Grandes movilizaciones y huelgas en todo el país tras la declaración y posterior retirada de la ley marcial por parte del gobierno de Yoon Suk-yeol entre acusaciones a la oposición de ser “pro-norcoreanos”. El intento de autogolpe sacude el panorama político en Corea del Sur.
Alex León @A10Leon
Jueves 5 de diciembre de 2024 12:26
Miembros de la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU) sostienen pancartas y encienden velas mientras marchan hacia la oficina presidencial JEON HEON-KYUN | EFE
El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, declaró este martes la ley marcial y acusó a la oposición de paralizar la actividad parlamentaria, de llevar adelante actividades "anti-estatales" y de ser una fuerza "pro-norcoreana". Pero tuvo que recular 2 horas y media después tras la votación del parlamento, con mayoría del Partido Demócrata. Una votación de 190 legisladores de la Asamblea Nacional puso fin, de manera efectiva, a un período de dos horas y media de ley marcial en Corea del Sur la madrugada del miércoles, tras la sorpresiva imposición de esta medida por parte del presidente Yoon Suk-yeol la noche anterior. La declaración nocturna de la ley marcial causó un impacto masivo en la sociedad coreana, dejando numerosas preguntas en el aire.
El ministro del Interior Lee Sang-min y el ya exministro de Defensa Kim Yong-hyun fueron ambos compañeros de escuela secundaria del presidente y ocupan cargos con autoridad suficiente para recomendar la declaración de la ley marcial. Esta decisión fue tomada a recomendación de sus más allegados tras los escándalos de corrupción de la primera dama, Kim Keon-hee, y después de que su popularidad cayera por su gestión de la economía, su alineación con Japón, y sus ataques contra los sindicatos, el movimiento feminista y algunas minorías.
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El exministro de Defensa Kim Yong-hyun, cuya dimisión se ha hecho efectiva este jueves, ordenó a las tropas infiltrarse en la Asamblea Nacional y bloquear a los legisladores para que no entraran en el recinto tras decretarse el martes la ley marcial. La calma se fue restaurando en la Asamblea Nacional gradualmente una vez que esta aprobó una resolución exigiendo el fin de la ley marcial. Líderes cívicos y políticos comenzaron a exigir el castigo de Yoon por insurrección y su destitución a la vez que el líder del Partido del Poder Popular inició negociaciones con el Partido Democrático para abordar el proceso de destitución de Yoon.
Tras las denuncias presentadas en su contra la Policía surcoreana ha abierto una investigación contra el presidente, el exministro de defensa, el jefe del estado mayor y el ministro del interior por haber cometido supuestamente traición y otros delitos por su papel en la declaración de la ley marcial.
La última vez que se invocó la ley marcial de emergencia fue hace 45 años bajo la dictadura Yushin. El decreto de ley marcial anunciado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su —designado comandante de la ley marcial por Yoon— contenía expresiones como "arrestar, detener y castigar sin órdenes judiciales", evocando la era del régimen de Park Chung-hee. Esto intensificó el impacto inicial en la población coreana, que pronto se transformó en ira.
Ante esta crisis, centenares de manifestantes salieron a manifestarse frente a la Asamblea Nacional desoyendo la ley marcial y enfrentándose a los militares que aguardaban el recinto.
Convocatoria de huelga general
Por su parte, la confederación sindical KCTU de madrugada y tras varias horas reunidos junto a otras organizaciones de la sociedad civil convocó 4 días de huelga general hasta el 7 de diciembre, que será cuando comience el periodo de votación contra la destitución del presidente Yoon y espera realizarse en cualquier momento dentro de las siguientes 72 horas. La KCTU hizo un llamamiento por el Movimiento Nacional de Acción Urgente, bajo el lema: "Condenamos el estado de emergencia ilegal de Yoon Suk-yeol, delito de traición, destitución de Yoon Suk-yeol y realización de la soberanía popular".
