Compartimos la opinión del senador provincial del PTS FIT Lautaro Jimenez, a partir del debate originado tras el maltrato sufrido por una madre haitiana en el hospital Lagomaggiore de la capital mendocina.
Lautaro Jimenez Docente y dirigente del PTS @LautaroJ_PTS
Lunes 12 de noviembre de 2018 12:37
Mujer haitiana es maltratada por policías en un hospital público de Mendoza
*Nota publicada originalmente en MDZ diario
Fue gracias a una noticia publicada por MDZol que muchos pudimos enterarnos el día miércoles por la tarde que algo muy grave había sucedido con una mujer de nacionalidad haitiana y su pequeño bebé en Mendoza. De inmediato comenzamos a exigir explicaciones a distintos funcionarios del gobierno provincial, que guardaron silencio hasta el día posterior.
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Una mujer haitiana que llegó a Mendoza intentando cruzar a Chile para encontrarse con el padre de su bebé, fue impedida de cruzar la frontera por encontrarse “vencida” la visa que había emitido el Estado Argentino. Completamente abandonada por el estado para resolver esta situación, la mujer llegó al Hospital Lagomagiore con un embarazo avanzado donde comenzó a ser tratada antes, durante y luego del parto, al igual que su bebé que habría nacido el pasado 6 de Octubre. Durante un mes, ambos fueron tratados sin que se presentara ninguna situación de violencia o riego para el niño, según han explicado tanto el director del Hospital como parte del personal que atendieron a la mujer y su bebé. Quedándose ella muchas veces en el hospital para acompañar el tratamiento de su bebé internado en neonatología. Incomprensiblemente, el OAL le “comunicó” ese día -vaya a saber cómo y con qué medidas de precaución y apoyo- que tomaría la custodia del menor. La explicación que hicieron trascender en los medios era que la mujer se encontraría en “situación de calle”, algo que no tiene nada que ver con la condición de una persona migrante que intenta cruzar a Chile para encontrarse con el padre de su bebé.
Este anuncio del OAL provocó una reacción desesperada en esta mujer que, aterrorizada, intentó recuperar a su bebé en el Hospital, pensando que la separarían de él. En un país en el que no conoce y cuyo idioma no comprende. Lo que siguió fue dramático: forcejeos, heridas en una (al menos) médica, policías provinciales llevándola de los pelos y a los gritos por el hospital.
La ministra de Salud, Elizabeth Crescitelli, justificó al otro día los procedimientos llevados adelante e hizo declaraciones exponiendo públicamente enfermedades que tendrían ella y el niño, revictimizando a ambos públicamente. Distintos medios de comunicación -con honrosas excepciones que en situaciones como éstas son más valiosas y valerosas que nunca- le dieron a este relato una forma aún más estigmatizante haciendo correr todo tipo de versiones falaces en las cuales la mujer se habría convertido en una “atacante”, que estaba “apretando” a su bebé… No se privaron de nada, hubo “periodismo de guerra” contra una mujer ultrajada por el Estado argentino y mendocino.
Pero la verdad no tardó en ir saliendo a la luz. Las redes sociales permitieron que se difundiera un video filmado por otros pacientes que se encontraban en el hospital y vieron el brutal maltrato de dos efectivos de la policía de Mendoza contra esta mujer. Muchos mendocinos no miraron para otro lado! Y el video no tardó en viralizarse, hasta que los medios comenzaron a darle difusión también. Ni el Ministro de Seguridad, ni ningún representante del Gobierno provincial salieron a repudiar las inhumanas imágenes mostradas en el video. Incomprensiblemente, la Directora de Derechos Humanos de la provincia, dijo este sábado que “se actuó bien” al trasladarla a otro hospital.
Lejos de ser una mujer “en condición de calle” a la que “se le venció la visa”, según el relato de los funcionarios del gobierno mendocino, esta mujer se convirtió en una rehén del decreto discriminatorio e inconstitucional del ministro Frigerio, que le impidió poder cruzar a Chile y la dejó en una situación de completo desamparo en nuestro país.
El primer responsable político de esta situación es el Gobierno Nacional que como parte de su campaña xenófoba contra los migrantes emitió dos resoluciones inconstitucionales contra los migrantes haitianos que llegan o pasan por nuestro país. El memorándum 192/18 de Migraciones y la resolución 477/2018 del ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a cargo de Rogelio Frigerio, que decidió "excluir del Anexo I de la Resolución N° 189/95 del entonces Ministerio del Interior y sus modificatorias a la República de Haití a los fines de que los nacionales de dicho país cumplan con el requisito de visación consular de la República Argentina".
Estos decretos contra la República de Haití no pueden ser más perversos viniendo de una Estado que participó con tropas de ocupación a la MINUSTAH durante 13 años y que mantiene en ese país efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina cumpliendo tareas de ocupación y represión social en la MINUSJUTH. Una misión falsamente “humanitaria” utilizada como experimentos de represión urbana, que causó estragos en la población introdujendo además una epidemia de cólera por la que murieron 10 mil personas y 800 mil resultaron infectadas por un brote que comenzó en un campamento de tropas de esta misión.
“¿Qué dirían Uds. si vuestro país fuera invadido durante 13 años, los ocupantes fueran introductores del cólera, la población reprimida y se multiplicaran denuncias por violaciones a niños y mujeres? Pero el mundo está loco porque sigue llamando a ésta agresión militar y humana como una ‘misión pacificadora’?” denunciaba el año pasado el músico haitiano Kebert Bastien (Nodal, 17 marzo de 2017)
Lejos de ser una mujer “en condición de calle” a la que “se le venció la visa”, según el relato de los funcionarios del gobierno mendocino, esta mujer se convirtió en una rehén del decreto discriminatorio e inconstitucional del ministro Frigerio, que le impidió poder cruzar a Chile y la dejó en una situación de completo desamparo en nuestro país.
Nuestra provincia no cuenta con ningún refugio público para migrantes o refugiados. Y los mismos recalan muchas veces en un refugio de noche controlado por curas de la iglesia Católica. En la Comisión de Derecho y Garantías de la Cámara de Diputados recibimos denuncias en el 2017 por los tratos allí recibidos y cuando le exigimos al poder ejecutivo que tome medidas sólo respondieron con excusas y “que verían qué se puede hacer”.
Por todo lo sucedido denunciamos penalmente a los funcionarios políticos responsables por acción u omisión en los maltratos a esta mujer, y le exigimos al gobierno provincial que ponga todos los recursos necesarios para garantizar el acceso a la salud, la justicia, la libre migración y la protección consentida de la integridad a esta madre y su bebé.
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Necesitamos impulsar una gran campaña en solidaridad con las víctimas de la xenofobia en cada lugar de trabajo y estudio. Exigir el inmediato retiro la GNA y cualquier fuerza militar o de seguridad interna en Haití y la anulación de los decretos anti-migratorios contra estas naciones hermanas. Y combatir el veneno de la discriminación a nuestros hermanos migrantes, que hoy se expande por el mundo como combustible para demagogos que se proponen gobernar esta nueva etapa de la crisis capitalista creando enemigos entre los más vulnerables y castigados por un sistema social podrido que está convirtiendo las fronteras en campos de concentración a lo largo y ancho del mundo.
