IMPUNE PEDOFILIA. Provolo La Plata: piden elevación a juicio al profesor Britez por abusos sexuales

Este martes 2, la fiscal María Cecilia Corfield de la UFI Nº 15 de La Plata pidió la elevación a juicio -en la Causa Provolo- por los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima, al docente de informática José Angel Britez.

En el expediente judicial al cual accedió este medio también se observa las denuncias de los hoy adultos contra los curas responsables del establecimiento: Nicolás Corradi y Eliseo Pirmati. Allí los testimonios de las víctimas indican que los crímenes que sufrieron fueron sistemáticos entre la década de los ´70, ´80 y ´90 aprovechándose de su lugar de poder y con pleno encubrimiento de las máximas autoridades eclesiásticas platenses.

El Instituto Antonio Próvolo, perteneciente a la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos, ubicado en calles 25 y 47 de La Plata, estaba dedicado a la educación de niños de entre 3 y 17 años con diversas discapacidades auditivas. Allí se alojaban, gran parte de los niños, de forma permanente, y otros tantos, de manera temporaria, con el objetivo de desarrollar su habla.

Desde 1970 hasta el año 1997, el cura Nicolas Corradi fue la máxima autoridad de la institución hasta que se trasladó al Provolo recién construido en la provincia de Mendoza. Corradi está siendo juzgado en dicha provincia por los mismos delitos, cometidos durante años sobre decenas de niñas y niños junto al cura Horacio Corbacho (también estuvo en La Plata), la monja Kumico Kosaka y algunos empleados de la sede de Luján de Cuyo.

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Otro de los responsables del establecimiento platense, y también denunciado por los mismos delitos, es el cura Eliseo Pirmati, quien a fines de 2017 (un año después de estallado el escándalo en Mendoza y con los ojos judiciales ya puestos sobre él) fue enviado a Verona por la curia a “refugiarse”. El pedido de extradición ya fue enviado por la embajada italiana. A fines de agosto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo de Lázzari, envió al Ministerio de Relaciones Exteriores la orden de detención y el pedido de extradición del cura Pirmati, la cual no ha cumplimentado hasta el día de hoy.

En 2002, según expresa la fiscal en el expediente, un integrante de la congregación -desde el teléfono fax del Instituto Próvolo-, comunica a las máximas autoridades eclesiásticas “Padre General, Vicario General”, así los llama, los hechos que a su criterio sorprenden, disgustan, degradan la institución y que ameritan la intervención inmediata de la misma. Luego de ello, en 2017 Francisco designa al obispo auxiliar platense Alberto G. Bochatey, como interventor y encargado de investigar los abusos sucedidos en el Próvolo de Mendoza y de La Plata.

Otra mancha más al tigre

Tal como viene informando este medio, el Arzobispo emérito Héctor Aguer y el actual Víctor Manuel Fernández son hartos conocedores de las prácticas llevadas a cabo por el cura Eduardo Lorenzo –denunciado en 2008 por abusos sexuales agravados y continua a cargo de la Iglesia de Gonnet y en contacto con niños y adolescentes-; sumado las últimas denuncias que remiten a violaciones sistemáticas desde la década del ´90, aún siendo también Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense.

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Se suma que en 2017, la curia platense (a través de la participación directa del obispo auxiliar Bochatey) decidió proteger al cura Pirmati denunciado en La Plata y procesado por los mismos delitos en Mendoza, al “enviarlo” a la ciudad de Verona. Una práctica normal para las autoridades eclesiásticas para encubrir a los curas pedófilos: brindarles una licencia por enfermedad, o bien trasladarlo a otras sedes religiosas.

Todo esto es una cadena que comienza en Italia (justamente a muy pocos kilómetros de la Santa Sede), en la década del 80. Allí 130 curas fueron denunciados por abuso de niños sordos en el Instituto Próvolo de Verona, cometidos entre los años 1955 y 1984. Con la intención de ocultar los casos, la jerarquía eclesiástica envió a muchos de estos de pedófilos a la Argentina, entre ellos a Corradi.

Tras estallar el escándalo en Mendoza, en noviembre de 2016, una de las víctimas de abusos del Próvolo de La Plata presentó su denuncia en la Unidad Fiscal Nº 4 de Delitos Conexos con Trata de Personas y Pedofilia de esa ciudad, a cargo en ese momento de Fernando Cartasegna. El fiscal con múltiples vínculos con el poder político y eclesiástico prefirió mantener guardada la investigación y no avanzó en la misma hasta que abandonó su cargo. Recién en abril de 2018 la fiscal Corfield de la UFI Nº 15 se hizo cargo de la causa y en pocos meses llamó a declaración testimonial a más de una veintena de personas entre víctimas y testigos. Hasta mandó a inspeccionar el lugar y obtener pruebas concretas.

Para la fiscal, según sus considerandos, “Eliseo José Pirmati, que estuvo residiendo en el establecimiento desde el año 1974 hasta el 7 de diciembre de 2017 en que retorna a Verona, se efectuaba tocamientos en sus partes íntimas, mientras observaba a los niños que integraban dicha comunidad y obligaba a éstos a presenciar dichos tocamientos como también los observaba desnudos cuando los pequeños se higienizaban, ya que exigía permanezcan abiertas las puertas de las duchas, ello con el evidente propósito de desviar el normal desarrollo sexual de los niños sordos allí internados y bajo su guarda, niños que iban desde los 8 o 9 años hasta los 15 por lo menos”.

Durante esos tres años de investigación, a través de dos fiscalías platenses, el Arzobispado no colaboró en la búsqueda de la verdad y la reparación y protección de las víctimas. El cura Pirmati sigue refugiado por la Santa Sede en Verona, el actual obispo auxiliar Bochatey -interventor del Instituto- permite esa impunidad y toda la máxima autoridad eclesiástica esconde debajo de la alfombra los crimenes de abusos sexuales y corrupciones de menores que se siguen denunciando en La Plata.

Si la causa avanza en la línea propuesta por la fiscal Corfield, probablemente el capítulo platense del caso Provolo se convierta en gran problema para el Arzobispado local, estrechamente involucrado en el encubrimiento y la impunidad. Dos acciones que se repiten en el caso del cura Eduardo Lorenzo, del que este medio viene publicando una investigación especial. Allí también el accionar cómplice de la alta jerarquía eclesiástica queda en evidencia al tiempo que las víctimas de esos crímenes se siguen acumulando en silencio.