Tras la declaración de huelga indefinida que involucra a 1,2 millones de trabajadores, se manifestaron miles de personas en la plaza Gwanghwamun para lanzar un movimiento de resistencia generalizado contra el gobierno de Yoon Suk-yeol. Han sido convocadas concentraciones y movilizaciones en hasta 14 ciudades del país, y ya el sindicato ha anunciado que seguirán extendiéndose movilizaciones durante la huelga.
Yang Dong-min, del grupo March to Socialism, tomó la palabra en la primera concentración que se hizo en la plaza y afirmó que no será el Parlamento ni el Partido Democrático quienes derroquen a Yoon Suk-yeol, sino una huelga general política. Subrayó que solo así se abrirán las posibilidades de un mundo diferente al actual. Asimismo, instó a la KCTU a liderar las luchas en las calles, como lo hizo durante las movilizaciones masivas del pueblo en 2016.
A partir del 7 de diciembre se tendrá que votar sobre la moción de censura que necesitará la votación de 200 miembros necesarios para iniciar una acusación de destitución. De ser aprobado, la autoridad del presidente se transferirá al primer ministro y la decisión final la tomará el Tribunal Constitucional. Es decir, que de llevarse adelante la moción el poder quedaría en el mismo partido que ha causado toda esta crisis, pero además el actual Tribunal Constitucional sólo tiene seis miembros y tres escaños están vacantes. Según el artículo 23.1 de la Ley del Tribunal Constitucional, al menos siete magistrados deben participar en la vista de un caso, por lo que el proceso podría atrasarse meses.
Tanto el grupo March to Socialism, que mantiene relaciones fraternales con nuestra corriente internacional (la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional), como la confederación sindical KCTU y otros sindicatos y grupos políticos plantean que solo desde la movilización en las calles se puede tumbar a este régimen, por tanto, anunciaron que si el 11 de diciembre no ha caído el gobierno comenzarán una huelga general indefinida hasta que caiga todo el ejecutivo.
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“La Confederación Coreana de Sindicatos ha declarado una huelga general por tiempo indefinido. La tarea más importante es extender la huelga general de la Confederación Coreana de Sindicatos a todos los centros de trabajo. Todos los sindicatos, organizaciones de base, grupos de estudio y discusión, clubes y asociaciones deben discutir qué harán para extender la huelga general y anunciar su posición. ¡Paremos la producción y convirtamos todos los lugares de trabajo y las calles en bastiones para derrocar al régimen! Luchemos en las calles y en los lugares de trabajo, junto a los trabajadores no organizados. ¡Derroquemos el régimen de Yoon Suk-yeol mediante una huelga general de la clase obrera y la resistencia de todo el pueblo!”, plantea March to Socialism en una de sus últimas declaraciones ante la crisis política.
En el marco de la huelga de KCTU, el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Corea (KMWU) ha decidido realizar una huelga general de más de dos horas cada día, en turnos de día y de noche respectivamente, los días 5 y 6 de diciembre, y una huelga general indefinida a partir del día 11 si Yoon Suk-yeol no dimite. El Sindicato de Trabajadores del Transporte y Servicios Públicos de Corea (KPTU) decidió lanzar una campaña para destituir a Yoon Suk-yeol, comenzando con la huelga del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios de Corea el 5 de diciembre y centrándose en las huelgas del Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Tránsito de Seúl y del Sindicato Nacional de Trabajadores Auxiliares de Educación el 6 de diciembre.
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La huelga general de la KCTU no puede ser un medio para presionar por el impeachment en el congreso, sino que debe posicionarse como el medio más eficaz para que los trabajadores y el pueblo tiren abajo al régimen. Como plantea March to Socialism “Debemos combinar las huelgas parciales y las manifestaciones locales en el camino de una huelga general política y la resistencia de todo el pueblo para tirar abajo a Yoon Suk-yeol.”
