Durante el día martes se trató en el Concejo Deliberante de la Ciudad el proyecto de ordenanza encomendado especialmente por el Intendente Rodolfo Suarez. El mismo trata sobre la modificación del Código de Convivencia vigente, incorporando la prohibición del cuidado de coches en las zonas no autorizadas por el municipio.
Miércoles 4 de abril de 2018 18:38
Como no podía ser de otra manera, el Concejo de la Ciudad de Mendoza trató sin mayores dilaciones el proyecto enviado por Rody Suarez, y lo aprobó sin realizar una sola modificación al mismo. Con 8 votos afirmativos, pertenecientes a los bloques de la UCR y el PD-PRO, 1 voto en contra desde el PTS en el FIT y las ausencias de los demás bloques opositores el proyecto de ordenanza se dio por aprobado en una sesión de 40 minutos.
La ordenanza aprobada trata una situación por demás compleja, que afecta no solo a la Ciudad sino a todo el gran Mendoza en su conjunto, y que exige para poder realizar un correcto abordaje contemplar todas la realidades de las miles de personas involucradas.
“No hay soluciones reales en el corto, ni a largo plazo, que partan exclusivamente de la prohibición, si no se plantea un abordaje desde todos los aspectos involucrados. Si la política municipal no dialoga con las realidades de quienes hoy se desempeñan en esta tarea, ni con la realidad provincial, estamos hablando de una medida demagógica que será un mero parche que busca tapar realidades muchos más complejas”, afirmó Melisa Prado, concejala del FIT en la capital mendocina, luego de la sesión.
En una provincia donde el trabajo no registrado supera la media nacional, alcanzando un 34%, donde la pobreza azota a más del 25% de la población, y los salarios se ubican por debajo de la canasta básica familiar, muchos jóvenes se ven obligados a dejar sus estudios para buscar un trabajo y poder contribuir a la economía familiar. Es ahí donde se da inicio a un círculo en el cual la juventud se ve condenada a los peores trabajos, los menos calificados y más precarizados. “Es en este contexto provincial, donde cientos de personas encuentran en el cuidado de coches la única alternativa de supervivencia”, continuó Prado en diálogo con La Izquierda Diario.
“La incorporación al estacionamiento medido bajo ningún aspecto significa la inserción laboral ni el reconocimiento de los derechos laborales más elementales para todos ellos. En la actualidad quienes se desempeñan en este trabajo no cuentan con obra social, aportes jubilatorios, licencias por enfermedad, aguinaldo, vacaciones ni ART”
En el proyecto aprobado, se establecen algunos mecanismos de capacitación laboral y convenios con empresas para las personas que actualmente se desempeñan en la calle ciudando los autos estacionados en algunas calles del centro mendocino. Consultada sobre estos temas, Prado consideró que “estas medidas resultan insuficientes para garantizar una efectiva reinserción en el mercado laboral”.
Una de las medidas anunciadas en distintos medios, es la celebración de convenios con empresas privadas y cámaras empresariales locales que permitan la incorporación de personal previamente capacitado a sus compañías y con un aporte municipal de 2.000UTM (Unidad Tributaria Municipal con un valor de $2,53 cada una) para el salario de cada trabajador incorporado. “Esta resulta ser una salida transitoria de tan solo tres meses ya que concluido este periodo no se ofrece ninguna garantía que asegure la incorporación de estas personas a las empresas que se hayan beneficiado con el aporte del municipio, como ya sucedió con diferentes programas nacionales de otros gobiernos que apuntaban al mismo objetivo”, denunció la concejala del FIT.
Incluso aún no hay mucha claridad sobre de cuantas personas se está hablando. Si bien desde el municipio hablaron de alrededor de 250 personas, en base al censo realizado, otros informes dan cuenta de una cifra que podría duplicar esa cantidad.
A partir del día de la fecha, contando con la aprobación del Concejo Deliberante se comenzó a avanzar rápidamente en el desalojo, como lo declaró el secretario de seguridad Ciudadana del municipio, Raul Levrino, pese a que la ordenanza aún no cuenta con la promulgación del departamento ejecutivo y su publicación en el boletín oficial. Sin embargo, no se contempla ninguna alternativa real para quienes a partir del día de la fecha se quedaron sin el único ingreso diario que garantizaba el sustento de toda una familia, en tanto se realicen los convenios con los centros a cargo de la formación y con los sectores privados muchos de ellos permanecerán a la deriva.
"No se ofrece ninguna garantía que asegure la incorporación de estas personas a las empresas que se hayan beneficiado con el aporte del municipio"
Estacionamiento medido
Otra de las medidas propuestas por el Ejecutivo municipal es la incorporación de nuevas personas al programa de estacionamiento medido vigente. Este es un programa social que ya cuenta con más de 350 personas y para el cual ya se aprobó una expansión del territorio comprendido en un 20% a través del presupuesto 2.018 votado en el mes de diciembre. En el mismo, además, se calcula una recaudación de más de $54.000.000 de pesos para este año.
El programa de Estacionamiento Medido, según afirma el Ejecutivo municipal, tiene el objetivo de regularizar el sistema de cuidado de vehículos y garantizar un ingreso sustentable a sus “beneficiarios”.
“La incorporación de estas personas al estacionamiento medido bajo ningún aspecto significa la inserción laboral ni el reconocimiento de los derechos laborales más elementales para todos ellos. En la actualidad quienes se desempeñan en este trabajo no cuentan con obra social, aportes jubilatorios, licencias por enfermedad, aguinaldo, vacaciones ni ART”, explicó Prado, quien además denunció que “es el mismo municipio quién se niega a reconocerlo como trabajadores municipales pese a la labor diaria que desempeñan, en algunos casos durante varios años”.
Otro aspecto contradictorio en los dichos del Intendente Municipal es la solicitud y certificado de buena conducta para quienes deseen incorporarse a este sistema. Siendo esta una condición extremadamente discriminatoria y contraria a cualquier tipo de política que debe el Estado llevar adelante para la reinserción social. Teniendo en cuenta la incidencia negativa que estos certificados poseen, en casos como estos se ve como la pena del delito excede el ámbito penal privativo de la libertad, generando profundas marcas de estigmatización.
“La incorporación de todas estas personas a un sistema de Estacionamiento Medido que los incluya como trabajadores municipales a partir de la creación de convenios especiales que contemplen su labor específica y que no implique una disminución en sus ingresos, bajo ningún aspecto significaría un problema económico para el municipio, ni la necesidad de trasladar estos costos a los contribuyentes, ya que estos gastos podrían ser afrontados con los mismos fondos recaudados por este sistema. Es por todos estos motivos expuestos que desde nuestra banca, como concejala de la Ciudad , no acompañamos el proyecto”, concluyó Prado.
