Economia. Puente al empleo. ¿Los beneficios fiscales a empresas son la vía para crear trabajo con derechos?

Transformar planes sociales en empleo “genuino”, registrado. ¿Quién podría oponerse? En apariencia resulta innovador y da a entender que daría respuesta a dos exigencias (a derecha y a izquierda) en simultáneo: reducir el gasto social y generar empleo formal.

Pero inmediatamente surgen dos preguntas: ¿A quien favorece el mecanismo planteado? ¿Son los beneficios fiscales a las empresas la vía para la crear empleo con derechos? Un repaso por los puntos centrales del proyecto, tanto el ingresado al Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados en el Frente de Todos, Sergio Massa, como el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia del propio Alberto Fernández que se oficializó en el día de ayer.

El proyecto de Massa

• Propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.

• Implica la compatibilidad del cobro del plan social como complemento al salario, es decir, que reducirá el costo salarial porque una parte la abonará el Estado. También incluye capacitaciones y cursos de oficios.

• Amnistía a empleadores: Incluye la “extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 24.769”. Con ello, se eliminan las multas, sanciones o penas dispuestas por la legislación que sanciona los delitos tributarios. Además, si la empresa regulariza relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, se le podrá dar de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y obtendrán condonaciones de deudas de capital e intereses por la falta de pago de aportes y contribuciones de la seguridad social

El Decreto de Alberto Fernández

En el entorno oficial explicaron que tanto el proyecto de Massa como el DNU 711/2021 “son medidas complementarias. El DNU abre paso a la Ley”, señalaron.

• El importe recibido como plan social, pagará la totalidad o una parte del salario de trabajadores que sean contratados por empresas privadas.
• Reducción de contribuciones patronales de 90%-95%
• Diferencia: no podrán acceder quienes estén en el Repsal.
• Es una norma muy general que delega a los convenios por sector mediados por Trabajo y Desarrollo Social la forma de aplicación. La letra chica vendrá en la reglamentación.

En el Coloquio 57° de IDEA, el encuentro que reúne a los CEO y empresarios más grandes del país, el presidente ya había adelantado el viernes pasado que “si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina es la promoción de la inversión empresaria y creación de empleo, por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”

Lo cierto es que en la normativa no está tan claro que así sea, más bien lo contrario.

No garantizan plenos los derechos laborales

• Ni el proyecto de ley ni el DNU garantizan cobrar un salario que cubra el costo de la canasta básica familiar.

• Tampoco se explicita la posibilidad encuadrarse en el convenio colectivo de trabajo, que les dé mayores derechos y el mejor ingreso salarial posible, dentro de las leyes laborales vigentes.

• La estabilidad laboral no está contemplada en el decreto presidencial. No se garantiza que la contratación laboral sea "a tiempo indeterminado" o que vaya hacia la "planta permanente".

• Significan claros beneficios para los empleadores en rebaja de costos y liberación de responsabilidades. Por el contrario, implica de nuevo el desfinanciamiento del sistema previsional y de la Anses.

Planes "empalme"

Proyectos similares ya fueron probados en otros Gobiernos: con Duhalde, con Nestor Kirchner y también con Macri.

Sobre este último, los datos de Nicolás Salas en el sitio Anred ejemplifican el fracaso de las recetas que consisten, esencialmente, en subsidiar parte del salario y las contribuciones patronales.

Allí Salas explica que, por ejemplo, el programa impulsado por Mauricio Macri proyectó 80.000 ´empalmes´ por año, pero según las presentaciones hechas al Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, funcionó solo para 12.000 personas entre 2017 y 2019.

Un millón de planes sociales

Los periodistas de La Nación, Pablo Fernández Blanco y Catalina Bontempo publicaron una investigación en donde estiman, a partir de documentos públicos derivados de un pedido de información a Desarrollo Social, que son un total de 1.131.977 los beneficiarios de planes sociales en la actualidad. La mitad de ellos se concentra en Provincia de Buenos Aires, y de ellos, el 15 % residen en La Matanza.

Todos los planes sociales implican una contraprestación y se agrupan bajo el nombre Potenciar Trabajo. Bajo ese programa fueron a parar anteriores esquemas similares como Hacemos Futuro y Proyecto Productivos Comunitarios (Macri) o Argentina Trabaja y Ellas Hacen (Cristina Kirchner).

Debe recordarse que actualmente el monto del Potenciar Trabajo es de $ 14.040, ya que se determinan como la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Es decir, alcanzan apenas para un quinto de la canasta de pobreza.

Blanco y Bontempo explican que quienes perciben el plan desarrollan actividades en la construcción, la industria textil, la producción de alimentos, el reciclado o el cuidado de personas.

Sobre este punto, abundan los análisis del “costo fiscal creciente” que implican para el Tesoro nacional. “22 millones de cheques”, dicen algunas notas intencionadas, incluyendo ahí todo tipo de prestación sin diferenciar entre las que son en realidad protección a las y los niños (como la AUH) de aquellos que emparchan la falta de empleo. En el análisis de Blanco y Bontempo, la erogación total anualizada alcanzaría al 0,5% del PBI, o 12% del déficit público.

Sin embargo, a pesar de cierto crecimiento de la cantidad de beneficiarios de planes en el último año, esos datos contrastan con la ejecución real del presupuesto. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto en programas sociales se redujo 45% en los primeros 9 meses del año. Ello se explica por la eliminación del IFE y del ATP. Sigue primando el ajuste.

El problema de fondo: la decadencia del capitalismo argentino

El crecimiento de los planes sociales habla más de la decadencia del país que multiplica las familias trabajadores que viven con ingresos de subsistencia y sin empleo formal, que de una supuesto interés asistencialista. A su pesar, Macri aumentó la cantidad de planes a 256 planes por día. Fernández a un ritmo de 958 por día.

Inaugurados con Alfonsín tras la pobreza que quedó después de la dictadura, los planes se reinventaron desde Duhalde con la crisis de 2001 como parte de los mecanismos de contención de la protesta social.

Pero se inscriben en un creciente drama de vida que atraviesan millones en el país. Allí se apuntan la suba de la pobreza y la insuficiencia general de ingresos: el 50 % de los asalariados percibió menos de 40 mil pesos en el segundo trimestre.

Al mismo tiempo, se observa el estancamiento del empleo asalariado privado en torno a los 6 millones de puestos en los últimos años, a la par que se multiplican formas precarias de contratación (empleo no registrado, monotributo).

Todo ello se inscribe en un problema muy grave del aparato productivo: desde hace 10 años el PBI, la masa de riqueza a repartir, no crece. Y lo que se reparte se hace cada vez con mayor desigualdad y una mayor apropiación de las ganancias empresarias en detrimento de la participación de los salarios.

Se demostró que es imposible compatibilizar los pagos de la deuda y al FMI con una salida favorable para los trabajadores.

Bajo el régimen del FMI, que hipoteca el futuro del país a los pagos de una deuda ilegítima y el cumplimiento de los vencimientos con los acreedores, profundiza la dependencia y el atraso productivo, es imposible una ruptura con los limitantes al desarrollo. La enorme masa de riqueza social es apropiada por un pequeño grupo de propietarios de la tierra, grandes empresas nacionales y extranjeras y acreedores externos.

Para dar vuelta las prioridades y orientar los recursos estratégicos a un verdadero cambio estructural que desarrolle las potencias productivas del trabajo, genere crecimiento y empleo con derechos, es fundamental una ruptura con el FMI, en el camino de un gobierno de trabajadores.

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