Derecho al aborto. Qué plantea el proyecto de aborto legal que presentó el Gobierno

Como proponía ya el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el texto enviado este martes por el Poder Ejecutivo establece que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) será viable, en todos los casos, ante la sola solicitud de “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”, hasta la semana 14.

En los casos de violación, peligro de vida y/o de salud, ese plazo se prolonga. Así, luego de las 14 semanas, las causales que ya establece el Código Penal en su artículo 86, desde 1921, se mantienen para garantizar el acceso a la actualmente denominada Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El proyecto, que podés leer completo abajo, establece también la inclusión de la práctica en el Plan Médico Obligatorio, de manera que las obras sociales, sistemas de salud y prepagas deberían garantizarla de manera gratuita y obligatoria en todo el país. Además, reconoce los derechos de menores de 13 años a solicitar la IVE con consentimiento informado y "asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal”, y admite que entre los 13 y 16 años se presume que la persona tiene la "aptitud y madurez" para decidir la interrupción, como también sostiene el proyecto de la Campaña.

Podés leer: Aborto legal: claves sobre el debate que se viene en el Congreso

Desde las cúpulas de las Iglesias católica y evangélica ponen el grito en el cielo. Mientras el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, convoca a una celebración por el Día de la Libertad de Religiones en la Catedral metropolitana, el próximo 25 de noviembre (nada menos que el Día de lucha contra la violencia de género), las cúpulas evangélicas y los grupos antiderechos llaman a marchar “por las dos vidas” el próximo sábado 28 de noviembre, en contra del aborto legal.

En esta nota indagamos en las diferencias que hay entre los proyectos que estarán en debate y te invitamos a acompañarnos en esta reflexión: ¿cómo hacer para que en 2020 el aborto sea ley?

Diferencias en los días

Mientras que el proyecto presentado por la Campaña (así como la media sanción conquistada en 2018) establece ya desde su primera elaboración (2007), el plazo de 5 días desde el momento de la solicitud para acceder a la interrupción, el proyecto que envió el gobierno nacional establece que ese pedido tiene que resolverse en 10 días corridos y no 5, prolongando la espera.

Las consecuencias que esto pueda tener sobre las personas solicitantes, cuando ya es sabido el lobby que ejercen los sectores antiderechos para impedir en muchísimos casos que la práctica se realice, es algo que por estas horas preocupa a varias organizaciones que se encuentran en estudio del tema.

Penas

El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto no establece pena para la persona que decide practicarse una interrupción del embarazo luego de las 14 semanas. Sin embargo, la media sanción que se impuso en Diputados, así como el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sí lo hacen. En el caso del texto aprobado en 2018, y luego rechazado en el Senado, la pena establecida era de 3 meses a 1 año de prisión pasada la semana 15 de gestación. En el caso del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo esa pena se mantiene pasada la semana 14.

Aunque sectores del feminismo vinculado al gobierno nacional plantean que ésta no es una diferencia sustancial, este artículo, que se impuso ya en 2018, aunque establece penas que incluso podrían ser excarcelables, tiene un efecto social y político claro, que es el de mantener la criminalización y la penalización, o la amenaza de ello. Las consecuencias, además de subjetivas, por supuesto, pueden ser materiales, ya que una pena como esta significará por ejemplo un antecedente penal que podrá jugar en contra del acceso a otros derechos, como (por caso) el trabajo.

Podés leer: Derecho al aborto: la izquierda pidió que los ministerios informen sobre la clandestinidad

Objeción de Conciencia

El proyecto de la Campaña no establece objeción de conciencia de ningún tipo. Sin embargo, el antecedente de 2018, con la media sanción de Diputados, también sentó las bases para que este tema se incorpore al proyecto del Ejecutivo.

