dieron una respuesta, están potencialmente arriesgando su vida a diario ya que conviven con su agresor.

Si este número lo comparamos con las únicas 1800 plazas de los refugios que hay en todo el país se puede dimensionar el tamaño de la crisis real que hay en materia violencia de género. Y en este punto es imperativo analizar si este Programa que otorga un subsidio mínimo y paliativo cumple con su objetivo de autonomía económica o solamente permite sumar algo más de dinero a la subsistencia diaria.

1401 mujeres declararon que la vivienda pertenece o la alquila el agresor. En tanto 1641 indicaron que comparten el terreno con el agresor o familiares de este. Otras 1553 mujeres tienen vivienda propia o alquilada pero junto con el agresor.

Según el INDEC, de 9 millones de familias relevadas durante el tercer trimestre del año pasado, el 44%, o sea, casi la mitad, tenía jefatura femenina. La mayoría de esas mujeres no tienen pareja y 3 de cada 10 tienen un ingreso que no supera los 30 mil pesos, por alguna changa que sostienen, algún trabajo precario.

Consultada por este tema Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, sostenía que: “Desde el Frente de Izquierda planteamos que el tema de la vivienda es algo urgente. Además, un plan de vivienda, que resolviera este problema estructural en Argentina, podría generar miles de puestos de trabajo. Uno de los primeros proyectos que queremos presentar si conquistamos una banca en el Congreso, es de la construcción de viviendas populares, donde sin duda las mujeres en situación de violencia deberían ser prioridad para el acceso a este derecho”.

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La crisis habitacional, agudizada por la pandemia, tuvo una visibilidad masiva cuando el año pasado más de mil familias ocuparon terrenos vacíos en Guernica. Un gran número eran mujeres con hijos que atravesaban diferentes situaciones de violencia de género.

Estas mujeres, muchas de ellas madres solteras, trabajadoras de casas particulares, jóvenes desocupadas se organizaron para luchar juntas, porque aprendieron que organizadas podían conquistar sus derechos. Fue entonces cuando pusieron en pie la Comisión de Mujeres de Guernica.

A un año del violento desalojo que se produjo en la toma a manos de Sergio Berni, estas mujeres junto con el resto de las personas que aún continúan en la lucha por el derecho básico a una vivienda le exigen al gobierno que cumpla con lo firmado y le entregue los lotes donde puedan construir sus casas.

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Como mencionabaen esta nota: “El cambio en la vida material de la mayoría de las mujeres no puede apoyarse solamente en planes o programas paliativos que además resultan insuficientes. En una sociedad desigual por definición solo es posible hacer cambios estructurales si se afectan los intereses de los grupos económicos (como los bancos) o empresarios. De lo contrario solo estaremos en presencia de medidas asistenciales, parches que seguirán perpetuando la desigualdad de la mitad de la población”