Ya se discute en la legislatura mendocina un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo que apunta a crear una estructura de poder para la aplicación de las políticas que defina el Procurador.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Viernes 9 de septiembre de 2016
Alfredo Cornejo continúa su avanzada sobre la organización de la justicia provincial y ha sumado esta vez un proyecto para modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Al frente de este Ministerio se encuentra el reciente electo Alejandro Gullé, quien mantiene una afinidad política con el gobernador y es uno de los ideólogos de la reforma.
Los fiscales de este nuevo ministerio serán los protagonistas de aplicar las diferentes reformas del código procesal penal que votó la legislatura, entre ellas el fortalecimiento de las prisiones preventivas.
Los legisladores del Frente de Izquierda ya han explicado que detrás del discurso de “agilización de la justicia” se esconde una política que busca aumentar el poder persecutorio del estado y que no resolverá ninguno de los problemas de la inseguridad.
El primer punto clave trata sobre la autarquía financiera y presupuestaria y autonomía organizativa que tendrá el Ministerio Público respecto de la Suprema Corte, manejando y administrando su propio presupuesto.
A esta separación se le agrega la separación del Ministerio Público de la Defensa del Ministerio Público Fiscal, es decir que el Procurador y los Fiscales tendrán un organismo diferenciado del cuerpo que componen los abogados y otros funcionarios que se ocupan de las causas de quienes no pueden costear su patrocinio.
En la interna entre varios de los jueces de la Corte y el gobernador, este último busca empoderar aún mas a los fiscales para ser el brazo ejecutor de sus políticas de mano dura y demagogia punitiva, a la vez que pretende aumentar los ritmos de trabajo de los empleados judiciales.
Superpoderes para el Procurador
En el mismo orden de cosas, el proyecto de reforma busca otorgar superpoderes al Procurador General para el nombramiento de funcionarios y establece la capacidad para aplicar sanciones.
El artículo 14 faculta al Procurador para designar a los Fiscales Adjuntos, que son la máxima autoridad en cada materia solo por debajo de Gullé. Antes estos funcionarios debían ser electos por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado, en cambio ahora serán electos por el Procurador entre los fiscales de cámara.
Estos fiscales adjuntos, que son los subrogantes naturales del Procurador, tendrán la facultad de dictar instrucciones sobre la política a llevar adelante en la materia y asesorar a los fiscales cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos, en perjuicio de la administración pública o de la criminalidad organizada.
Asimismo, en las comisiones que asesoran al Consejo de la Magistratura para la designación de funcionarios, deberán tener un miembro propuesto por el Procurador cuando antes era un miembro del Ministerio Público.
En el inciso 21 del artículo 28 se otorga la facultad al Procurador para aplicar sanciones disciplinarias a los fiscales y funcionarios del Ministerio. Esta es una potestad peligrosa abriendo la puerta a sanciones arbitrarias si no se sigue la línea política oficial.
Por lo tanto, el Procurador no solo tendrá la potestad de designar a los Fiscales Adjuntos, es decir, los jefes por materia, sino que también podrá sancionar a cualquier funcionario bajo su órbita atentando contra la imparcialidad y objetividad que deberían tener los fiscales.
En el inciso 7 del mismo artículo se faculta para crear fiscalías especializadas para investigar determinados delitos. En la ley actual, esta atribución se limita a los delitos complejos, pero se elimina esta última palabra. Así las cosas, podrán crear fiscalías especiales para por ejemplo perseguir a los que “cometen el delito” de hacer una manifestación en una calle o ruta u otros delitos utilizados para la criminalización de la protesta.
De las funciones del Ministerio Público se elimina el artículo que establece “Velar por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica”.
Este cambio es aún más importante en el marco de las reiteradas denuncias y sanciones que recibió la provincia por el trato inhumano y degradante que se vive en las penitenciarías, incluyendo torturas y apremios ilegales.
Asimismo se elimina esta función cuando la Corte ha ordenado rever la situación en la que cientos de personas privadas de la libertad lo están sin condena firma y sin siquiera la orden de prisión preventiva, sino simplemente por orden de detención del fiscal.
De conjunto es un proyecto que apunta a crear una estructura de poder para la aplicación de las políticas que defina el Procurador.
Otros cambios:
