Vivienda. ¿Qué puede pasar con los alquileres? El debate en el Congreso entre el lobby inmobiliario

La Cámara de Diputados dio inicio este martes al debate en la comisión de Legislación General con el objetivo de modificar la Ley de Alquileres. Hay apuro entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que están cediendo al lobby de las inmobiliarias para hacer una ley más perjudicial para las y los inquilinos de todo el país. Se estableció que el 12, 19 y 20 de abril se realicen reuniones informativas con exposiciones de las distintas organizaciones afectadas, y que el 26 y 27 de abril sea el debate de diputados para intentar llegar a un dictamen común que llegue al recinto para obtener media sanción. Luego deberá pasar al Senado.

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¿Cuál es el pedido de las grandes inmobiliarias?

A través de un documento presentado a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados del Frente de Todos, el lobby inmobiliario plantea volver al sistema de contratos por dos años, liberar los precios sin ninguna restricción ni índice y rechazan cualquier impuesto a la vivienda ociosa. El documento fue firmado por el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), una entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, y por más de 30 cámaras y colegios inmobiliarios.

Desde Juntos por el Cambio se hicieron eco de estos reclamos, y presentaron distintos proyectos donde además suman otros puntos: que la actualización de alquileres sea haga cada 6 meses en vez de cada 1 año, acortar los plazos para hacer desalojos e incluso agregan beneficios impositivos para propietarios. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de Alberto Assef de Juntos por el Cambio.

La Ley de Alquileres (Nº 27.551) que rige actualmente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, y se terminó de sancionar por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. En la misma se establece un período de contratos por 3 años, que las actualizaciones sean cada 1 año y se hagan de acuerdo al índice de alquileres (50 % por el Índice de Precios al Consumidor, y 50 % por la variación de salarios RIPTE), entre otros puntos que respondían a los reclamos de agrupaciones de inquilinos. Esto es lo que hoy quieren modificar, aunque las grandes inmobiliarias ya venían actuando de forma extorsiva reduciendo la oferta de propiedades para alquilar y sumando presión a los precios de los nuevos contratos. Se calcula que hay alrededor de 2 millones de viviendas ociosas en Argentina, y 3,8 millones de familias con problemas habitacionales.

El reclamo de inquilinos

Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados estuvo presente en la Comisión de Legislación General de este martes y habló con La Izquierda Diario. Explicó que el documento de las grandes inmobiliarias a Sergio Massa “Plantean que el Estado no se tienen que meter más” y que “Massa intenta gobernar con Juntos por el Cambio y es capaz de generar consenso con ellos y no con los inquilinos”. Denunció que hay una campaña de desinformación en los medios de comunicación “que dicen que van a legislar para que los alquileres estén más baratos, y que si el Estado no se mete eso nos va a hacer vivir mejor. Es como que digan: si quitamos el aguinaldo, el derecho a las vacaciones, sacamos el límite de 8 horas, va a haber más trabajo. La historia demostró otra cosa”.

Muñoz contó que desde Inquilinos Agrupados van a participar del debate en Diputados y van a defender la actual Ley de Alquileres, aunque también señalando las críticas al accionar del gobierno que no garantizó que se cumplan algunos de sus artículos. “Vamos a plantear todo lo que sucedió en estos dos años de vigencia de la Ley, donde el Estado no hizo absolutamente nada. Vamos a pedir que participe la AFIP para que nos diga qué hizo en estos dos años para registrar los contratos de alquiler. Vamos a pedir que participe el Ministro de Hábitat para que nos digan qué hicieron en estos dos años”. Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat no estuvo presente en la comisión.

¿Cómo operó el lobby inmobiliario?

Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados evaluó que la carta del mercado inmobiliario fue un mensaje a Sergio Massa para decirle “teníamos un acuerdo, respetalo”, y sentar posición contra los proyectos que plantean poner un impuesto a la vivienda ociosa como los de José Luis Gioja y Gisela Marziotta del oficialismo. Muñoz explicó que la decisión de tratar la Ley de Alquileres solo en la Comisión de Legislación General es para que no se pongan en discusión los artículos que proponen un impuesto a la vivienda ociosa de esos proyectos. Esta forma de hacer el debate parlamentario fue con el acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, encabezado por Sergio Massa. El presidente de Inquilinos Agrupados agregó que “Desde 1984 al 2015 hubo una ley que permitía a las provincias llevar adelante un impuesto a la vivienda vacía y ningún gobernador lo hizo”. La extorsión para terminar con la actual Ley de Alquileres corrió también de parte de Juntos por el Cambio: amenazaron con pedir una sesión especial para derogarla. Desde entonces impusieron los ejes y términos del debate, como voceros del lobby inmobiliario.

¿Qué propone la izquierda?

Nicolás del Caño y Romina del Plá, diputados del Frente de Izquierda estuvieron presentes en la comisión. Del Caño habló con La Izquierda Diario y explicó que proponen un enfoque global para el derecho a la vivienda, empezando por “un plan de obras públicas para viviendas, destinando recursos a eso y no a pagarle al FMI, junto a impuestos a la vivienda ociosa y expropiando a los grandes grupos inmobiliarios que se dedican a la especulación contra un derecho elemental de acceso a la vivienda que está en la Constitución”. Recordó el caso de la toma de tierras en Guernica, donde las familias sin techo reclamaban por un plan de vivienda, mientras el gobierno de Axel Kicillof las desalojó con represión para hacer un barrio privado con canchas de golf y piletas artificiales. Agregó que “un plan de viviendas garantizando líneas de crédito barato, con tasas subsidiadas, para refacción o acceder a comprar una vivienda, son medidas que además permitirían impulsar el empleo, en el marco de una profunda crisis social y económica”.

El próximo martes continuará el debate en Diputados sobre una problemática que afecta a millones de personas. Está el desafío de hacerse escuchar con fuerza y organización para que prevalezcan los intereses de las mayorías trabajadoras. Porque en la rosca del Congreso la única voz que escuchan desde la política tradicional, es la del lobby inmobiliario.