Carceles y coronavirus. Protesta en la Unidad Penal N° 44 de Batán: “Nos condenan a morir”

Allí muestran las brutales condiciones de vida a las que están sometidos. En una celda donde tendría que haber cuatro personas se encuentran en este momento nueve. A la falta de espacio, se le suma la falta de productos indispensables de higiene personal como jabón y alcohol en gel.

Una resolución del Poder Judicial del 20 de marzo considera extremar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas que se encuentran alojadas en establecimientos del servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y en dependencias policiales del Ministerio de Seguridad Bonaerense. Esta resolución hoy no se esta llevando adelante.

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Organizaciones integrantes de la Red Nacional Contra la Tortura le solicitan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Corte Suprema, medidas urgentes para evitar que el Covid-19 ingrese en las cárceles y se propague. “Observamos con preocupación el impacto que pueda tener el avance de la pandemia del Covid-19 en la población privada de la libertad alojada en unidades penitenciarias y dependencias de las fuerzas policiales y de seguridad de todo el país. Como es evidente esta población es especialmente vulnerable frente a una enfermedad contagiosa dado el hacinamiento y los problemas para acceder a una rápida atención médica en el encierro”, afirman.

Proponen medidas urgentes debido a esta excepcional situación para proteger la vida de la población privada de la libertad en cárceles, comisarías e institutos de menores.

Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas de la libertad que eventualmente contraigan el virus para evitar la propagación del contagio dentro de las unidades.

Garantizar el acceso a una alimentación adecuada ya que la restricción de las visitas puede puede limitar el acceso a la alimentación.

Garantizar el acceso a la salud y a elementos sanitarios para el higiene.

Conceder libertades asistidas y condicionales a quiénes, conforme al tiempo de condena transcurrido, estén en condiciones de obtenerlas.

Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quiénes están con salidas transitorias.

Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y embarazadas.

Para disminuir la sobrepoblación, esta medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de las condenas por delitos leves o no violentos.