Genocidio. Provocación oficial: el Gobierno dice que los desaparecidos son apenas siete mil

Ayer la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo público un listado de víctimas del genocidio en Argentina, según la cuál las personas desaparecidas en el período que va de 1973 a 1983 no serían 30.000 sino 7.010. A esa cifra se agregarían 1.561 personas asesinadas.
 
Los datos pertenecen al Registro Unificado del Víctimas del Terrorismo de Estado (Rutve), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y fueron entregados al titular de la ONG Ciudadanos Libres, el abogado José Mangiocalda, quien se lo solicitó expresamente al Gobierno. El diario Clarín amplificó la noticia con euforia en su tapa, diciendo que eran cifras que “el gran diario argentino” ya había publicado hace una década.

La “novedad” de lo que se conoció ayer es el salto que pega el Gobierno al mostrar cifras como “información” incuestionable, legitimadas oficialmente. La gravedad de esta provocadora noticia radica en que es un aporte significativo en el intento de avanzar en la política de más impunidad.

No es un funcionario suelto quien dice estas barbaridades, ofendiendo la memoria de nuestros 30 mil y de los miles de familiares. Es una clara política oficial del Gobierno de Mauricio Macri a través de su secretaría de Derechos Humanos.

No es sólo Darío Lopérfido diciendo que la cifra se arregló en una mesa chica para cobrar más subsidios, o el propio Macri diciendo que “no importa si fueron 9 o 30 mil”.

Es una política de Estado abierta para avanzar cualitativamente en mayor impunidad contra los militares, pero particularmente contra sus socios civiles, los empresarios, verdaderos impulsores del genocidio más grave que vivió nuestro país.

Minimizar el genocidio no sólo es una provocación, si no que no tiene ningún sustento en a realidad.

Durante la dictadura cívico-militar hubo más de 600 centros clandestinos de detención en Argentina. Aún suponiendo que los datos del Gobierno comprendieran sólo el período inaugurado el 24 de marzo de 1976 (lo que de todos modos no es así porque dicen que se contabiliza desde 1973) decir que por esos lugares pasaron apenas 8.500 personas equivaldría a decir que, en promedio, por cada uno no pasaron más de 14 víctimas. Algo sencillamente insostenible, que sólo puede plantear una derecha envalentonada y descarada.
Abajo con asterisco. 
 

Nada casual

 
Mientras leía la noticia difundida ayer, quien firma esta nota estaba preparando para hoy martes una audiencia, con el objetivo de impedir el intento de prisión domiciliaria en beneficio del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. Lo hago en calidad de querellante en la causa “Pozo de Banfield”, el centro clandestino en el que mantuvieron detenida a mi madre embarazada antes de trasladarla a la cárcel de Olmos (donde nací) y años antes de su desaparición junto a mi papá y mis dos tíos.
 
De esta audiencia participaremos con mi compañera María Victoria Moyano, quien nació en el Pozo de Banfield y con la cual compartimos una lucha cotidiana como militantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y del PTS contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.

Será una contundente respuesta a esta nueva provocación del Gobierno. Organismos del colectivo Justicia YA! y la izquierda estaremos allí para impedir la impunidad de este genocida responsable de la desaparición de miles de compañeros y de Jorge Julio López.

La asociación entre ambos hechos (la publicación de los datos por parte del Gobierno y nuestra presentación) es directa. Al menos para todas y todos quienes luchamos por impedir que se avance aún más en la impunidad de los genocidas vía el aumento de absoluciones y de las prisiones domiciliarias.

Intentos fallidos

La lógica del macrismo es la de tirar ataques de este tipo, a ver si pasan. Al igual que en otros terrenos, son intentos que buscan avanzar en una política de mayor impunidad, represión y reconciliación con las fuerzas armadas genocidas.

Es necesario decir que no podrán y que encontrarán en las calles a quienes siempre peleamos, durante décadas, contra la represión y la impunidad en forma independiente de cualquier Gobierno.

Hay cifras verdaderas que sí es necesario dar a conocer. Cuando denunciamos la designación de César Milani al frente del Ejército durante el kirchnerismo, logramos conocer que todavía están en funciones miles y miles de los que participaron del genocidio.

Como lo han hecho público en el Congreso Nacional mis compañeros Nicolás del Caño y Myriam Bregman, hay 3.300 miembros del Ejército y miles en la Policía Bonaerense que provienen de la dictadura y siguen en funciones. Y más de la mitad de los altos mandos de la Policía Metropolitana también cumplieron funciones en la dictadura. Éstos son sólo algunos ejemplos.

La Policía Federal mantiene a su vez el cuerpo de informaciones de mil agentes creado por un decreto del dictador Juan Carlos Onganía. Son agentes que actúan haciendo espionaje sobre las organizaciones de trabajadores y la izquierda.

Por eso éste no es un “debate” o una lucha del pasado. Es la continuidad con el presente. Son esas mismas fuerzas a las que están fortaleciendo para reprimir a los jóvenes y al pueblo trabajador que salen y seguirán saliendo a luchar ante el ajuste y la crisis económica.

Nuestros 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos tampoco son el pasado. Son el presente de miles que seguimos luchando porque vayan presos todos y cada uno de los genocidas. Y también son presente los más de 400 jóvenes apropiados que aún esperan la recuperación de su identidad.

Como dato complementario pero no menor vale decir que la ONG Ciudadanos Libres, que realizó el pedido de los datos al Gobierno, es la misma que realizó, entre otras, una denuncia penal contra una agrupación estudiantil por “hacer política en una escuela”, alegando que eso atentaría contra los derechos de los niños y adolescentes. Es decir que la ONG de Mangiocalda cree que hay que penalizar a los jóvenes por ejercer su derecho a pensar.