Hay muchas razones más que la locura de la ley marcial para tirar abajo a Yoon Suk-yeol. Ha habido innumerables represiones, incluida la reducción de los salarios reales, un déficit de 60 billones de wones en los ingresos fiscales en 2023, la expansión de los trabajadores tercerizados y precarizados, la promoción de una semana laboral de 69 horas, los ataques a los sindicatos de la construcción y logística mediante órdenes de reanudar el trabajo y la supresión de la huelga de los trabajadores subcontratados en Daewoo.
No hay que luchar solamente para que el poder lo termine teniendo una administración del Partido Demócrata. Hay que derrocar a Yoon Suk-yeol con el poder de los propios trabajadores, sin depender del impeachment de la oposición. La única forma de lograr un cambio real es a través de una huelga general de la clase trabajadora y la resistencia de todo el pueblo.
Breve esbozo del contexto político de Corea del Sur
Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra, ya que el conflicto de 1950-1953 terminó con un armisticio, no un tratado de paz, por ello hay una tensión constante con sus vecinos del norte. Pero además Corea del Sur mantiene una alianza estratégica con el imperialismo norteamericano, con la presencia de más de 28.000 tropas estadounidenses en el país.
Es importante destacar que el principal socio comercial de Corea del Sur es China, lo que representa un desafío geopolítico debido a la creciente rivalidad por la hegemonía mundial entre China y EEUU. Junto a China, Corea del Sur domina sectores importantes para el comercio mundial como el de los semiconductores, de los que dependen muchos otros sectores económicos como el automovilístico.
En Corea del Sur, la situación política está dominada por dos partidos capitalistas: el Partido Demócrata y el partido conservador Poder para el Pueblo (PPP), que juntos obtuvieron el 96,39% de los votos en las últimas elecciones celebradas en 2022.
El año pasado se eligió un nuevo presidente, Yoon Suk-Yeol, del PP. Su política se caracteriza por tres cosas. Primero, fortaleció la alianza entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur e intensificó el entrenamiento militar en Corea del Sur. En segundo lugar, ha hecho de “la guerra contra el crimen” una de sus principales preocupaciones, designando en realidad como “crimen” a las actividades sindicales. Atacó a numerosos sindicatos pidiéndoles que mostraran sus listas de afiliados y su financiación, convocó a mil trabajadores de la construcción y arrestó a 19 de ellos. Finalmente, lidera ofensivas permanentes contra las minorías.
Por ejemplo, las personas con discapacidad, que no tienen derechos en Corea del Sur, se han manifestado repetidamente en los andenes del metro para exigir ascensores y autobuses más accesibles. La Policía arrestó recientemente a varios de ellos y los expulsó violentamente del metro. Por otra parte, este año, el alcalde de Seúl, que pertenece al mismo partido que el presidente, prohibió la Marcha del Orgullo, que se celebra cada año en la plaza principal de la capital. Una decisión que muestra el verdadero rostro del régimen, a pesar de que el presidente había dicho durante la campaña electoral: “Ya no hay sexismo sistémico. Es una historia del pasado. Las mujeres tienen exactamente los mismos derechos que los hombres".
Pero el régimen sigue siendo inestable y el actual presidente perdió rápidamente puntos de popularidad, por dos razones principales: aceptó la decisión del gobierno japonés de evacuar 1,3 millones de m3 de aguas residuales de Fukushima al Océano Pacífico y trató de impulsar una reforma laboral que aumentaría la jornada máxima de trabajo a 69 horas semanales, tiempo que en realidad puede extenderse a 80 horas. Estas dos políticas hicieron que su popularidad cayera en picada.
Además, la clase obrera está dividida entre trabajadores regulares e irregulares: los trabajadores regulares tienen sindicatos fuertes y condiciones de trabajo estables, pero sólo luchan por sus reivindicaciones. Por otro lado, los trabajadores irregulares, es decir, los que son autónomos, trabajan en la subcontratación o son trabajadores temporales, y que representan alrededor del 80% de los trabajadores, no están sindicalizados y los que lo están, están aislados, como los trabajadores de la subcontratación naval. Los sectores estratégicos emplean a trabajadores fijos, pero están muy controlados por la burocracia sindical y atrapados en su corporativismo.