Mientras que la media sanción del 2018 establecía la objeción de conciencia a nivel personal, pero la prohibía a nivel institucional y de ideario -de manera que el establecimiento de salud debía garantizar la práctica-, el proyecto que este martes envió Alberto Fernández habilita la objeción de conciencia en general y no establece que sea propia institución la que deba garantizar la práctica, sino solamente que el/la profesional debe garantizar la "derivación", actuando "de buena fe" y a sabiendas que no hacerlo podría significar sanciones.

Podés leer: Derecho al aborto: las promesas no salvan vidas

Como ya mostraron otras experiencias, en muchos lugares esta figura limita y hasta impide el acceso a la interrupción, con mayores costos para las más jóvenes y pobres. Un ejemplo claro es Uruguay, donde hay departamentos enteros con profesionales que se declararon objetores, lo que impone a la persona la obligación de viajar largas distancias, hasta regiones y hospitales que sí garanticen el derecho, a pagar las altas cifras que cuesta realizarlo de manera clandestina, y/o a morir en el intento.

El proyecto del Ejecutivo, que incorpora la objeción, parece dejar así un alerta que preocupa a sectores del movimiento, ya que tampoco establece la responsabilidad de la institución para garantizar el acceso a este derecho cuando hay miembros objetores.

Derechos protegidos

Otros aspectos que por estas horas estudian las organizaciones tienen que ver con los derechos protegidos. Mientras el proyecto de la Campaña plantea que hay que garantizar el derecho al aborto “sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía”, ni la media sanción de 2018 ni el proyecto del Poder Ejecutivo hacen referencia al tema. Antecedentes como los de niñas wichis violadas en Salta, como los de mujeres inmigrantes que no han podido acceder siquiera a la interrupción legal del embarazo (ILE), ameritan esa preocupación que, seguramente, también se cuele en el debate que se abriría en diputado el mes entrante.

Educación Sexual Integral

Un aspecto destacado del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es que propone la incorporación del tema en los contenidos educativos. Algo tan elemental y tan sentido que motivó la creación de una red de trabajadoras de la educación de todo el país que abogan por el tema. Sin embargo, ni la media sanción de 2018 ni el proyecto propuesto por el gobierno nacional incorporan el tema.

Podés leer: Bregman: "Para que no vuelvan a arrebatarnos el derecho al aborto hay que estar en la calle"

Laicidad

Del mismo modo, la información laica que debe recibir la persona que solicita el acceso a la interrupción, presente en el proyecto de la Campaña, también es omitida en el texto del Ejecutivo. Y aunque parezcan detalles, no lo son, porque como denuncian las organizaciones de mujeres, justamente el poder de las cúpulas clericales y los grupos antiderechos se expresa, y mucho, en el terreno de la educación y del acceso a la salud.

Como se alertaba ya en 2018, sin clarificaciones respecto a los alcances de la "objeción de conciencia", este también podría ser un argumento para negarse a practicar un aborto en un hospital, aduciendo razones morales o religiosas; a dar clases sobre educación sexual integral en las escuelas; a negarse a brindar información científica. Por eso también se espera que quienes apoyan este reclamo en el Congreso, propongan su incorporación.

La movilización en las calles, nuestra mejor herramienta

Las voces a favor de la legalización y la despenalización del aborto se escucharon en las interminables audiencias públicas de 2018 en el Congreso, donde quedó más que claro que la legalización del aborto se debatirá en el parlamento pero se ganará en las calles. Allí es donde está planteado volver a hacer oír el reclamo de las miles de personas que exigen que se garantice este derecho, así como la inmediata separación de las Iglesias del Estado.

Este miércoles, como desde el primer día, desde el PTS en el Frente de Izquierda y desde la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas estaremos en las calles, a las 18 horas, frente al Congreso Nacional, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para exigir que sea ley y que sea ahora, sin más dilaciones.

Con todas las medidas de cuidado, pero con toda nuestra fuerza y desplegando nuestra propia alianza, confiando en nuestra propia movilización independiente de todos los sectores que garantizan nuestra situación de opresión, allí es donde tenemos que estar, para que esta vez, verdaderamente, el aborto sea ley.

Ley - Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo by La Izquierda Diario on Scribd